Luego de la reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, los delegados de la IX marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) lograron que el diplomático se comprometa a buscar un diálogo con el Gobierno para que los escuche.

El compromiso se logró, según Rafael Quispe, ex dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq), después de que los marchistas denunciaran que el Gobierno vulnera los derechos de los pueblos indígenas y explicaran que el Ejecutivo tergiversa la información sobre la demanda del TIPNIS.

“Insulza se ha comprometido a hacer gestiones para lograr un diálogo concertado porque él (el secretario general) está consciente de la vulneración de los derechos humanos que existen en Bolivia. Se supone que está en su conciencia, es por eso que va a viabilizar un diálogo”, afirmó tras salir de la reunión ayer en Tiquipaya, donde se realiza la 42 Asamblea de la OEA.

Según el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez, otro de los miembros de la delegación de marchistas que recibió Insulza, se entregó documentación de la problemática de este territorio, donde el Gobierno quiere construir una vía entre San Ignacio de Moxos y Villa Tunari para vincular los departamentos de Beni y Cochabamba, atravesando el núcleo del Isiboro Sécure.

Chávez dijo que se presentó documentación que demuestra que es posible construir una vía fuera del TIPNIS. Los marchistas pidieron otra reunión exclusiva con Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para presentar textos y explicar técnicamente que se puede construir una carretera que no afecte el centro del TIPNIS.

El diputado Pedro Nuni dijo que los marchistas salieron confiados en el compromiso de Insulza para lograr una solución a sus demandas, luego de más de un mes de marcha. “Tenemos fe que vamos a superar esta situación. Nosotros sólo queremos respeto, no queremos desestabilizar a ningún gobierno democrático, pero queremos que sea sensible con los derechos de los pueblos indígenas”.

Quispe dijo que si de aquí en adelante ocurre algo similar que la represión de Chaparina (Beni) el 25 de septiembre pasado, “no sólo será responsable este Gobierno, sino va a ser responsable el propio secretario general”.

Indicó también que Insulza va a pedir nueva información al Gobierno sobre el problema, ya que cree que ha sido mal informado por autoridades ejecutivas.

El sábado, los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se entrevistaron con Insulza, donde minimizaron la IX marcha y dijeron que el proceso de cambio que impulsa el Gobierno avanzó en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, como millones de hectáreas de tierras saneadas, representación política, autonomía indígena, créditos concesionales y proyectos de gestión.

Quintana denunció el saqueo de ese territorio por parte de algunos dirigentes indígenas que ahora están en la IX marcha y que existían “profundas disparidades” de estos dirigentes que se oponen a que el desarrollo llegue a los pueblos indígenas. Una decena de comunarios del Conisur llegó también el sábado hasta el hotel Regina, donde se realiza la reunión de cancilleres de la OEA, ataviados con tipoy.

Almaraz: La OEA no los apoyará

El ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz dijo ayer al programa Hagamos Democracia, de la red ERBOL, que hay pocas esperanzas de que los reclamos de la marcha indígena deriven en una resolución de apoyo de la 42 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Tiquipaya, Cochabamba.

La ex autoridad sostuvo que hay una actitud contraria del Gobierno de Evo Morales para que ello prospere, además que las resoluciones que se aprueban en este tipo de eventos se los concretan con la debida anticipación.

“Lo que se tiene que aprovechar de este escenario es que el Gobierno boliviano sepa que hay una deuda con los indígenas. También se puede aprovechar el contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se interiorice en detalle de la demanda”, manifestó Almaraz.