Debido a que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que obliga al Gobierno con los indígenas, concertar la consulta “previa”, aún no se ha cumplido, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, llamó ayer a las autoridades a que pospongan la realización de ese proceso que se desea realizar a las comunidades del TIPNIS desde el 29 de julio.

¿Qué falta para que la consulta “previa” del Gobierno se realice con la anuencia de los indígenas?

Falta voluntad política, en sujeción a la sentencia del TC. Simplemente hay una cerrazón. Pareciera ser que al Gobierno le interesa valorar sólo su posición, basado en la legalidad.

Pero al tener pueblos indígenas divididos en el parque y de otros pueblos, enfrentados por el mismo proyecto de construcción de la carretera, está creando un clima de mayor polarización y enfrentamiento entre pueblos indígenas. Éste es un tema que el Gobierno tendrá que tomar en cuenta para que esta legalidad en la que están trabajando ahora, también esté acompañada por alguna legitimidad.

El Gobierno ya se ha reunido con corregidores y representantes de subcentrales. Con esto, ¿el Ejecutivo ya puede ingresar al TIPNIS para ejecutar la consulta?

Todavía no ha cumplido con la sentencia del TC. Hay una interpretación global de lo que dice el espíritu de la sentencia del Tribunal pero en cuanto a los instrumentos para que se apliquen, no los está tomando en cuenta.

Es decir, ¿no hay ninguna concertación todavía?

Las condiciones subjetivas están realmente en una situación delicada porque tenemos un escenario de polarización entre pueblos indígenas, de enfrentamientos, pero también de polarización entre pueblos indígenas y las medidas que va a tomar el Ejecutivo para ingresar muy pronto al parque a efectos de hacer la consulta previa. Será cuestión de bajar los ánimos, ver el tema con más objetividad, racionalidad y posponer la consulta para otra fecha. Habrá que trabajar todo ese escenario. De insistir en la temática podría crear situaciones mucho más difíciles que la que se han vivido en La Paz.

¿Está sugiriendo paralizar la consulta “previa”?

Todavía no se tendría por qué hacerla. Primero, hay que ir trabajando todas las recomendaciones y orientaciones que da el tribunal para que se pueda continuar en la perspectivas de superar este problema.

El Gobierno dice que la IX marcha ha sido un fracaso y se debilitaron sus dirigencias. ¿Qué opina al respecto?

Si es que ha sido un fracaso, es una lectura del Gobierno. Pero también hay que decir que instancias del Gobierno estarían implicadas en ese fracaso, porque esta marcha mucho más que la anterior, habría sido hostigada de manera sistemática. Si se puede decir que la marcha ha fracasado, es porque también el Gobierno ha fracasado en su capacidad de haber enfrentado el tema oportunamente.

Pero pareciera que el Gobierno da por saldado el problema con los indígenas'

No es cuestión de decir que ha sido un fracaso desde un principio. ¿Dónde estuvo la capacidad de gestión en el manejo de conflictos del Gobierno? El tema del TIPNIS sigue siendo un tema no resuelto y esa resolución del tema pasa por una decisión política del Gobierno.

Las autoridades han manifestado que continuarán con la consulta en el TIPNIS...

Nos preocupa por lo que va a pasar si las medidas tomadas para aplicar la consulta previa, en torno a la carretera, se realizan.

Los indígenas anunciaron que formalizarán una denuncia de acción popular contra el Gobierno. ¿Será una salida?

La acción popular es otra de las vías constitucionales con que se podría apelar a las decisiones del Gobierno. Es otro recurso jurídico que permite que pueblos indígenas, frente a una situación, puedan hacer uso del recurso.

Gobierno dice que la IX marcha pudo provocar crisis de Estado

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró ayer que la IX marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) podía haber provocado una crisis de Estado, aunque reconoció que ésta se debilitó y la calificó como una movilización fracasada desde su inicio.

La autoridad explicó que en las últimas semanas se generó un conjunto de conflictos que fue administrado por las autoridades de Gobierno para que no pusieran en riesgo la gobernabilidad del país.

“Creo que la única movilización que podía provocar una crisis de Estado, que es una estrategia política de la oposición y sobre todo de los sectores conservadores, era la movilización de los indígenas de la IX marcha. Pero esa movilización, ustedes han visto los resultados en qué ha terminado y cómo se ha ido debilitando y aislando por sí misma en el camino, por una falta de comprensión de la dinámica indígena de tierras bajas”, evaluó el ministro Romero.

La autoridad expresó que la IX marcha desde su inicio estuvo destinada al fracaso, ya que la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que encabezó la caminata desde Trinidad, no escuchó a las 11 de sus 13 organizaciones regionales afiliadas que no estuvieron de acuerdo con la caminata.

“Como hay dirigentes que actúan con soberbia, tratando de imponer sus decisiones, esas afiliadas no participan de la movilización y la marcha nace destinada al fracaso. Ya no se puede decir que era una marcha de indígenas, sino de un grupo articulado a Adolfo Chávez, Bertha Bejarano y la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CEPSC), donde se utilizan mujeres y niños para sensibilizar a la población”, sostuvo.

El 2 de julio pasado, el presidente Evo Morales vinculó la IX marcha indígena con el motín policial que exigía una mejora salarial. Aseguró que ambos sectores estaban organizando un golpe de Estado, liderados por partidos políticos de la derecha.

Inclusive, el vicepresidente Álvaro García Linera llegó a describir seis indicios que revelaban los intentos golpistas, como la deliberación policial, las tomas de instituciones, la paralización del funcionamiento de las estructuras de Gobierno, los ataques a la estructura democrática del país, la parálisis del sistema financiero y los ataques a los medios de información.

En ese mismo momento el ex dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Filemón Escóbar, quien apoyó la llegada de la IX marcha a La Paz, contestó que “esas acusaciones son ‘cojudeces’ de Evo y de Linera” y que ambos “no tenían ni idea” de lo que es un golpe de Estado.

Consulta “previa”

Por otro lado, Romero considera lejano el riesgo de posibles enfrentamientos en las comunidades del TIPNIS cuando se empiece a ejecutar la consulta “previa” desde el 29 de julio.

“Salvo que haya algún agente externo que tenga un plan malicioso de generar violencia en el TIPNIS. Yo le garantizo que no hay escenarios de resistencia. Es simplemente un discurso político de alguien que está extraviado en el proceso histórico”, dijo.

Los comunarios de ese parque advirtieron con no dejar ingresar a funcionarios públicos para que se realice la consulta. Indicaron que iban a instalar “murallas humanas” y alambrar los accesos a las poblaciones originarias.

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, lamentó los anuncios realizados en los últimos días y pidió escuchar al 90% de los pobladores que quieren que se desarrolle el proceso.

“El traslado de la violencia sería responsabilidad de grupos interesados y no de los indígenas. Los marchistas de TIPNIS son gente pacífica”, declaró la autoridad gubernamental.

IX marcha pide no bajar los brazos

La IX marcha indígena en defensa del TIPNIS redactó un documento de despedida en su último día en la ciudad de La Paz, después de declarar la desmovilización de su gente e instruir el regreso a sus comunidades para resistir el proceso de la consulta.

Piden a los bolivianos que no bajen los brazos y le ayuden en su “batalla contra quienes quieren chupar a toda costa la sangre de nuestra Madre Tierra”.

Denuncia que el Gobierno del presidente Evo Morales está burlando el derecho a la consulta y que profundizará, en el corto plazo, la aplicación de un modelo extractivista que supondrá altos costos sociales y ambientales para el país y los indígenas.

Advierte que por las políticas gubernamentales y los compromisos con las grandes corporaciones transnacionales y grupos sociales, como cocaleros y campesinos, se va a profundizar en un corto plazo el modelo de desarrollo extractivista y capitalista.

Están seguros que el Gobierno distorsionará el derecho de la consulta previa con el objetivo de aprobar y viabilizar las medidas, proyectos, actividades y obras de gran escala, envergadura y extractivos en todos los territorios indígenas originarios.

“Creo que la única movilización que podía provocar una crisis de Estado era la movilización de los indígenas de la IX marcha”.