Los indígenas de la IX marcha en defensa del TIPNIS interpusieron ayer ante el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca un recurso de amparo constitucional con el fin de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspenda el inicio de la consulta “previa”, previsto para el domingo.

El documento de 40 páginas justifica la acción en sentido de que los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral no cumplieron hasta ahora la sentencia constitucional 0300/2012 del 18 de junio pasado, emitido por el TCP y que manda al Gobierno concertar con los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para proseguir con la consulta previa que definirá la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el medio de ese parque.

El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, afirmó que “estamos pidiendo que se tenga que paralizar la consulta porque el Gobierno ha violado la sentencia del tribunal y no ha cumplido nada”.

El recurso de amparo constitucional “solicita como medidas cautelares a dictarse de inmediato y con motivo de la audiencia del presente recurso, se ordene la suspensión de la ‘consulta’ gubernamental, de acuerdo a las previsiones establecidas en la sentencia constitucional (...) de 18 de junio de 2012”.

La demanda fue presentada contra los ministros Vladimir Sánchez, de Obras Públicas; Felipe Quispe Quenta, de Medio Ambiente; Luis Arce Catacora, de Economía; y Amanda Dávila, de Comunicación; identificados como las autoridades encargadas de hacer efectivo el “precipitado fallo” y que rechazaron públicamente concertar con los dirigentes indígenas que participaron de la IX marcha.

También fue requerida la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño (MAS), y de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), por haber ratificado la fecha de la consulta.

Asimismo están interpelados el presidente y todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por convalidar el protocolo de la consulta “previa”.

Hasta ahora, el Gobierno del presidente Evo Morales concertó solamente con 45 de 69 comunidades, aunque -según denunciaron dirigente de la IX marcha- los acuerdos fueron realizados con corregidores afines al MAS y designados por el Ejecutivo.

Tutela solicitada

-  Concertación El amparo pide el cumplimiento de la concertación que establece el fallo del TCP.

-  Reconocimiento Piden reconocer a las autoridades indígenas legítimamente elegidas para la consulta.

-  Acuerdo Exigen reconocer las estructuras organizativas de los tres pueblos que habitan el TIPNIS.

-  Expresión Piden reconocer el derecho a la libre expresión y libre tránsito.

Participarán desde los 16 años

Adolescentes, desde los 16 años, serán parte del proceso de consulta respecto al proyecto gubernamental de construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el medio del TIPNIS, según informó el diputado especial del pueblo yuracaré, Eleuterio Guzmán (MAS).

El Gobierno prevé iniciar el proceso de consulta dentro de la reserva natural y territorio indígena el próximo 29 de julio.

Sin embargo, la dirigencia indígena advirtió que resistirá el proceso al interior del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y activó acciones legales con un reciente recurso de amparo constitucional.

“Nosotros por usos y costumbres, como yuracarés, mojeños y trinitarios, participamos a partir de los 16 años pese a que la ley nos dice 18 años.

Por usos y costumbres, a los 16 años ya se tiene concubina, esposos e incluso hijos, por lo que ya se tienen derechos, voz y voto”, afirmó el legislador indígena a la agencia ANF.

De acuerdo con el parlamentario, cerca de 11.000 indígenas son los que serán parte de la consulta respecto a la obra vial que debería unir el Chapare cochabambino con la provincia Moxos del Beni.

La consulta “previa” se realizará a 69 comunidades de esa reserva ecológica y, según el ministro Vladimir Sánchez, durante estos días pueden identificarse más poblaciones.

Periodistas de La Paz piden posponer la consulta

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, pidió postergar la consulta “previa” que establece la Ley 222 por ser inconstitucional y atentatoria contra el derecho a la libre información.

“El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece un consenso donde todos deberían sentirse satisfechos. Con la concertación se estaría eliminando este consenso. Por ello, creemos que se debe postergar la consulta para mejorar el mecanismo de su implementación”, dijo Vargas.

Más adelante, señaló que la Ley 222 que autoriza la realización de este proceso “es imperfecta, absolutamente inconstitucional y vulnera la Constitución Política del Estado”.

Expresó, por ejemplo, que en el protocolo de la consulta se sugiere a los periodistas que la información sea absolutamente limpia de cualquier interés, pero a su vez, este interés “está condicionado a una posición previa” del Gobierno sobre el TIPNIS.

“Toda información que se difunda en esta etapa (de consulta) debe coadyuvar en la generación de confianza mutua. Se prohíbe la difusión de mensajes agresivos que atenten contra el clima de confianza entre los sujetos e información que pretenda inducir decisiones en relación al proceso de consulta previa”, señala una de las partes de la propuesta de protocolo que es socializada por el Órgano Ejecutivo.

El viernes, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, explicó que ese acápite dentro del protocolo de la consulta que fue socializada hace dos semanas, habría sido modificado.

“El primer borrador del protocolo ha sido mejorado y actualizado. Una de las cosas que se ha eliminado es esa redacción”, manifestó la autoridad en una conferencia de prensa, aunque no presentó la prueba.

El sector mediático rechazó la semana pasada el interés del Gobierno y se manifestó en contra “de todo control previo” por considerarlo una censura. (M.M.)

Tribunal Electoral no validará resultados de consulta “previa”

La consulta “previa” que ejecutará el Gobierno dentro de tres días en el TIPNIS no será observada por organismos internacionales y la única institución que estará junto al proceso, Tribunal Supremo Electoral (TSE), anticipó que no validará los resultados de esa consulta, sino asumirá una labor de acompañamiento.

Hasta ayer, ni la ONU ni la OEA confirmaron su presencia en la primera consulta previa que se realizará en territorio boliviano.

Galo Bonifaz, diputado del MAS, admitió ayer que las invitaciones a las entidades internacionales fueron enviadas oficialmente recién el martes.

“El fin de semana el Gobierno ya envió la invitación, mediante una conferencia de prensa, a los organismos internacionales, pero el martes oficialmente, vía la Cancillería se ha vuelto a invitar a estos organismos como la OEA (Organización de los Estados Americanos), Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el defensor del Pueblo para que participen (en la consulta)”, declaró.

Justificó esta tardanza en que como la Ley 222, que autoriza la consulta en el TIPNIS, ya fue aprobada, estas entidades ya deberían tener conocimiento de este evento y “simplemente estaban esperando la invitación”.

Ayer, desde la Cancillería afirmaron que desconocían aún si ya se enviaron las invitaciones o si hay confirmaciones.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, criticó que el Gobierno los haya invitado a través de medios de comunicación y que le llama la atención que estos funcionarios no estén observando “la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la consulta”.

Entre tanto, el presidente del TSE, Wilfredo Ovando, dijo a Página Siete que su personal se capacita para registrar y documentar a través de grabaciones y fotografías, las actividades que realicen los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de Medio Ambiente durante la realización de la consulta.

“Una vez termine el trabajo, elaboraremos un informe que reflejará lo que acontecerá en el proceso. Nosotros no haremos calificaciones ni valoraciones, menos vamos a ratificar o convalidar la consulta. No hay ninguna instancia externa o superior facultada para validarla. Serán los propios pueblos que tomarán las decisiones”, afirmó.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, ratificó ayer que la consulta comenzará en la comunidad de Oromomo con un acto oficial el domingo al mediodía.

“Es una solicitud de las comunidades. No hay posibilidad de suspenderse. Hemos trabajado en el consenso en más del 80%, aunque algunas comunidades han asumido posiciones políticas”, sostuvo la autoridad.

Para la senadora Rhina Aguirre, del MAS, “es natural” que no todos estén de acuerdo y aseguró que “con o sin la participación de la OEA” o de otros organismos internacionales, la consulta “previa” se llevará adelante en un clima de amenazas de una posible resistencia en el parque.

El protocolo aún no fue concluido

La última versión del protocolo o las reglas de juego de la consulta “previa” será publicado recién el sábado 28, un día antes del inicio del proceso en el TIPNIS.

El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, dice que en esta fecha se terminará de concertar ese documento con la mayoría de las comunidades interesadas en participar en la consulta.

“El protocolo es un documento flexible y ágil; nosotros vamos a continuar intentando consensuar con el resto de las comunidades que nos quedan dentro del TIPNIS. Tenemos hasta el sábado para concertar y vamos a tener un cierre (del protocolo) hasta ese día”.

Explicó que ese protocolo aún está “en ajuste”, donde todavía se podrá incorporar “algunas nuevas metodologías e identificar otras comunidades” de las 69 incluidas para el proceso consultivo.

Sánchez añadió que el protocolo, tal como se ha planteado, y como la experiencia internacional enseña, se trata de un “documento vivo y flexible”, que dentro de un diálogo intercultural se va adaptando a los distintos pueblos y a sus usos y costumbres.

La consulta se realizará desde el 29 de julio y esta actividad, que se prolongará por cerca de 40 días, comenzará en la comunidad de Oromomo, al noroeste del TIPNIS, donde se prepara un acto oficial con la participación de autoridades de Gobierno.

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