Aunque la consulta sea la vía elegida para lograr que la carretera Cochabamba - Beni atraviese el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) de todos modos puede derivar en imposiciones de las autoridades y en demandas internacionales, desde el punto de vista de investigadores de la Fundación Tierra que ayer presentaron el libro Territorios Indígena Originario Campesinos en Bolivia.

El investigador Gonzalo Colque asegura que debe existir un procedimiento y una norma para ver cómo aplicar la consuta y qué pasos se deben seguir para evitar problemas y tensiones. Por tanto el derecho a la consulta “no es sinónimo del veto de los pueblos indígenas a un proyecto de este tipo”.

Por un lado, en semanas pasadas el mismo presidente Evo Morales manifestó que el camino al Beni se construirá “sí o sí”, así lo ratificó anoche el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, y también llamó al diálogo.

Para el especialista esta situación podría darse con el argumento de que el Gobierno tuvo “buenas intenciones” y que cumplió con consultar, aunque haya rechazo.

A su vez esta decisión puede derivar en demandas a nivel internacional si es que los indígenas denuncian ante organismos extranjeros para que intervengan en el conflicto.

Colque dice que las mismas autoridades de Gobierno, citando al Ministro de la Presidencia, expresan que algunos indígenas entienden “consulta” como el derecho al “chantaje” para obtener compensaciones económicas. Sobre el tema en el libro concluye que se debe elaborar una norma sobre el derecho a la consulta.

El asambleísta indígena yuracaré, Juan Carlos Noe, manifestó que “el temor grande es el tema del avasallamiento... Si se acepta el camino debe haber una ley para que nadie entre porque una carretera es de paso pero no de establecimiento”, dijo Noe recalcando que quién debe definir es la gente de base.