Ramiro Guerrero
Coordinador Regional - Fundación TIERRA Valles
Sucre, noviembre de 2001

1. Introducción

El respeto a los derechos humanos es un tema que hace a la esencia misma del sistema democrático y no puede ser utilizado como un mecanismo de dominación ideológica desde el aparato del estado o como un mecanismo de manipulación desde la sociedad civil por opositores al sistema o grupos de poder.

Con los derechos humanos nos estamos refiriendo a los derechos fundamentales de las personas o en otras palabras que son inherentes al ser human, en este sentido son derechos anteriores al Estado y que sin embargo se ejercen frente y contra el Estado. Los derechos humanos tienen que ver con la calidad innata de las personas, pero no de manera individual, sino como parte de la sociedad y como componente de la estructura del Estado. En este sentido debemos decir que los derechos humanos si bien en principio son derechos individuales por su naturaleza tienen un profundo contenido social.

Por lo mismo los derechos humanos como afirmación de la colectividad frente al Estado, establecen obligaciones y marcos de referencia para la actuación de la autoridad pública.

2. La democracia formal y la democracia que aspiramos

La democracia y el gobierno constitucional tienen por fundamento el respeto a la constitución y la ley, y estos son mecanismos que velan por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, pero en muchos casos el sistema democrático y el gobierno constitucional no siempre representa un respeto irrestricto de los Derechos Humanos.

En un sistema democrático representativo en el que vivimos, el ejercicio de la ciudadanía no es pleno, porque son los representantes (diputados y senadores) quienes gobiernan y deliberan, por este motivo lo que se busca es el ejercicio pleno de la democracia.

Las nuevas reformas a la Constitución Política del Estado deben buscar sustancialmente una DEMOCRACIA PARTICIPATIVA donde ya no sean los partidos políticos los únicos que puedan monopolizar la representatividad de la sociedad, sino más bien sea la sociedad civil organizada, a través de sus diferentes instancias de representación, las que puedan ejercitar este derecho, permitiendo que la ciudadanía participe del pleno ejercicio del poder que emana de ella misma, solo así se podrá tener un estado solidario y equitativo. Bolivia está avanzando a partir de la implementación del “modelo boliviano de descentralización” en la búsqueda de una efectiva democracia participativa.

3. El “modelo neoliberal”

El modelo neoliberal implementado en nuestro país con una economía de libre mercado a partir de 1985 ha hecho que la pobreza llegue a extremos de dañar la dignidad humana, ocasionando que en muchos casos las familias pobres tengan que recurrir a la delincuencia para poder subsistir. En un país con una alta tasa de desempleo y bajos ingresos, los sectores marginalizados de la población, sobre todo los del área rural, han optado por la emigración de familias integras a las ciudades del eje central – la ciudad del Alto, Cochabamba y Santa Cruz - en búsqueda de mejorar su situación; o en caso extremo, la mejor opción es salir de Bolivia, dejando sus comunidades en busca de “mejores” condiciones de vida, engrosando las filas de desocupados de otros países.

Dos millones de bolivianos radican en la Republica Argentina, donde sufren las consecuencias de la discriminación social y laboral en condiciones extremas pero la situación imperante en Bolivia les impide volver, lo que constituye una flagrante violación a los derechos humanos. Estos niveles de pobreza ahondados por el modelo económico vigente en el país, están llevando a la desesperación y violencia de gran parte de la sociedad boliviana, que no encuentra salidas a esta situación extrema.

Pero no solo los pobres de las ciudades y el campo sufren las consecuencias del modelo económico. Los problemas de deterioro de la calidad de vida de la burguesía boliviana en todos sus niveles, es cada vez más inocultable, por ejemplo, el sector financiero tiene una cartera en mora por encima del 20%, los sectores comerciales tienen problemas por el poco circulante que existe y el proceso de deflación que se vive, otros sectores como los industriales han sido golpeados por el contrabando pese a existir una Ley de Aduanas, y el sector minero no se recupera de la reducción de los precios de los minerales en el mercado internacional. En estas condiciones económicas la empresa privada boliviana ya no puede ocultar su “pobreza”.

Por otra parte, la transnacionalización de las empresas del estado boliviano a través de la ley de Capitalización ha restado de manera significativa los ingresos fiscales reduciendo su capacidad financiera y por tanto sus obligaciones que tiene como estado. La dependencia cada vez mayor de la cooperación internacional ha generado que la capacidad de decisión de los bolivianos se vea limitada. Finalmente se puede afirmar que el modelo neoliberal en Bolivia ha creado una oligarquía transnacionalizada, pequeña pero ambiciosa de más poder en desmedro de 8.3 millones de bolivianos; se calcula que 300 familias controlan el 80% de la economía boliviana.

La ausencia de propuestas que vayan a plantear un nuevo modelo social, económico y político es latente a la hora de discutir los problemas del país, dejando en la más absoluta incertidumbre sobre lo que vaya a ocurrir en el futuro inmediato y mediato. No existen propuestas alternativas y menos aún existe discusión sobre estos temas en los diferentes niveles de la sociedad boliviana a pesar de haber tenido un proceso de Diálogo Nacional el año 2000, hoy convertido en Ley de la República. La autodenominada “clase” política día que pasa se enfrasca más en actos de corrupción y pierde credibilidad ante el resto de la sociedad civil, ahondando su crisis interna.

Actualmente se está implementando la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) que se lleva adelante a través de la Ley del Dialogo Nacional, promulgada en el presente año. Esta Ley permitirá que los recursos de la condonación de la deuda externa (HIPIC II) puedan ser destinados a sectores de la sociedad que menos recursos cuentan, esto a través de los municipios del país. Sin embargo la ciudadanía sigue dudando sobre los mecanismos de control propuestos para evitar la corrupción, que en Bolivia es un mal endémico.

La alternativa en boga de los gobernantes y la oligarquía boliviana está basada en la explotación del gas, que es vista como la salvación de la economía y la fuente del desarrollo futuro. Sin embargo los hechos demuestran que sólo beneficiará a las transnacionales y muy pocos beneficios se quedarán en el país, es así que el pasado de la explotación del estaño y de la plata se vuelve a repetir.

No se puede ocultar el sentimiento de pesimismo, frustración y decepción que existe en la mayoría de la sociedad, con expresiones realmente dramáticas que están llevando a niveles muy altos de violación de los derechos humanos, sociales, económicos y políticos del pueblo boliviano.

4. Respeto y promoción de los DESC

Si bien se vive en un Estado de Derecho, la actual democracia representativa no es sinónimo de respeto de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de las personas que habitan nuestro país. Desde la experiencia de trabajo que realiza la Fundación TIERRA, fundamentalmente con campesinos indígenas y temas relacionados con la implementación de políticas públicas en el sector rural, podemos decir que las violaciones a los derechos más elementales de la personas continúan.

5. La situación actual

a)       Reformas al sistema de justicia: ¿reformas estructurales o barniz de acomodo a las exigencias del modelo?

Las reformas sociales contenidas en las modificaciones a la Constitución Política del Estado en 1994 reconocen a Bolivia como un país Multiétnico y Pluricultural. En este marco se reconocen, respetan y protegen los derechos sociales económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, reconociendo a las autoridades naturales y originarias de las comunidades campesinas e indígenas funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos[1].

Las reformas estructurales al Estado, sobre todo en el poder judicial, originaron la creación del Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Agrario Nacional. Dentro de las reformas políticas también se dio paso a la creación de las circunscripciones uninominales para la elección de diputados de manera directa, la aprobación de la ley de partidos políticos, y la conformación de la Corte Nacional Electoral.

Estas instituciones de nueva creación han sido diseñadas para proteger y velar por el cumplimento de los derechos humanos de las personas, es el caso del Defensor del Pueblo y de las Defensorías sectoriales como de la niñez, la adolescencia y de la mujer.

La creación del VAIPO (Viceministerio Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios), hoy MACPIO (Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios), constituye un importante avance en el reconocimiento y respeto por los derechos de los pueblos indígenas y originarios, aunque en la práctica sus acciones son muy limitadas.

También se ha aprobado un marco normativo bastante amplio como la Ley de Participación Popular, la Ley de Descentralización Administrativa, la Ley de Reforma Educativa, el nuevo Código de Procedimiento Penal, y el Código Niño, Niña, y Adolescente, entre las más importantes leyes. Estos cuerpos legales que se han promulgado en este último tiempo buscan es la implementación de políticas desde el Estado que lleven a un cumplimiento y respeto de los derechos humanos de estos sectores de la sociedad.

Si bien se ha realizado un importante esfuerzo para darle al país la institucionalidad correspondiente de acuerdo a las exigencias del tiempo actual, esta intencionalidad no esta acompañada de procesos de aplicación adecuadas o sufren las interferencias de los grupos de poder político y económico. En algunos casos varías de estas políticas de estado tienden a colapsar o están en estado de inercia por su incompatibilidad con la realidad y las necesidades de la población, como es el caso de la Ley del Medio Ambiente que por sus tergiversaciones y mala aplicación no ha logrado sus propósitos.

b)      Sector agrario indígena

En octubre de 1996 se promulga la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria que contempla la nueva estructura de esta instancia, y también regula del proceso de saneamiento, distribución y redistribución de la propiedad agraria en nuestro país. Sin embargo a 5 años de la promulgación de esta ley los conflictos sobre la tenencia de la tierra se han ahondado y el saneamiento de la propiedad agraria que debería concluir en 10 años, exactamente a la mitad de este tiempo, no ha avanzado ni en un 20 %. En las zonas donde se ha ejecutado el saneamiento, más allá de solucionar conflictos, los ha creado o han vuelto a cobrar actualidad los problemas que ya existían y que estaban olvidados.

El problema se ha acrecentado con la ocupación en la región del Chaco boliviano de tierras consideradas abandonadas por parte del “movimiento sin tierra”. Estos campesinos han empezado a ocupar y trabajar las mismas; sin embargo, la respuesta de los terratenientes ha sido a través de la violencia y el uso de armas de fuego, ocasionando la muerte de 8 campesinos muertos y más de 20 heridos del sector campesino y la muerte de un hacendado ganadero. Grupos armados irregularmente por los hacendados han arremetido contra indefensos hombres, mujeres, niños y ancianos., originando una masacre que actualmente, de acuerdo a informaciones de prensa, diferentes tipos de autoridades tratan de proteger favoreciendo a los intereses de los terratenientes. Este hecho también a sido denunciado por la Defensoría del Pueblo.

Estos hechos violentos que se han dado en esa región del sur del país nos muestran la flagrante violación de los derechos humanos de sectores campesinos empobrecidos que al no tener tierra o contar con muy poca han tenido que ir hasta esa zona del país en busca de mejorar sus condiciones de vida pero han encontrado la resistencia de grupos de poder que apoyados por sectores del ejercito y la policía han tomado las armas para desalojar a los campesinos sin tierra, encontrando la lógica resistencia, en un enfrentamiento desigual. Estas situaciones se dan sobre todo debido a dos factores.

No existe una política desde el Estado de reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria. En gran parte del altiplano y valles la fragmentación de la tierra ha llegado a niveles alarmantes donde las familias campesinas ya no pueden subsistir, lo que obliga, a salir de sus comunidades en busca de otras tierras. Lamentablemente en estos cinco años no se han revertido los latifundios improductivos ni se han anulado los múltiples títulos ejecutoriales que se han otorgado a familias integras que detentan el poder, por este motivo en la actualidad existe incumplimiento de la norma legal lo que ocasiona conflictos entre sectores campesinos y grupos de poder que poseen grandes extensiones de tierra que no son trabajadas.

 Por otro lado el saneamiento de la propiedad agraria no cumple con los objetivos para los que estaba previsto lo que en muchos casos ha llevado al descontento de sectores indígenas y campesinos que no han llenado sus expectativas y han visto frustradas sus aspiraciones de contar con suficiente cantidad de tierra como para vivir dignamente.

Esta falta de una política clara en el tema agrario esta ocasionando que sectores descontentos busquen por si mismos salidas alternativas aunque a veces no enmarcadas dentro la ley, en el marco de su necesidad insatisfecha y su desesperación.

c) Violaciones sistemáticas a los derechos de los campesinos cocaleros

En la región del Chapare, al centro de nuestro país los campesinos productores de coca se resisten a la erradicación forzosa de sus plantaciones de coca y a la militarización del trópico cochabambino. Esto se lleva a cabo a través de una política de Estado impuesta desde fuera del país como es el caso de la implementación del llamado “Plan Dignidad”, que ha tratado de acabar en cinco años con las plantaciones de coca en el trópico cochabambino, para este fin actúan las fuerzas de la policía y ejercito que mediante la violencia y la represión imponen el plan de erradicación de la hoja de coca.

La decisión del gobierno de erradicar los cocales y la correspondiente militarización ha creado un gran conflicto en la zona cocalera del Chapare, donde cada día suman más muertos del sector campesino y golpizas brutales por parte de los miembros de la policía y el ejército en contra de los campesinos productores de coca. Estos actos muestran una flagrante violación a los derechos más elementales de los campesinos productores de la hoja de coca.

Esta situación conduce al hambre, miseria y represión de los productores de hoja de coca, a pesar de las promesas desde el gobierno de priorizar el desarrollo alternativo en el altiplano, valle, yungas y trópico. Esta política después de años de aplicación lo único que ha logrado es enriquecer a grupos de poder incrustados ocasionalmente en los diferentes gobiernos. Sus éxitos se reducen a artículos de prensa.

Actualmente existe un clima de tensiones sociales con conflictos que aquejan a la sociedad boliviana. Los conflictos que se están dando en la región del Chapare, Chaco boliviano y la reserva forestal “El Choré”, develan situaciones inhumanas de represión por parte de los organismos del Estado, que no escatiman esfuerzos para ingresar con violencia a la zona perseguir y torturar dirigentes como en las épocas de dictadura.

 El defensor del pueblo y la asamblea permanente de derechos humanos han realizado representaciones ante los organismos del Estado para que pueda parar esta represión y se pueda entablar un dialogo, sin embargo existe una posición cerrada desde el gobierno al no querer dialogar, con posición de coca cero.

d)      El nuevo código de procedimiento penal (NCPP) ¿será posible mejorar la justicia para los pobres?

En Bolivia unos de los problemas crónicos ha sido la retardación de justicia que ha ocasionado la violación sistemática de los derechos humanos de los más pobres y la protección de la impunidad para aquellos poderosos económicamente y políticamente. Frente a esta situación de injusticia se ha promulgado El nuevo Código de Procedimiento Penal que rige desde el 31 de mayo del presente año como muestra de una justicia más democrática, humana y transparente. Entre los cambios más importantes están el de pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, oral y público, de igual manera en este nuevo código de encuentra el respeto a la diversidad cultural y a sus formas de solucionar conflictos, evitando la retardación de justicia, en el marco del respeto a las garantías constitucionales.

En la práctica es muy prematuro juzgar los efectos que la misma tendrá en la realidad concreta, a pocos meses de su aplicación los escasos juicios públicos realizados sólo han afectado a pobres y pequeños delincuentes, aún no se ha visto sentado en el banquillo de los acusados a ningún delincuente de “cuello blanco” y esto es de sobre manera llamativo. Sin embargo no se puede negar que es un avance en relación al sistema inquisitivo del pasado.

La gran expectativa del pueblo boliviano es que este nuevo cuerpo legal vaya consolidar la administración de una justicia con equidad y celeridad para evitar que inocentes vayan a la cárcel o delincuentes se encuentren libres por las calles sin recibir el rigor de la ley y pagando lo que debe ser en un Estado de derecho.

e)       Defensor del pueblo ¿un saludo a la bandera?

La Defensoría del Pueblo es una institución creada para defender a las personas de los abusos de los poderes públicos y velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Esta instancia fue creada bajo la influencia de experiencias ajenas a la realidad boliviana, y en principio no logró ser comprendida por la población en general y por los gobernantes y políticos que vieron a la misma como un saludo a la bandera, sin embargo después de un tiempo de aplicación se empezó a valorar su trabajo, sobre todo en la defensa de los intereses de los más pobres.

El defensor del pueblo recibe quejas de la población sobre los abusos de los poderes públicos, investiga y denuncia los hechos de abusos cometidos, solicitando información a las autoridades y servidores públicos y también hace recomendaciones para que servidores públicos cumplan con sus obligaciones, respetando los derechos humanos.

Un caso muy significativo en la actuación del defensor del pueblo, es la defensa de los de los derechos humanos de los campesinos productores de la hoja de coca que están siendo brutalmente reprimidos en el trópico cochabambino.

f)       La doble moral de los partidos políticos en la defensa de los derechos humanos

En su discurso los partidos políticos dicen defender los intereses de los sectores más pobres y deprimidos, pero en su accionar muestran una conducta totalmente diferente y contradictoria pues son estos partidos los que están involucrados en actos de corrupción, en acciones de nepotismo, donde familias integras de gente que pertenece a grupos de poder están ocupando funciones públicas sin importar siquiera su formación profesional o competencia para el cargo que desempeña. Esta es una flagrante violación al más elemental derecho que tienen los demás que es de aspirar a un trabajo de acuerdo a su capacidad y méritos.

La sociedad civil boliviana qué puede esperar de esta auto denominada “clase política”, si más allá de representarlos lo único que hacen es velar sus intereses de grupo para mantener una hegemonía en el poder y conseguir ventajas económicas, mientras que la gran mayoría de la población boliviana vive sumida en la más absoluta pobreza.

g)      A 16 años de neoliberalismo los trabajadores siguen siendo despedidos

A partir de la aplicación de la Nueva Política Económica y la implementación del modelo neoliberal que ocasiona la apertura del mercado y la libre contratación, se ha generado una serie de violaciones en los derechos laborales y económicos de miles de trabajadores que se han visto en la calle al haber perdido su fuente de empleo, debido al cierre o reducción de personal de la misma o la reducción sustancial de los ingresos que tenían, a niveles demasiado bajos, lo que no les permite vivir dignamente.

Con la capitalización de las empresas del Estado prácticamente se reduce la intervención del Estado en las empresas las que pasan a manos privadas hasta ahora con resultados en algunos casos desastrosos y en otros muy poco alentadores. Es el caso de los ferrocarriles del Estado que pasaron a empresas chilenas y actualmente redes importantes que unían puntos importantes del país han quedado prácticamente sin tráfico ocasionando grandes pérdidas para el país.

Por otra la línea bandera Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) que fue capitalizada por una empresa brasileña se encuentra actualmente al borde del colapso y no cuenta ni siquiera con el número suficiente de aeronaves para cubrir las rutas domésticas y los capitalizadores no tienen siquiera la más mínima intención de sacar adelante esta empresa aérea por haberla dejado en ruinas.

De igual forma se manifiesta la crisis de empleos en el sector de la minería, actualmente las pocas cooperativas mineras que aún quedaban en funcionamiento, están cerrando las fuentes de trabajo, quedando en la calle más de 20 mil familias de mineros que tendrán que ir nuevamente a las calles a engrosar las filas de los desocupados.

6. El futuro de los derechos humanos en Bolivia

a)         Incremento de la pobreza y la marginalidad

Tal como esta la situación del país, la pobreza irá incrementándose debido a la falta de fuentes de trabajo, a pesar de que el gobierno recientemente presentó un plan nacional de empleo que sólo parece una situación electoral y de carácter muy temporal, con ingresos demasiado bajos que no llegan a cubrir las mínimas necesidades de las familias pobres.

Se estima que la marginalidad sobre todo de los sectores campesinos y los pobres de las ciudades irá en aumento, y se hará cada vez más difícil controlar la violencia y desesperación de estos sectores descontentos que no encuentran una salida a su difícil situación.

b)         Emergencia de nuevos movimientos sociales y modificaciones a la CPE

La emergencia de nuevos movimientos sociales como los “sin tierra”, ya están poniendo en serios conflictos al gobierno. Los sectores campesinos que se han constituido en el movimiento organizado más fuerte del país, aunque también existen otro tipo de movimientos sociales más esporádicos, como el de la Coordinadora del Agua en la ciudad de Cochabamba, que vanguardizó las movilizaciones de abril y septiembre del pasado año en defensa no solamente del agua sino de otras reivindicaciones de sectores importantes pero hasta ese momento carentes de representatividad.

Este nuevo escenario donde surgen nuevos actores sociales será de suma importancia en la búsqueda de salidas alternativas al modelo. En este contexto surge la gran discusión de las modificaciones a la CPE donde se pretende alcanzar cambios sustanciales en el ejercicio de la ciudadanía para de alguna manera romper con el monopolio de los partidos políticos y también introducir algunas nuevas instituciones como el plebiscito, el referéndum, así como la segunda vuelta para la elección presidencial en el país.

c)         El estado oligárquico y el incremento de sus mecanismos y acciones represivas como fruto de la presión externa de la lucha contra el terrorismo

Desde el aparato del Estado se incrementarán los mecanismos y acciones para reprimir las reivindicaciones de los movimientos sociales emergentes. Así como el descontento y marginalidad de ciertos sectores de la población boliviana que se traducirán en el incremento de la violencia de estos sectores marginalizados.

Ante esta situación el aparato represor del Estado se verá obligado a entrar en acción con mayor intensidad, ya se han dado experiencias de sacar al ejército a controlar las ciudades ante la ola de violencia que se desata en las ciudades sobre todo del eje troncal de Bolivia (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz).

[1]      Art. 1 y 171 de la Constitución Política del Estado de Bolivia reformada en 1995.