Autor: Gonzalo Colque                                                                      

La Revolución Nacional de abril de 1952 gestada por movimientos urbanos se encontró con una insurrección rural en curso que había cobrado fuerza una década antes con el decreto de Villarroel de abolición del pongueaje de los indios, disposición que fue resistida por los hacendados; pero nada pudo frenar el levantamiento indígena. Poco después, el 2 de agosto de 1953, el gobierno del MNR se vio obligado a aceptar y en definitiva impulsar una reforma agraria con decisivas consecuencias para el agro y la política boliviana hasta el día de hoy.

Los más de dos millones de indígenas que acababan de salir de la servidumbre se organizaron en pequeñas comunidades a la imagen de los antiguos ayllus pero, a la vez, de acuerdo con el interés del MNR, conformaron sindicatos agrarios de campesinos transformados en sus votantes clave y milicias defensoras de la Revolución Nacional. Esta combinación generó inmejorables réditos políticos que mantuvieron a los emenerristas en el poder incluso después de la muerte de su líder histórico.

Ante la necesidad de más tierras, la Reforma Agraria de 1953 fue completada con los programas de asentamientos emprendidos por el Instituto Nacional de Colonización (INC), entidad que promovió movimientos migratorios de cerca de 70 mil familias desde las tierras altas hacia las zonas cálidas como San Julián, Alto Beni o Chapare. También el Gobierno impulsó la “marcha al oriente”, cuyos fines eran vertebrar el occidente con el aislado oriente boliviano y desarrollar una política agropecuaria de diversificación y sustitución de nuestra dependencia de alimentos importados.

La historia reciente es conocida. La reforma fue abandonada por el Estado y una ola ilegal de acaparamiento de tierras surgió en el oriente boliviano, alentada por la permisiva dotación de hasta 50 mil hectáreas de tierra a cambio de una simple expresión de buena voluntad del interesado para producir alimentos o criar ganado. En 1996 fue aprobada la Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para corregir estas distorsiones, pero sin éxitos notables, excepto el reconocimiento de territorios a favor de los pueblos indígenas de tierras bajas.

El MAS tiene una relación estrecha con esta historia de la revolución del MNR, en cuanto a causa-efecto y paralelismo político. El control del “voto campesino” que perdió el MNR pasó a manos del MAS, no sólo con base en los sindicatos agrarios existentes sino, principalmente, sustentado por los colonizadores transformados en productores de la hoja de coca. En sus inicios, el MAS retomó la agenda pendiente de la política de tierras.

Planteó la anulación del sistema latifundiario de las tierras bajas; la redistribución y dotación de tierras estatales sólo a favor de comunidades y únicamente de forma colectiva; y la reversión de grandes propiedades improductivas. Al igual que el MNR, canalizó el descontento de campesinos e indígenas hacia una propuesta de reconducción de la reforma agraria.

Entre los años 2006-2010, el MAS tuvo el acierto de acelerar la titulación de los territorios indígenas, pero renunciando a una mirada integral y estratégica. Se enfrascó en una inútil batalla por demostrar que titulaba más millones de hectáreas de tierra que gobiernos anteriores cuando lo importante no son las hectáreas, sino el número de personas beneficiarias con tierras productivas, en otras palabras, la democratización en el acceso a la tierra y la anulación simultanea de minifundios y latifundios.

En menos de cinco años el MAS abandonó su reforma agraria, al igual que el MNR, aunque este último no lo hizo tan rápidamente. Ambos partidos, una vez que capitalizaron el voto rural, dejaron al margen de sus preocupaciones la política de tierras y se concentraron en beneficiarse con la cooptación campesina para sus intereses partidarios de mantenerse en el poder.

La actual estructura agraria dual de minifundio y latifundio tuvo su origen en las deficiencias de la Reforma Agraria de 1953 y no fue encarada por el Gobierno actual. A esto hay que añadir nuevos elementos de relevancia del agro boliviano: el modelo de la agroindustria de exportación, con especial énfasis en el monocultivo de la soya; el fenómeno de los monocultivos de tierras altas destinados a la producción de quinua de exportación; y la economía de la hoja de coca en las zonas de colonización.

Perfil

Nombre: Gonzalo Colque
Profesión: Economista
Cargo: Director de la Fundación TIERRA 
Especialista en temas ruralesGonzalo Colque es economista con especialidad en desarrollo rural. Actualmente es director nacional de  la Fundación TIERRA. Fue miembro del equipo de investigadores del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), trabajó por seis años con la Marka de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaca. Autor de varios trabajos de investigación sobre el desarrollo de comunidades aymaras, normas y derechos sobre tierra territorio, derechos de los pueblos indígenas, democracia y gobiernos locales.