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Análisis jurídico comunitario del documento “18 Pilares Fundamentales por una nueva Agenda Campesina - Indígena”

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La presente nota es un análisis jurídico comunitario del Documento denominado “18 Pilares Fundamentales para una Nueva Agenda Campesina-Indígena”.

 

Cuando hablamos de leyes, debemos estar conscientes que ellas se asumen como la “verdad absoluta”, defienden los derechos individuales, además están escritas y no aceptan la existencia de “otras verdades”. Según esta doctrina, los sistemas jurídicos indígenas no son leyes, por lo tanto son meros usos y costumbres. Este sistema es conocido como legalista.

 

Existe otra fuente jurídica de tradición occidental que fundamenta su ejercicio en la jurisprudencia, esto quiere decir que recoge antecedentes sociales, culturales e históricos y defiende los derechos colectivos. Para dar una solución al problema en cuestión, a esta le llamaremos jurisprudencial.

 

En el caso boliviano tenemos la presencia de las dos fuentes: por un lado, la legalista que nos acompaña desde el inicio de la república y es utilizada por todas las instituciones gubernamentales, como: municipios, gobernaciones, juzgados, tribunal agroambiental, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entre otros. Y, por otro lado, la jurisprudencial que fue incorporada recientemente bajo el nombre de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), representada por los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, federaciones sindicales y otras colectividades. Sin embargo, debido a la colonialidad existente en Bolivia, el sistema legalista es el que se impone sobre los demás y no permite la existencia ni el ejercicio de los otros.

 

Al analizar los 18 Pilares Fundamentales nos damos cuenta que se enmarcan dentro del enfoque legalista, no en vano el Primer Pilar es una ley y no toma en cuenta los sistemas jurídicos de los pueblos y colectividades a los cuales intenta beneficiar, además sigue confiando en el INRA como institución que podría resolver los conflictos por la tierra. Debido a su naturaleza legalista, el INRA no puede defender el derecho colectivo a la tierra, porque utiliza derecho individual en su ejercicio, sometiéndolo, de esta manera, los derechos colectivos de las comunidades campesinas a la legalista.

 

También, consideramos importante mencionar, que el vivir bien se enmarca en valores colectivos existentes en las comunidades campesinas e indígenas, valores que pueden tener infinidad de significados a la hora de dar solución a los conflictos porque son parte del derecho vivo y comunitario. A su vez, están en estrecha relación con las entidades existentes en la naturaleza (ríos, cerros, arboles, animales). En caso de legalizar esta dinámica, se perderá toda esta cualidad volviéndose la letra muerta, es decir ineficaz, puesto que no faltará alguien que diga “la ley dice esto y la ley no dice esto”. Por este motivo, señalamos que lo más adecuado es utilizar el derecho indígena a la hora de implementar el vivir bien.

 

Otro punto que nos gustaría precisar respecto al Documento de 18 Pilares es aquel referido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En las comunidades indígenas, sindicales y otras, los conflictos agrarios, familiares, civiles, e inclusive ambientales, se resuelven a “una sola instancia”. Esto significa que los problemas se resuelven en la comunidad y no trascienden a otros ámbitos superiores, como sucede en el legalismo, por ejemplo: primero sube al juzgado ordinario, luego al tribunal departamental, tribunal supremo, tribunal constitucional, y finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recorrer todas estas instancias implica unos 10 años, en el mejor de los casos, dado que tienen mucha carga procesal y excesiva burocracia. Es por estas razones que se debería aprovechar la cualidad de la JIOC.

 

La propuesta de los 18 Pilares debería dejar el enfoque legalista por un enfoque jurisprudencial, utilizando los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas campesinas. Se percibe una visión paternal en el documento. La idea principal de esta propuesta es que los mismos pueblos se encarguen de sus proyectos de vida a partir de sus sistemas jurídicos, políticos, económicos, etc., como señala el nuevo diseño constitucional del Estado Plurinacional. Se trata de una tarea muy difícil, pero urgente.

 

Cerramos esta nota con las palabras del señor Benito Condori, miembro de las comunidades recolectoras de castaña del norte de La Paz, respecto a la emergencia de consejos de justicia indígena: “hermanos tenemos que buscar el desarrollo de nuestra comunidad abriendo mercado a nuestro producto, cuando hay desarrollo entonces crece la economía, y cuando crece la economía vienen intereses privados de afuera y aparecen problemas de justicia y para resolver eso desde nosotros, tenemos que armar nuestro consejos de justicia indígena.” (Comunidad Bolívar, Ixiamas, 2018).

 

Pedro Pachaguaya [1]

Juan Carlos Marcani[2]


[1] Antropólogo maestrante en Filosofía y Ciencia Jurídica CIDES/UMSA, Miembro del GT CLACSO “Derecho Clases y Reconfiguración del Capital, Secretario de ADA La Paz

[2] Tesista de la Carrera de Derecho UMSA, Investigador en temas Socio jurídicos.

Nacen 18 pilares para una nueva agenda campesina-indígena

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Entre 2015 y 2019, más de mil campesinos e indígenas, reunidos en medio centenar de espacios de debate, elaboraron contenidos renovados para una nueva agenda de reivindicaciones de los pequeños propietarios de la tierra y territorios indígenas. Como resultado, se identificaron 18 pilares fundamentales para “una nueva agenda campesina-indígena” en temáticas como tenencia de la tierra y territorio, producción agropecuaria y derechos de los campesinos e indígenas.

 

El objetivo es proteger los derechos de las poblaciones rurales en un contexto de alta presión y disputa por los recursos naturales, principalmente ante a la rápida expansión de la agricultura a gran escala. Una motivación conexa fue la necesidad de responder a los cuatro pilares del sector agroempresarial que están siendo materializados en varias normativas y acuerdos con el gobierno nacional.

 

Los 18 pilares incluyen el derecho a la tierra, territorio, agua y uso sostenible de los recursos del bosque. El documento advierte sobre los potenciales conflictos socioambientales que podrían surgir en un futuro próximo en caso de que continuar la actual política y práctica en materia de acceso a la tierra y gestión de recursos naturales.

 

Si bien el Documento de los 18 pilares fundamentales es la culminación de un proceso participativo y diverso, también representa un punto de partida para que las organizaciones nacionales de las diferentes comunidades campesinas e indígenas prioricen los pilares estratégicos para una nueva agenda sectorial.

 

Este proceso ha sido posible con la formación de alianzas estratégicas y concurso de aliados claves comprometidos con la justicia social. La Fundación TIERRA apoyó el trabajo de diferentes organizaciones a nivel local, regional y nacional. Las principales alianzas son, por un lado, la plataforma “nuestra tierra” con el concurso de Welthungerhilfe (WHH), CEPES de Perú y el Grupo Apthapi de líderes campesinos e indígenas; y por otro lado, la Estrategia Nacional de Involucramiento (ENI) en alianza con International Land Coalition (ILC) que trabajó principalmente con IPDRS, CERDET, Universidades públicas y organizaciones campesinas para la gobernanza inclusiva de la tierra.

 

Las diferentes organizaciones y participantes de este proceso se reunirán en un encuentro nacional en Cochabamba el 6 y 7 de abril de 2018 para priorizar sus reivindicaciones y entregar formalmente los resultados alcanzados a autoridades nacionales de los principales movimientos campesinos e indígenas de Bolivia.

 

Más información:

Texto completo de los 18 Pilares Fundamentales: clic aquí

Anexo de 18 Pilares Fundamentales: clic aquí

Para conocer sobre el trabajo de WHH visite: clic aquí

Para conocer sobre el trabajo de ILC visite: clic aquí

 

Contactos de Prensa:

Rubén Martínez: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

La propuesta de Carta Orgánica de San Ignacio de Velasco es fruto del diálogo democrático de todos los sectores

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Después de un largo proceso de participación, diálogo y concertación entre diferentes actores públicos y privados, políticos y sociales, del municipio de San Ignacio de Velasco, este año se logró aprobar una propuesta de Carta Orgánica Municipal (COM), que fue trabajada de forma participativa y aprobada por consenso entre los diferentes sectores presentes en el municipio.

 

La Oficina Regional Oriente de la Fundación TIERRA ha establecido un proceso de diálogo democrático alrededor de la formulación de la COM en San Ignacio de Velasco, a través del Servicio Civil para la Paz (SPC) de la cooperación alemana GIZ. Esto se ha convertido en el aspecto que garantiza un enfoque sistémico de toda la problemática que tiene ese municipio, enmarcada en las competencias que tiene el Gobierno Autónomo Municipal. En este proceso, han estado presentes varios aspectos relacionados con los temas complejos que ocupan a la población.

 

La COM ha recogido varias propuestas novedosas cuya implementación modificara la vida institucional, social y económica del Municipio de ignaciano. Una de ellas, que es fundamental para la vida política e institucional del municipio, es la inclusión de dos concejales indígenas dentro del Concejo Municipal, elegidos por usos y costumbres, lo que garantiza una presencia permanente de indígenas representando los intereses de su pueblo en la instancia deliberativa y legislativa de esa jurisdicción municipal.

 

Los avances para resolver los conflictos en San Ignacio de Velasco, a partir de un proceso reflexivo donde los intereses diversos de los actores están siendo resueltos de una manera no conflictiva (por ejemplo, la relación entre las comunidades nuevas de población migrante y las comunidades de indígenas); así como la capacidad de escuchar “al otro”, se ha desarrollado notablemente a partir del proceso de Diálogo Democrático porque contaba con una metodología que lo permitió y potenció.

 

En definitiva todos estos avances logrados a nivel de la inclusión, el compromiso colectivo, el cambio en las relaciones y actitudes entre los actores, deben estar garantizados con la solución a largo plazo de los complejos problemas que se han trabajado.

 

 

La información socioterritorial de Tiahuanacu es una herramienta útil para dinamizar su economía

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¿Cómo encontrar alternativas que dinamicen la economía en un municipio?, ¿que permitan hallar propuestas de desarrollo integral y sostenible? En el municipio de Tiahuanacu propusimos que una manera es conociendo los actuales sistemas productivos, los modos de vida de sus habitantes, el uso actual y potencial de sus principales recursos. Con este sentido se planificó y desarrolló el mapeo socioterritorial en ese municipio como parte de la formulación participativa de herramientas de planificación. Se organizó talleres comunales para recoger información en las 23 comunidades de esa jurisdicción municipal.

 

Los principales actores de los talleres fueron las propias autoridades de la comunidad, quienes una vez explicada los objetivos del proyecto se organizan en grupos de trabajo: Actualización cartográfica de la comunidad; aplicación de fichas de: sistemas productivos, calendarios productivos y ficha social.

 

En La Paz, el resultado de esa labor se tradujo un “Compendio socio-territorial del Municipio de Tiahuanacu”, que busca visibilizar el estado de situación social, económico, productivo y territorial del municipio.

 

Esta tarea fue encarada por la Oficina Regional Altiplano, como parte de la ejecución del proyecto “Creando cambios en políticas y prácticas municipales para el desarrollo agropecuario” que cuenta con el financiamiento de la Fundación Inter Americana (FIA). La misma tarea se ha desarrollado en el municipio chuquisaqueño Zudáñez.

 

Entrega del Compendio Socioterritorial

 

El documento fue presentado ante las autoridades ediles y originarias de Tiahuanacu y expone información de manera clara y sencilla a través de cuadros, gráficos, mapas e indicadores, datos precisos y relevantes de los diferentes aspectos que constituyen la territorialidad y sus dinámicas locales.

 

El Gobierno Municipal de Tiahuanacu organizó un acto oficial a la cabeza de su Alcalde Ing. Octavio Quispe Chura. La entrega se hizo a cada una de las comunidades representadas por sus Mallkus y Mallku Taykas, a las 4 Subcentrales, a las Juntas Vecinales de los tres centros poblados, de igual modo a las autoridades de CACOT y a las autoridades del municipio. Las autoridades originarias resaltaron la importancia de este trabajo como una experiencia única en Bolivia, “que será muy útil para las autoridades del municipio, de las comunidades y toda persona que quiere conocer el municipio de Tiahuanacu”.

 

 

 

Los tacanas demuestran su capacidad desde la defensa de su territorio hasta la ejecución de proyectos

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En la gestión 2018 los indígenas tacana coronaron el trabajo en su territorio con la capacidad de ejecución de proyectos y buena administración de recursos financieros. Esta consagración se suma a su capacidad de defensa de sus recursos naturales y de su territorio y la capacidad de negociación con el Estado y empresas petroleras que ingresaron a la zona. La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana II se ubica en el municipio de Ixiamas al Norte de La Paz.

 

Se trata de un camino recorrido desde 2015, cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos decidió realizar un proyecto de exploración sísmica (hidrocarburos) en la región del Río Madre de Dios, afectando al territorio indigena del pueblo Tacana, conocido como Tacana II. Desde entonces, la Oficina Regional Oriente trabajó en la región con asesoramiento en Derechos Indígenas, impactos y medidas de protección en proyectos de exploración de hidrocarburos, que es parte del proyecto “Gobernanza de los Recursos Naturales en territorios indígenas” y cuenta con el financiamiento de MISEREOR.

 

Como consecuencia de la sísmica se aplicó una Consulta Previa Libre e Informada. Después de un largo proceso de información sobre derechos indígenas e impactos de proyectos de esta naturaleza en territorios y pueblos indígenas y de negociación con el Ministerio de Hidrocarburos como autoridad competente (AC), se llegó a acuerdos que buscaban el menor daño ambiental, la conservación de los árboles de castaña, nacientes de agua, ríos y palmares y que no genere impactos en la cultura de la gente.

 

Entre los acuerdos estuvo la compensación por impactos indirectos por Bs. 3.475.229 (Tres millones Cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos veintinueve bolivianos), para la ejecución de estos recursos debe ser a través de una institución Pública y en base a un proyecto, por este motivo se apoyo la elaboración de un proyecto, de forma participativa con las familias de la TCO Tacana, para fortalecer la actividad de recolección y comercialización de castaña.

 

En el año 2018, se han ejecutado dos de cuatro hitos del proyectos, el primer hito correspondiente a la implementación de infraestructura y equipamiento para fortalecer la actividad de recolección y comercialización de castaña, contratación de equipo técnico: Un Coordinador del proyecto, un administrador, un consultor en capacitación en buenas prácticas de castaña y tres técnicos locales que apoyaran  en la compra de castaña en las comunidades, con el fin de fortalecer la actividad de la castaña  y el hito dos correspondiente al habilito o adelanto de Bs. seis mil por familia recolectora de Castaña, para la compra de castaña.

 

 

TIERRA

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N° 2566 - Sopocachi
Teléfono: (591-2) 243 2263
Fax:
(591-2) 211 1216
tierra@ftierra.org
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Regional Altiplano
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