Pronunciamiento público sobre el Intituto Nacional de Reforma Agraria

pronunciamiento

 

Pedimos a las autoridades actuar con responsabilidad sobre el el manejo del INRA, un tema tan delicado y que se enmarquen en el entendimiento de que este es un gobierno transitorio.

Presidenta Jeanine Áñez: Pedimos transparentar la gestión del INRA, en lugar de dar continuidad al proceso agrario viciado de denuncias de tráfico de tierras

1. Antecedentes

En los últimos ocho años, el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha sido seriamente cuestionado por diferentes sectores de la sociedad civil, entre estos la Fundación TIERRA. Son muchos los casos denunciados de tráfico de tierras y procesos de saneamiento que solo sirvieron para privatizar las tierras fiscales (la propiedad del Estado) a favor de grandes intereses y poderes económicos. En ese marco, desde el año 2018, hemos pedido y recomendado técnicamente la INTERVENCIÓN y AUDITORÍA del INRA, una tarea que solamente puede realizar el nuevo Gobierno electo y legitimado en las urnas.

Queremos expresar nuestra preocupación ante reiterados anuncios del Gobierno Transitorio de acelerar la consolidación de los derechos de propiedad agraria, anuncios que coinciden y responden a la exigencia de seguridad jurídica de parte de los gremios que representan a los grandes propietarios de la tierra.

La actual Directora Departamental del INRA Santa Cruz, Eliane Capobianco, estuvo en las mismas funciones entre los años 1999 y 2003 y fue objeto de un proceso interno por el caso “Las Chimbas”. El ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación de Bolivia del 2004, Gustavo Pedraza, denunció el caso “Las Chimbas”, ubicado en el municipio de San Julián de Santa Cruz. Se trataba del fraccionamiento ilegal de una superficie de 5.916 hectáreas en 7 propiedades, con el objetivo de que los interesados se acojan al precio de adjudicación con valor concesional destinado a pequeñas propiedades. Según la norma agraria, el Estado debería haber cobrado 559.000 dólares americanos, pero estas tierras fueron adjudicadas a un precio absurdo de 591 dólares americanos por el total (a 10 centavos de dólar por hectárea).

El proceso abierto en esa ocasión contra la actual Directora Departamental del INRA, para establecer responsabilidades en el caso “Las Chimbas”, se extinguió con la resolución del Tribunal Agroambiental de 2005 declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa presentada por la Superintendencia Agraria y, en consecuencia, subsistentes las Resoluciones de dotación de los 7 predios observados. Los 7 predios fueron titulados el año 2018.

El actual Director Nacional del INRA, Roberto Polo, es parte de las actuaciones e irregularidades del INRA en el gobierno anterior. Fue Director Departamental del INRA Chuquisaca entre los años 2014 y 2019, nombrado en el cargo de Director Nacional en junio de 2019 y ratificado en el mismo cargo por el actual Gobierno Transitorio.

2. Pedido público

Por la forma en que se ha manejado el INRA en los últimos años, es por demás evidente que el Gobierno Transitorio no puede reactivar o acelerar procesos agrarios y de titulación de tierras que tienen observaciones de fondo y no son meros actos o trámites administrativos.

En ese sentido, pedimos públicamente a la Presidenta Jeanine Añez:

1. Declarar una pausa agraria en el proceso de saneamiento y titulación de tierras,

especialmente en los casos con denuncias públicas de tráfico de tierras, traspaso a privados de tierras fiscales, procesos de titulación irregulares de las grandes propiedades en Santa Cruz y Beni. El proceso puede continuar únicamente en los casos de pequeña propiedad o territorios indígenas (TIOC).

2. NO firmar nuevos títulos de propiedad agraria,

resultantes de procesos agrarios que corresponden a la anterior gestión y sobre todo los que que están llenos de irregularidades y denuncias de favorecimiento en razón de intereses económicos y políticos.

3. Transparentar la situación actual del proceso agrario, en lugar de anuncios públicos de comenzar a entregar 9.000 títulos agrarios

(El Deber, 09.12.2019).

La población boliviana tiene el derecho a la Rendición de Cuentas y el Gobierno de informar de forma verídica sobre la situación actual de los trámites agrarios que se pretenden consolidar de forma apresurada y sin esperar la Auditoria del INRA que debe ser una tarea de alto nivel que debe conducir el nuevo Gobierno legitimado en elecciones libres y transparentes.

La Paz, 09 de diciembre de 2019

Fundación TIERRA

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