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Internacional: Concentración de tierras y seguridad alimentaria en Centroamérica

concentracion-tierra

Este trabajo busca hacer una lectura estructural de algunas de las dinámicas agrarias y rurales de las últimas décadas en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Se busca mostrar varias dimensiones que interactúan en el medio rural, como son la estructura agraria, el uso del suelo, el incremento de la superficie en fincas gracias a la ampliación de la frontera agrícola, y la evolución de la población tanto nacional como sobre todo en el ambiente rural. Se parte de la hipótesis que desde los años noventa se está produciendo una fuerte modificación en el clásico modelo agroexportador centroamericano, que centrado en la generación de divisas mediante un conjunto de productos agropecuarios, da lugar a dos procesos adicionales. Por un lado, que el grueso del campesinado genere sus propios alimentos y abastezca a los mercados y, por otro, que también se produzca a nivel nacional la mayor parte de los alimentos consumidos por la población. La nueva modalidad en la aplicación del modelo agroexportador, con fuerte énfasis en los llamados agrocombustibles, ha ampliado notablemente la proporción del suelo agrícola enfrentando a sectores campesinos y otros de productores importantes áreas productivas y reduciendo el acceso a la tierra y el abastecimiento nacional de alimentos.

Estas modificaciones en los usos del suelo están generando importantes disputas por la tierra, donde se destacan, por la violencia alcanzada, los casos de Guatemala y Honduras. Una consideración adicional es que, si bien los cuatro países tenidos en cuenta están siendo impactados por estas modificaciones del modelo agrario, se considera que los ritmos de avance de estos cambios son específicos a cada uno de los cuatro casos analizados, por lo que se les dedica un capítulo a cada uno.

Para preparar este documento se han consultado trabajos realizados en los cuatro países y se han realizado entrevistas con personas conocedoras de estos procesos. En la lista de personas entrevistadas y en la bibliografía utilizada se hace mención a esas fuentes.

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Las condiciones para el acceso a la propiedad de la tierra y el territorio

tierra

El investigador Esteban Sanjines Delgadillo hace un aporte para el análisis sobre el acceso a la propiedad de la tierra y el territorio. Su visión oscila entre lo “formal y lo legítimo”. Este artículo, publicado en la revista “Análisis” en junio de 2013 repasa los fundamentos teóricos y legales de la función social y la función económica social de las propiedades, agrarias; describe el proceso de reversión de la tierra; examina la expropiación de la tierra y los derechos colectivos sobre ella. Identifica al Territorio Indígena y Parque Nacional Isibóro Sécure como un espacio de interpretación de los derechos colectivos post constituyente y finalmente sitúa a la Ley de la “Madre tierra” como la rectora de los derechos de propiedad. En este sitio publicamos el artículo completo a su disposición.

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El caso Bolibras relanzó una nueva etapa de la Reforma Agraria

tierras bajas3

 

En 1992 se descubrió uno de los mayores casos de corrupción que se haya conocido en la gestión pública. El entonces diputado Miguel Urioste, puso en el tapete público el caso denominado Bolibras al denunciar documentadamente una apropiación ilícita de 96.337 hectáreas en el municipio Pailón, en la provincia cruceña de Chiquitos, por parte del entonces ministro de educación de esa época. 21 años después el gobierno boliviano retoma el caso determinando el saneamiento de tierras de los predios que conforman Bolibras con el objetivo de redistribuirlas. Pero el valor más importante de aquella denuncia es, como dice el investigador de Fundación TIERRA, Wilfredo Plata, que se convirtió en "un hito en la historia agraria de Bolivia porque fue el punto de quiebre de la Ley de Reforma Agraria de 1953".

Según el especialista a raíz del caso Bolibras surgió un gran debate nacional sobre el problema agrario en Bolivia y consecuentemente la necesidad de plantear una nueva ley de tierras. "El corazón de esta ley fue crear una nueva institucionalidad agraria y verificar el derecho de propiedad de los dueños de tierras, sobre todo en las tierras bajas, de ganaderos, agroindustriales y madereros, entre los principales".

En noviembre de 1992 el gobierno de Jaime Paz Zamora intervino el Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y después de cuatro años, finalmente se aprobó la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en octubre de 1996.

Uno de los aspectos relevantes de esta norma es la inclusión de la titulación colectiva en forma de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) que hasta ahora ya ha beneficiado con títulos colectivos por más de 20 millones de hectáreas a favor de los pueblos indígenas de Bolivia. "De ahí surge el saneamiento de tierras que hasta hoy es motivo de mucha participación de las comunidades de diversas partes de Bolivia para regularizar y actualizar sus derechos propietarios".

Según información de Fundación TIERRA, entre 1991 y 1992, - en medio de la expansión del agronegocio de la soya- se probaron e hicieron públicas varias denuncias sobre corrupción en el sistema estatal de administración de las tierras. Como consecuencia del caso Bolibras y la consecuente intervención del CNRA y del Instituto Nacional de Colonización (INC), se produjo un paréntesis en la entrega de tierras fiscales y la posterior discusión sobre reformas referidas a la tenencia de la tierra se tradujo en cambios en la Constitución Política del Estado de 1994. A partir de entonces el Art. 171 establecía: " 1. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional y especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones".

Anulación de saneamiento "en contravención" y redistribución

Con el propósito de localizar tierras fiscales y redistribuirlas, recientemente el actual gobierno promulgó el DS 1697 que instruye al INRA ejecutar el saneamiento sobre las tierras comprendidas en el caso Bolibras. Según esa norma se debe "considerar únicamente la superficie que cuente con antecedentes agrarios sustanciados ante el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria".

Consecuentemente, el decreto establece la posibilidad de desalojar las posesiones asentadas en el predio a las que tipifica como ilegales y carentes de derecho propietario. "Las posesiones identificadas en el área BOLIBRAS son ilegales, no siendo objeto de reconocimiento de derecho propietario, estando sujetas al desalojo, conforme al procedimiento agrario".

Finalmente, la norma determina como prioridad "la identificación de tierras fiscales, según procedimiento especial de saneamiento".

El periódico Cambio reportó que según el viceministro de Tierras, Jorge Barahona, la disposición adicional única del decreto determina que "el INRA debe poner en conocimiento del Viceministerio de Tierras todas las propiedades que cuenten con resolución final de saneamiento o con título ejecutorial emitidos en contravención de la Ley 1715, para que esta instancia revise esos procesos", cita el mencionado matutino en su edición del 02 de septiembre.

Si de esa revisión técnica y jurídica el Viceministerio de Tierras identifica que hay algún error de fondo o irregularidades en la tramitación de este proceso, se planteará los procesos contenciosos administrativos ante el Tribunal Agroambiental (TAG) para que anule estos procesos y el INRA vuelva a ejecutar el proceso de saneamiento en esas áreas.

INRA dice que afrontó dificultades en 2013 cuando debió terminar el saneamiento

informe inra 2013

En la gestión 2013 el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) atravesó problemas financieros que pusieron en peligro la continuidad de su trabajo y afrontó conflictos por tierras que perjudicaron su labor, informó su director ejecutivo, Juanito Tapia García. En 2013 el INRA debió concluir el proceso de saneamiento de 106.771.041 hectáreas, iniciado en 1996.

 

Debido a que hasta la finalización del plazo, en octubre de 2013, el INRA no completó el saneamiento en el país, el gobierno gestionó una norma que ampliara el tiempo para terminar ese trabajo y promulgó en el mismo mes la Ley N° 429 que extiende por cuatro años el término.

 

Tapia afirmó que la conclusión del plazo “limitaba la posibilidad de realizar convenios nuevos de financiamiento, generaba inseguridad en los beneficiarios, quienes ejercían presión sobre el INRA y recrudecía(n) los conflictos agrarios (avasallamientos  en el Oriente y enfrentamientos regionales y comunales en occidente)”.

 

El INRA tropezó con problemas financieros desde el principio de la gestión pasada. Sólo contaban con Bs 95 millones para solventar su trabajo hasta julio, informó Tapia, quien explicó que en agosto se concretó un financiamiento adicional de Bs 34,88 millones provenientes del Tesoro General de la Nación y Bs 16,1 millones fruto de convenios con las gobernaciones de Tarija, Oruro y Pando, y los municipios de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba.

 

Según el Ejecutivo las áreas que debe sanear y titular el INRA  “son más complejas porque se trata de superficies de minifundio en occidente, de medianas propiedades y empresas en Oriente”.

 

La información se conoció públicamente en la “Audiencia de rendición de cuentas final 2013” que congregó a representantes de organizaciones sociales el 21 de enero en La Paz. El auditorio del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) fue colmado por representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la organización Bartolina Sisa, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, federaciones de campesinos de Potosí y La Paz; confederaciones de ganaderos de Santa Cruz y Bolivia; Central de Pueblos Indígenas de La Paz y dirigentes del sector intercultural.

 

Conflictos por tierras

El Ejecutivo del INRA también explicó que los conflictos por tierra son de diversa índole (Ver cuadro 1), algunos son por el derecho propietario, otros son de carácter político-administrativo como los provocados por los problemas de límites entre municipios, provincias y departamentos; también hay problemas de avasallamiento, sobreposición de demandas, organizativos, asentamientos ilegales, intercomunales, intracomunales, por usos y costumbres, incumplimiento de la Función Social o Función Económica Social, además de tráfico de tierras.

 

“Algunos de los conflictos los atendemos a corto plazo, otros a mediano y largo plazo”, afirmó el ejecutivo del INRA. Según su versión, en los casos que pueden intervenir propician la suscripción de actas de convivencia pacífica entre las partes en conflicto, pero en los problemas por límites no pueden hacer mucho porque no es su competencia. Entonces “se paraliza (el saneamiento) o se hace un tratamiento diferente, especial a fin de no conflictuar más el área”, dijo Tapia. Según él, “es el (problema) más sensible en el país”.

 

En total se reportaron 912 conflictos, que afectaron a 1.681.710 hectáreas en todo el país. La mayor superficie afectada corresponde a disputas por límites entre provincias, municipios y departamentos con un total de 698.898 hectáreas. En el otro extremo, es decir los que menor superficie, están los conflictos por tráfico de tierras que perjudicaron el saneamiento de 4 hectáreas.

 

La mayor cantidad de casos reportados, es decir, 458, corresponden a problemas por derecho propietario que implican disputan en las que dos o más partes dicen que tienen derecho sobre un mismo predio. El tráfico de tierras es el conflicto con un solo caso reportado.

 

En cuanto a la distribución de los problemas por departamento, la información del INRA muestra que Potosí es donde se registran más conflictos con un total de 30 por ciento de casos reportados, mientras que Pando y Cochabamba sólo reportaron 1 por ciento de problemas por tierras cada uno.

 

Cuadro 1. Tipos de conflictos por tierras

Tipo de conflicto

Superficie en hectáreas

Descripción

Derecho propietario

447.369

Dos o más partes tienen pretenden derecho sobre el mismo predio.

Político administrativo

698.898

Problemas de límites entre municipios, provincias y departamentos que paralizan el saneamiento. El INRA no resuelve ese tema, pero cuando se presenta ese conflicto se paraliza el proceso o se hace un tratamiento diferente, especial.

Avasallamiento

119.294

Algunos casos se dan en áreas productivas rurales, otros en áreas periurbanas donde se amplía la mancha urbana.

Sobreposición de demanda

237.520

Son documentos (títulos) que están sobrepuestos sobre una misma área.

Organizacional

112.398

Cuando existen disputas al interior de una organización o entre dos organizaciones. Esto impide el avance del saneamiento. Por ejemplo, en Chuquisaca entre el Conamaq y la Csutcb. Conamaq dice que el saneamiento se haga como territorio indígena (TIOC) y la Csutcb pide un saneamiento individual. Entonces se genera el conflicto entre organizaciones.

Asentamientos ilegales

17.806

Son las áreas de asentamiento ilegal.

Intracomunales

8.678

Sin información.

Intercomunales

20.767

Cuando una de las partes no quiere firmar la conformidad de linderos entre comunidades. A veces esos conflictos son ficticios, o son una acumulación de hechos de hace muchos años por motivos individuales entre vecinos. Uno de ellos se resiste a firmar para perjudicar al otro.

Incumplimiento de la Función Social y Función Económica Social

180

Sin información.

Usos y costumbres

0

Se dan en Potosí, La Paz y Oruro. Por ejemplo, cuando el papá o la mamá son expulsados por la comunidad, entonces la comunidad entera dice que ninguno de los dos debe titularse. En algunos casos plantean titular a nombre de los niños, además previo pago de una multa de 5 mil ladrillos.

Otros por especificar

18.797

Sin información.

Tráfico de tierras

4

Sin información.

TOTAL

1.681.710

 

Fuente: Información INRA. Elaboración propia.


Resultados 2013

Aunque según el director del INRA, Juanito Tapia, el saneamiento se complicó por las dificultades financieras y de tierras, el informe final reportó un saldo a favor en las labores de 2013 porque logró la titulación de 3,7 millones de hectáreas, es decir 1,9 millones más que en 2012 (Ver Cuadro 2).

 

Este logro representó la inversión de 18,11 millones de dólares, que es dos veces el monto empleado en 2012. Sin embargo, el costo de saneamiento y titulación por hectárea se redujo comparativamente con la anterior gestión de $us 5,05 a 4,89.

 

Finalmente, en 2013 se cuadruplicó la cantidad de títulos y certificados emitidos pues pasó de 34 mil en 2012 a 137 mil.

 

Cuadro 2. Resultados del proceso de saneamiento en la gestión 2013

Descripción

2012

2013

Diferencia 2012-2013

Porcentaje

Total en hectáreas Superficie Saneada y Titulada

1.718.093,00

3.700.000,00

1.981.907,00

215,36

Presupuesto ejecutado en $us

8.680.660,00

18.107.799,00

9.427.139,00

208,60

Costo promedio por hectárea ($us/ha)

5,05

4,89

-0,16

- 3,14

Títulos y certificados emitidos

34.039,00

137.158,00

103.119,00

402,94

Fuente: Información INRA. Elaboración propia.

 

 

 

 

 

La conciliación y la tecnología ayudan a reducir el minifundio

gestion comunal

La conciliación familiar y la incorporación de tecnología apropiada a la gestión de los derechos de propiedad en las comunidades del altiplano paceño ayudan a reducir el minifundio. Este hecho fue comprobado por el equipo de la oficinal regional Altiplano de Fundación TIERRA, explicó el especialista en temas agrarios Esteban Sanjines, en el seminario “Gestión local del catastro rural” realizado el 10 de mayo en el paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

 

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