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70% del área quemada coincide con avance de frontera agropecuaria

El 70 por ciento del área quemada por los incendios forestales en la Chiquitanía son predios fiscales y de propiedad de empresas agropecuarias, pues existe una estrecha relación entre las zonas afectadas por el fuego y las franjas de penetración de la frontera agrícola y ganadera, informó el presidente de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.

 

 

 

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, el área afectada por los incendios forestales alcanza a 1.000.100 hectáreas. Hasta ayer, había 30 incendios activos en nueve municipios.

 

Colque señala que los incendios se registran en los municipios de San José de Chiquitos, San Rafael, San Ignacio de Velasco, San Matías, Roboré y Puerto Suárez. Estas zonas —según el investigador— son precisamente las mismas donde actualmente se amplía la frontera agrícola y ganadera con fines comerciales, es decir, soya y carne bovina para exportación.

 

Argumentó que “no se dan los incendios en lugares donde no se penetra con la expansión de la frontera agrícola”.

 

“Las cifras preliminares que tenemos muestran que la mayor parte de las hectáreas quemadas serían tierras fiscales y tierras de empresas agropecuarias. Básicamente estaríamos hablando de un 70 por ciento, mínimo, del total de tierras quemadas”, afirmó Colque.

 

Por su parte, el gerente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Javier Landívar, indicó que existe una importante afectación provocada por el fuego, sobre todo por la quema de pasturas que representa el alimento para el ganado. La mayor afectación está en Roboré y San Rafael.

 

“Son zonas donde predominan los pequeños productores con grandes extensiones de bosques. Entonces eso ha sido, quizás, algo que ha hecho que sea mucho más dramática la situación para los productores de San Rafael y Roboré”, dijo.

 

Para Colque, los incendios forestales registrados en la Chiquitanía son una consecuencia de una política nacional agresiva que apunta a desmontar el bosque para convertirlo en predios agrícolas o ganaderos, para lo cual se modificaron normas que permiten el cambio de uso de suelo. De ese modo, tierras con vocación forestal ahora son utilizadas en la actividad agropecuaria.

 

Explicó que los asentamientos humanos en la Chiquitanía son parte de las causas del desastre, pero subrayó que la causa principal es dicha política nacional.

 

Gobernación cuestiona

 

El secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, dijo que existen determinaciones técnicas que señalan que los incendios forestales se han dado, en gran manera, en predios dotados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a comunidades campesinas, indígenas e interculturales. Observó, además, que dichos terrenos dotados son de vocación forestal y no agropecuaria, por lo que considera que se trata de una dotación ilegal.

 

“Qué espera el Gobierno para declarar desastre nacional (…), o qué está tapando. ¿O no quiere que se conozca la verdad con relación a los asentamientos irregulares que se llevaron adelante en esta zona?”, cuestionó.

 

Los Tiempos buscó ayer la postura en relación a este tema del viceministro de Tierras, Juan Carlos León, y del director del INRA en Santa Cruz, Sergio Imaná; sin embargo, no atendieron sus teléfonos.

 

DATOS

 

El fuego no cesa en Concepción. Es el municipio más afectado por los focos de quema. Militares, policías, bomberos y voluntarios trabajan en la zona con el propósito de mitigar el fuego. Hay 10 comunidades afectadas sólo en este municipio.

 

Brigadistas argentinos van a la Chiquitanía. Son 100 militares y 100 cascos blancos. Se dirigen al lugar del incendio con cisternas, grúas y una potabilizadora de agua.

 

Hay tres acusados de ocasionar incendios. La Policía de Roboré aprehendió ayer a tres hombres acusados de provocar incendios en la Chiquitanía. Portaban gasolina.

 

Focos de calor bajan de 8 mil a 142. La disminución se dio entre el 18 y el 29 de agosto, según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

 

Helicópteros de Perú operaron en San Ignacio. Las dos aeronaves que llegaron ayer desde el vecino país y, tras reconocer terreno, iniciaron la mitigación.

 

Gobierno seguirá dando tierras en la Chiquitanía. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, aseguró que el país necesita contar con alimentos, y que las nuevas comunidades garantizarán la provisión.

 

SUGIEREN AUDITORÍA PARA IDENTIFICAR RESPONSABLES

 

REDACCIÓN CENTRAL

 

El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, considera que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) deben ser sujetos de una auditoría ambiental para identificar responsabilidades en lo que respecta a los incendios forestales.

 

“Una vez que termine esta etapa de emergencia, el Gobierno nacional tendrá que ver las responsabilidades, tendrá que hacerse una auditoría ambiental gubernamental para valorar las respuestas y las responsabilidades, en este caso de la ABT y del INRA y organismos estatales que tienen una labor específica en el sector”, dijo.

 

Cabe mencionar que, la semana pasada, el director de la ABT, Cliver Rocha, informó que los incendios forestales de la Chiquitanía fueron provocados, en un 97 por ciento, por quemas ilegales. “Ni el 3 por ciento son quemas legales autorizadas”, agregó.

 

El presidente del Comité Cívico de Santiago de Chiquitos, Mauro Mendoza, manifestó que la Chiquitanía en su conjunto exige el freno a la dotación de tierras en esta región, ya que, según él, los denominados colonos son los responsables de los incendios.

 

Sin embargo, lamentó que, a la fecha, el Gobierno continúe otorgando resoluciones a nuevas comunidades.

 

Una similar postura tiene la Gobernación de Santa Cruz.

 

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