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El 90% de tierras para dotación fue para Csutcb e interculturales

La Fundación Tierra señaló que sólo el 4 por ciento de los beneficiarios de la dotación de tierras en el país, entre el 2006 y 2016, fueron indígenas del oriente, el resto  fueron entregadas a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y a la Confederación de Interculturales de Bolivia.

 

 

Estos datos también son reflejados en los informes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en los cuales se detalla que la Csutcb se favoreció con el 75 por ciento del total de tierras distribuidas, los interculturales con un 12 por ciento, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) con el 4 por ciento y las comunidades Patujú con el 1 por ciento.  El  8 por ciento no se especifica.

 

En este periodo (2006-2016) se distribuyó alrededor de 2,8 millones de hectáreas. “Las pocas tierras fiscales productivas están en parques nacionales, reservas fiscales y lo que está ocurriendo en la Chiquitanía es parte de esa política. Entonces no sé si vayan a desaparecer, pero lo que sí se puede afirmar es que están en peligro, pues tienen todo el respaldo de normas, tienen todo el respaldo de políticas estatales y eso es muy complejo”, sostiene el investigador de la Fundación Tierra, Esteban Sanjinés.

 

Las áreas forestales, parques nacionales y reservas fiscales están en peligro por la distribución irracional que hace el Gobierno a nombre de la expansión de la frontera agrícola, pero particularmente en el oriente, toda vez que en el occidente no hay disponibilidad de tierras productivas, además que las que producen ya fueron saneadas y tituladas, dijo Sanjinés.

 

Reveló que de las 106 millones de hectáreas que tiene el país se tituló más o menos el 80 por ciento, que significa 85 millones de hectáreas, y restaría el 20 por ciento.

 

“Para empezar en el occidente, entendamos como occidente como el altiplano, ya no hay más tierras para distribuir, todos tienen derechos de propiedad que no son nuevos, ya tienen su origen en la reforma agraria. La parcelación ha llegado al extremo donde ya no son sostenibles para que una familia pueda vivir de esa tierra, donde hay tierra es en el oriente boliviano, la tierras que restan o esas que se denominan aptas para la distribución”, explicó a Los Tiempos.

 

Refirió que lamentablemente estas tierras aptas para distribución es que están alejadísimas, en lugares inaccesibles, nadie las quiere porque se inundan en una época del año, porque no hay caminos, entonces qué se hace. “Lo que el Gobierno está haciendo es promover el cambio de uso de suelo de las áreas forestales, parques nacionales y está generando procesos de distribución de esas áreas porque son las únicas que están disponibles”, respondió.

 

Occidente-oriente

 

“No son productivas en términos de generar procesos industriales. Las tierras del altiplano pueden ser productivas para generar alimentos, haba, papas, quinua, pero si quieres generar un proceso industrial pues el altiplano no es el indicado, tiene que ser el oriente”, señaló Sanjinés.

 

Bajo la premisa de ampliar la frontera agrícola, el Gobierno está entregando las tierras en el oriente, por considerar que son las más apropiadas para el desarrollo agrícola.

 

“Ahí se le cae el argumento del Gobierno de decir necesitamos ampliar la frontera agrícola para producir alimentos, eso no es verdad, no vamos a producir alimentos en estas cuatro millones de hectáreas, pretenden convertirlas en áreas para producir soya, lo que se va a producir son para la producción agroindustrial”, sostuvo.

 

“¿Quién define cómo se distribuyen las tierras en este país? Bueno al parecer es un funcionario del Estado que está en el INRA, encargado de tener los datos , él es el que dice donde hay tierras y donde no hay tierras, dispone en función a lo que le dicta el director o el Ministro y dice a quién se distribuye”, cuestiona Sanjinés.

 

Pero, se puede ver que la distribución de tierras está distorsionada por la alianza pragmática entre el Gobierno del MAS y las empresas agroindustriales.

 

Interpelación

 

El diputado Amílcar Barral (UD) menciona que hay un total desconocimiento de lo que sucede en el INRA, pero que se ha conocido que operaba en coordinación con otras instancias estatales y que era manejada por  un clan familiar, la del ministro de

 

Desarrollo Rural, César Cocarico, donde dos de sus hermanos y primos estaban directamente relacionados con este tema.

 

“Se dan tierras a personas que pertenecen al MAS, estos las lotean y las venden en montos millonarios ..., debe haber una intervención transparente y con seguridad se va a descubrir que los actos de corrupción superan al Fondo Indígena”, indicó.

 

Rogelio Cocarico fue denunciado en 2017 por pedir 600 mil dólares para la titulación de tierras en Santa Cruz. Sobre Luis, el otro hermano del Ministro, pesa la denuncia de venta de permisos para comercializar coca, además fue sindicado en Tarija por estafar con tractores.

 

Para responder a varias cuestionantes, Cocarico será interpelado en la Asamblea Legislativa Plurinacional el 9 de noviembre próximo.

 

De las 106 millones de hectáreas que tiene el país, se tituló más o menos el 80 por ciento.

 

TERRENOS CULTIVABLES PARA CAMPESINOS

 

El viceministro de Tierras, Juan Carlos León Rodas, en su momento afirmó que “el 80 por ciento de las tierras cultivables en Bolivia está en manos de los campesinos, una política implementada por el Gobierno del presidente Evo Morales desde 2006, y que benefició a 48 mil 634 familias agricultoras’.

 

La distribución hasta la fecha de 3 millones 366 mil 589 hectáreas para la producción de verduras, tubérculos, frutales y otros productos destinados a la canasta familiar garantiza la seguridad agraria.

 

“De 1996 a 2005 los gobiernos neoliberales sólo distribuyeron 36 mil 834 hectáreas para beneficio de 563 familias agricultoras, cifras que se incrementaron considerablemente en los últimos años.

 

ENTREGAN TIERRAS DE FORMA IRREGULAR A TÚPAC AMARU

 

REDACCIÓN CENTRAL

 

En 2018 estalló un escándalo sobre las irregularidades que rodearon a la autorización de asentamiento de la comunidad Túpac Amaru dentro del parque Paquió, que corresponde a la reserva forestal del valle de Tucabaca, en la región de Roboré de Santa Cruz.

 

Aunque anularon este permiso, salió a la luz pública el hecho de que de los 33 beneficiarios la mayoría proviene de las comunidades cocaleras del trópico de Cochabamba.

 

Estos y otros casos muestran que la distribución tiene irregularidades y obedece fuertemente a intereses políticos y económicos.

 

“La estructura de la tenencia de la tierra se había distribuido entre campesinos, intercultrales, indígenas, todos han tenido como su parte en este proceso. No hay muchas más información relevante sobre lo que está pasando en torno a la distribución de tierras”, dijo el investigador Esteban Sanjinés.

 

Lo de la comunidad Túpac Amaru es una pequeña muestra, porque luego de una intensa lucha de los pobladores de Roboré se logró que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) anule el asentamiento.

 

La resolución de la institución reconoce que la comunidad estaba dentro del parque Paquió, que corresponde a la reserva forestal del valle de Tucabaca.

 

El INRA a sabiendas de esta situación entregó 1.700 hectáreas a la comunidad.

 

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