Fondo de pensiones al rescate de agroempresarios endeudados
Gonzalo Colque
El uso del fondo de jubilación de los trabajadores para préstamos agropecuarios aparenta ser una decisión lógica de cualquier inversionista pero en realidad oculta la complicada situación de los prestamistas: empresarios agropecuarios endeudados con las casas comerciales y proveedores de insumos agrícolas por más de 315 millones de dólares.
El gobierno nacional destinará 150 millones de dólares del fondo de jubilación de los trabajadores, en calidad de préstamos blandos, a favor de los productores agropecuarios del oriente. Las autoridades justificaron la decisión con una lista larga de supuestas ventajas. Los principales beneficiarios del crédito serían los pequeños y medianos productores, garantizaría la seguridad alimentaria de los bolivianos y, según el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, sería una oportunidad de inversión de alta rentabilidad para las administradoras de los fondos de pensiones. En resumen, una medida inteligente, favorable y lucrativa para todos.
Sin embargo, lo que aparenta ser una decisión lógica de un inversionista con sentido social, en realidad oculta la complicada situación de los prestatarios: empresarios agropecuarios endeudados con las casas comerciales y proveedores de insumos agrícolas por más de 315 millones de dólares. Esta deuda es consecuencia tanto de la sequía que afectó la cosecha de invierno del 2016 como del desplome global de los precios de las materias primas agrícolas desde el 2013.
En agosto del año pasado, la Asociación de Proveedores de Insumos Agrícolas (APIA) y la Asociación Nacional de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (APRISA), enviaron una carta abierta al Presidente Evo Morales señalando que la mora del sector agropecuario ascendía a 474 millones de dólares. Preocupados, pidieron la creación de un fondo especial de reactivación económica para que los agropecuarios honren sus deudas con las casas comerciales. En respuesta a similares demandas de los productores, el gobierno aprobó el 2 de agosto de 2016 el Decreto Supremo 2858 para autorizar la reprogramación de deudas con el sistema financiero pero esta medida fue inútil. El propio presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Rodas, se encargó de aclarar que en realidad el 97% de las deudas de los agropecuarios no era con las entidades financieras privadas sino con los proveedores de insumos agrícolas, maquinarias, pesticidas y semillas.
Antes de echar mano al fondo de pensiones, el gobierno y los agroempresarios barajaron diferentes opciones de salvataje. El pedido empresarial de reprogramación de la deuda con casas comerciales fue rechazado por el gobierno nacional y calificado de inviable debido a que este tipo de créditos comerciales están fuera del alcance de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el ente regulador del sistema financiero. El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) también desestimó refinanciar la deuda agropecuaria. Por su parte las casas comerciales interesadas en proteger sus intereses, sugirieron la creación de un fondo para la compra de deudas agroempresariales con bajos intereses y a largo plazo.
¿Por qué la banca privada no se interesa en el negocio agropecuario? Si fuera cierto que el agro ofrece una oportunidad de oro de alta rentabilidad; es de esperar que los bancos financien generosamente al sector, flexibilizando requisitos para préstamos y comprando las deudas de las casas comerciales. Sin embargo esto no sucedió porque a fin de cuentas los banqueros saben cómo y dónde lucrar. Usualmente se dice que los créditos para el agro son de alto riesgo, algo muy cierto, pero es igualmente cierto que el agronegocio es una actividad económica altamente especulativa, opera con bajo perfil público y reporta oficialmente utilidades muy bajas.
Para ilustrar lo dicho comparemos “YPFB Refinación” con las principales empresas del agronegocio (agroindustria y productores primarios) establecidas en Santa Cruz. El 2015, mientras el gigante estatal reportó 8,6 mil millones de bolivianos en ingresos y una utilidad neta de 504 millones de bolivianos; nueve empresas del agronegocio movieron juntos ingresos de similar tamaño (8 mil millones de bolivianos) pero la utilidad neta apenas alcanzó 51,7 millones de bolivianos. En otras palabras, la rentabilidad económica de la empresa estatal es casi diez veces mayor con respecto al grupo agroempresarial. La baja rentabilidad económica en realidad se explica por las prácticas ocultas de expatriación de la mayor parte de las ganancias por parte de las compañías transnacionales.
Otras supuestas ventajas de financiar a los agroempresarios endeudados con aportes de los trabajadores no soportan una mínima evaluación. Se dice que el ‘crédito blando’ será destinado para los pequeños y medianos productores, sin embargo, los mayores endeudados que necesitan el rescate son los grandes. En el caso de las deudas contraídas con empresas afiliadas a APIA y APRISA, solo 30 por ciento productores concentrarían el 60 por ciento de los montos adeudados. Es decir, más de la mitad de la deuda está en muy pocas manos y la otra mitad está desperdigada entre miles y miles de productores, incluyendo a los 12 mil afiliados a la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (CAPPO). Los datos de tenencia de la tierra reafirman que en la “zona de expansión agroindustrial” más del 60 por ciento de las tierras saneadas pertenecen a propietarios que en promedio poseen legalmente más 325 hectáreas por cabeza. Este grupo dominante espera el salvataje. En simple, los mayores beneficiarios serán los grandes productores endeudados y, por supuesto, las casas comerciales.
Es aún más fácil descartar la idea de que los ahorros de los trabajadores serán utilizados para garantizar la seguridad alimentaria de los bolivianos. Basta con decir que es bien conocido que la mayor parte de las tierras cultivadas se destinan a la producción de materias primas agrícolas de exportación, principalmente soya para la industria agroalimentaria de los países desarrollados y economías emergentes.
Una parte de los fondos de jubilación de los trabajadores está a punto de ser tomada por el poder político y económico sin mayor trámite para refinanciar directa o indirectamente la deuda agroempresarial de alto riesgo. No es una decisión técnica ni financiera, sino una medida política negociada durante varios meses entre el gobierno central y los empresarios cruceños para intentar rescatar a los productores primarios en crisis. Otorgar créditos ágiles a productores agropecuarios endeudados es la crónica de una condonación anunciada.
