El director de la Regional Oriente de la Fundación TIERRA habla de la problemática que termina incidiendo en la explosión de los incendios forestales, que podría ser un problema este 2021. Apunta a una serie de actores, incluido un Estado que forma parte de la cadena cómplice.
Se acerca la época más álgida para la flora y la fauna del departamento cruceño, la de los incendios. Y los hábitos siguen siendo los mismos, sobre todo en cuanto a avasallamientos, permisos de desmontes, resoluciones de asentamientos, violación a la norma de uso del suelo, lo que hace temer un panorama complejo, especialmente en la Chiquitania, zona donde los traficantes de la tierra han puesto la mira hace varios años, tal como reflejó hace un tiempo EL DEBER con un reportaje, y desde donde continúan surgiendo denuncias de parte de las autoridades originarias.
La Fundación TIERRA publicó un informe sobre la relación entre la tenencia de la tierra y lo incendios. El documento refresca la memoria, al recordar que fueron 3,6 millones de hectáreas las que se quemaron en Santa Cruz, que sumadas a las de Beni, alcanzaron las 5 millones de ha incineradas.
Según Fundación TIERRA, los incendios han expuesto a la luz pública la existencia de cientos de autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades campesinas en Santa Cruz, además de un modelo de desarrollo que no se cuestiona.
EL DEBER entrevistó a Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de la Fundación Tierra, para profundizar en el tema, sus actores, responsables y dinámicas.
- ¿Quiénes son los actores en todo este problema?
Hemos hecho mucha bulla y todos nos hemos angustiado por los incendios, pero vinieron las lluvias, calmó el fuego y es como si todo estuviera bien; no estamos viendo las causas. Los temas estructurales que tienen que ver con dos elementos: el tema de la tenencia de la tierra, a partir de ahí podemos identificar los factores socioeconómicos que están en la zona, y segundo, un modelo de desarrollo que no se quiere poner en cuestión. Si alguien cuestiona el modelo de desarrollo cruceño en base a la agroindustria, aparece como enemigo de Santa Cruz y este es un discurso que se ha posicionado en el imaginario colectivo y parece peligroso.
Lo que se trata es ver qué está pasando en términos de medioambiente, producción y también en términos de tenencia de tierra. Son elementos que están interrelacionados. La Chiquitania es un área de transición entre el Chaco y la Amazonia, es Bosque Seco Chiquitano.
Se trata de una formación bastante rocosa irregular, por el precámbrico no hay agua subterránea en la región, estos elementos la vuelven un área sumamente frágil. Toda el agua que se extiende en la región chiquitana es el agua de lluvia y entre este fenómeno de la lluvia y el fenómeno del bosque hay una relación directa. A menos bosque, menos agua.
Y esto es lo que no se quiere ver, se quiere mirar que el desarrollo es deforestación y es avance de frontera agrícola, pero en los últimos quince años la Chiquitania ha perdido más del 15% de humedad. Si bien por un lado es cierto que hay un efecto de cambio climático que es mucho más global, también ese efecto de las actividades nuestras de la región.
Si uno mira los niveles de deforestación en un año, más del 50% se están realizando en la región chiquitana. Del 2014 para hoy, puede verse que los primeros diez municipios con mayor cantidad de deforestación son chiquitanos. El nivel de desmonte en la Chiquitania es muy alto, es también alto en el Chaco, en la zona de Charagua, también hay un poco en el Norte Integrado, pero en la Chiquitania es muy visible.
Hay efectos concretos: pérdida de humedad en toda la región chiquitana, ya llevamos dos años seguidos con niveles de incendios realmente desproporcionados. Si bien en 2020 hubo una actitud de mayor presencia del Estado y mayor control en los incendios, y no llegaron a la dimensión de 2019, no quiere decir que se haya actuado para evitar las causas del incendio.
Otro fenómeno que debe analizarse es el precio de la tierra, no es lo mismo una hectárea de monte que una hectárea en el mismo lugar, pero esa hectárea sin bosque. Hay una plusvalía por el cambio de uso de suelo, que depende de la ubicación, va entre 800 y 1.200 dólares solo por este cambio. Es una dimensión económica del cambio de cobertura boscosa, entonces uno comienza a entender por qué hay cierta gente interesada en el fuego como un factor o mecanismo que elimina el bosque.
En términos de actores, en la zona hay grandes propietarios. Toda la Chiquitania tradicionalmente es la región de mayor actividad ganadera de Santa Cruz y del país. Son propiedades medianas y grandes que se dedican a la ganadería y que están en ese proceso de cambio de tierras forestales a pasturas para cría del ganado. En la región también se ha ido dando el cultivo de la soya, al ir hacia la carretera Bioceánica se evidencia que desde Pailón hasta San José todo es soya, pero además se comienza a sembrar soya de San José hacia San Rafael, Carmen Rivero Torrez, cosa que nunca pensé ver.
Hay centros de acopio de soya en Concepción, que es la parte más elevada del cerrado chiquitano, eso significa que hay productores de soya en Concepción. Hay soya en la zona de Santa Rosa de la Roca, camino a San Ignacio de Velasco, eso implica una ampliación de frontera agrícola con un sistema de cultivo que es totalmente diferente, porque no es el cultivo tradicional de la siembra del maíz o de la yuca que hace el agricultor tradicional.
En esto hay una erradicación de raíz de todo el bosque para nivelar suelos y sembrar la soya, totalmente mecanizada, entonces hay un impacto en el medioambiente mucho más alto y podemos ver una ampliación de colonias menonitas, empresarios brasileños y bolivianos, pero también viene otro actor socioeconómico, las tierras de la Chiquitania han sido calificadas como tierras forestales y fueron concesiones forestales en algunos casos y en otras se han mantenido como tierra del Estado de vocación forestal, el Gobierno las ha declarado tierra fiscal en el proceso de saneamiento.
Como son tierras fiscales, el Estado dispone qué hacer con ellas y ha empezado a entregarlas a nuevas comunidades que no son de la región, con factores que se unen en este aspecto. Hay una intención económica de dar la tierra a gente que quizás no la tiene, pero los beneficiarios son no campesinos, que llegan sobre todo de zonas urbanas, de ciudades intermedias, como Yapacaní, San Julián, Villa Tunari, Quillacollo, de Santa Cruz de la Sierra y de fuera de Santa Cruz, pero no son personas que vienen en una migración campo-campo, sino más bien militantes del partido de Gobierno que están en las ciudades y, como un bono de lealtad, se les está entregando un pedazo de tierra.
Es un mecanismo camuflado de tráfico de tierra, porque se entrega tierra a 30 familias, pero al ver esos expedientes del INRA después de dos años, la lista de beneficiarios ha ido permanentemente cambiando. Esto demuestra que hay una venta de derechos expectaticios o de posesión.
Se está haciendo tráfico de tierra a pequeña escala, pero que es totalmente censurable porque hay gente que sí necesita tierra y que es de la zona; sin embargo, se están beneficiando a ciertos sectores por intereses políticos y económicos. Se ha querido cambiar el mapa político en la región chiquitana a través de estas nuevas comunidades.
Con las pasadas elecciones pueden verse las consecuencias, como las protestas por el acarreo de personas y buena parte se debe a estas nuevas comunidades, que entre las obligaciones que tienen, además de trabajar la tierra, está en ejercicio político en lugares donde se les ha entregado tierra.
Hay elementos políticos y económicos, y grandes consecuencias ambientales y no es solo un interés o una sola consecuencia, todo un escenario en el que se juegan muchas interesantes. Y como se ha sembrado toda una narrativa de que este es el camino de desarrollo de este pueblo, pues no se quiere poner en el centro del debate un modelo de desarrollo que está generando esta conflictividad socioambiental en la región.
- ¿En qué medida se está violando el Plan de Uso del Suelo (PLUS)?
El PLUS ha sido aprobado por decreto y después por ley, es una ley del Estado Plurinacional, pero en este proceso no se la está considerando. Se están entregando tierras forestales para actividad agrícola, no se han considerado las tierras protegidas, el caso concreto, Copaibo en Concepción, que está en conflicto de superposición por algunos asentamientos.
Tampoco se ha contemplado la creación del Área Protegida de Ñembi Guasu en la autonomía indígena de Charagua ni las declaraciones que hizo Charagua, el INRA ha ido entregando derechos en esas regiones. No se respeta el plus ni algunas normas de áreas protegidas a nivel municipal.
No han pasado estas disposiciones de distribución de tierras fiscales por la Comisión Agraria Departamental, creada por la ley INRA como un mecanismo justamente de contestación entre las organizaciones sociedad-civil, ligadas al tema de la tierra, de lo rural, y del Estado que tiene que defender un interés público. Se ha ignorado a la Comisión Agraria y se ha procedido a la entrega de tierras.
- Hay un silencio total. El INRA no responde a lo que sí le compete ¿Qué hace la ABT?
En el tema del INRA, si bien su mandato es definir derecho de propiedad y lo hace más allá de la clasificación del uso de suelo. En esa lógica, el INRA puede reconocer una parcela de 50, 500 o 1000 ha. en un lugar que incluso es clasificado por el PLUS como actividad forestal o de protección, pero como alguien es dueño, el INRA le reconoce ese derecho de propiedad y será la ABT que tenga que ver en qué medida le autoriza hacer actividades económicas ahí, que impliquen un cambio de uso de suelo.
Hasta ahí el INRA actuó bien, pero otra cosa es cuando el INRA declara que una tierra es fiscal y de propiedad estatal y por encima del PLUS que le dice que es para una categoría X, el INRA decide entregar a los particulares para una actividad económica Z. Ahí ya está yendo contra la norma.
Actúa correctamente cuando está reconociendo un derecho preexistente, ahí entra la ABT, que tiene que regular cómo se ejerce ese derecho de propiedad, pero el INRA no puede reconocer el uso que determina el PLUS al momento de administrar las tierras fiscales. No puede entregar tierra forestal para uso agrícola, no puede entregar tierra que está señalada en el PLUS como de protección, para generar actividades ganaderas, ahí el INRA tiene que ajustarse al PLUS en el destino de las tierras fiscales que están administrando. Y esto no toma en cuenta.
La ABT es la Autoridad de Bosque y Tierra, hereda todas las competencias que antes tenían la Superintendencia de Tierra y la Superintendencia Forestal, es responsable de definir el uso de la tierra. Tiene la obligación de proteger, por ejemplo, el tema del bosque, que es patrimonio del Estado, velar por la conservación de los recursos forestales y debe autorizar en qué medida se puede hacer una conversión del uso del suelo, si eso está o no dentro del PLUS.
Si el PLUS dice que fuera de una franja no se puede hacer actividad agrícola, la ABT debería respetar, sin embargo, por un lado no lo respeta, y segundo, se han creado, como todo en este país, procedimientos irregulares para viabilizar. Como la ABT no puede autorizar, el propietario lo que hace es desmontar, sembrar y hasta que la multa le llegue en tres años, ya estará en la cuarta cosecha. Este es el mecanismo que lo saben el productor, la ABT, los intermediarios y se actúa de esa forma. Lo hacen nomás y después se legaliza.
- ¿Esa es la lógica de los letreros con nombres de comunidades en el Área Protegida Bajo Paraguá y de las aperturas de caminos?
La diferencia es que en los letreros, esas comunidades son fantasmas a las que el INRA les ha otorgado un derecho y son comunidades donde han ido a asentar un letrero. Hacen cierto chaco, la ABT les da una autorización que se llama Plan de Desmonte de 20 hectáreas (PDM20).
Con ese permiso están sacando la madera que tiene un valor económico. Están haciendo un chaco de dos o tres hectáreas, que lo hacen entre cuatro o cinco, y con ese pretexto están sacando la madera de todo el área. Hay mecanismo de tráfico-tierra, piratería de madera, todo eso con complicidad de autoridades estatales, el INRA y la ABT, porque obedece a una lógica de ocupación espacial y política del territorio, y de ampliación de un modelo económico hacia nuevas regiones del país.
Se está ampliando este modelo productivo y con todos los efectos destructivos que eso puede traer. Pero no se discute ni se quiere discutir el valor del bosque. Si no se reconoce el valor económico del bosque lo vamos a ir destruyendo y las consecuencias serán muy grandes, sobretodo para ese campesino tradicional. Quien llega a hacer negocio cuando el negocio está mal, se va a otro lado, pero la gente que vive en la zona no tiene esa mentalidad y no tiene esas posibilidades.
- ¿Qué pasa con los planes de manejo?
Son los planes de manejo comunitario. En eso hay algunos ejemplos, primero que la actividad forestal genera ingresos importantes para las comunidades y lo segundo es que hasta hoy se ha visto que el problema no está en la actividad forestal y en los planes de manejos el punto, sino en cómo se manejan dentro de las comunidades.
Vemos que hay un plan comunitario a nombre de una comunidad y lo controla un grupo reducido, dentro de ese grupo hay personas que básicamente están pagando a la dirigencia comunitaria para que ellos sean los administradores del plan, que están vendiendo al mejor postor. No hay transparencia en la distribución de esos ingresos. Por eso mucha gente comienza a cuestionar esto, porque no se ve beneficio para la comunidad sino para quienes lo están administrando.
Esto es muy positivo en lo forestal y ambiental, pero si no se maneja de manera adecuada, va a generar una actitud de rechazo dentro de la comunidad y eso pasa en la TCO de Guarayos, con 80.000 ha de manejo forestal. Por eso hay cuatro organizaciones del pueblo guarayo, porque hay una pelea por los recursos de la distribución de la tierra forestal.
- ¿Por qué la ABT avala a determinados grupos para administrar los planes de manejo?
En general hay estos problemas de mal manejo dentro de las comunidades. El tema es quién está administrando esos recursos y cómo se distribuyen. No hay claridad, y quienes manejan los recursos son los que determinan los dirigentes en estas comunidades. Hay muy poca transparencia.
Hago una sugerencia, en la ABT debería haber una unidad de asuntos indígenas, como en un momento hubo, que debería transparentar el manejo de recursos forestales. El otro elemento es también como un pedido al Tribunal Electoral Departamental, todas las organizaciones indígenas se han dividido prácticamente por intereses políticos o económicos y quien terminó como representante legal es el que tiene el mayor respaldo del nivel político central.
Es hora de que haya un tribunal con una imagen de mayor independencia política que pueda comenzar a inmiscuirse. Cada una de esas organizaciones tiene un reglamento, un estatuto, una forma de elegirse, comenzar a participar para que cumplan ese reglamento, para que haya legitimidad en esas organizaciones. Es una recomendación hacia el Órgano para que las representaciones de esas organizaciones indígenas nazcan justamente del mandato mayoritario de sus bases, de acuerdo a sus normas estatutarias, y no al padrino político que tengan uno u otro.
- ¿Es una fantasía la auditoría de una tierra?
Hubo revisiones a procesos de saneamiento de tierras en algunos lugares, pero procesos de auditoría… Desde el INRA hay una actitud de cerrar la información. Fundación Tierra ha logrado conseguir información y podemos hablar con fundamento de que en la región chiquitana, desde 2013 hasta 2019, prácticamente hay alrededor de 1.400 nuevos asentamientos. Eso es lo que debería verse, quiénes son.
Una auditoría debería revisar cada uno de esos expedientes. Ver cuáles eran las listas de beneficiarios, si siguen los mismos, por qué se les dio a ellos, por qué se les negó a otros, eso es auditoría, y eso está muy difícil de lograr. Es asumir que todo ese proceso de distribución de tierra fue muy mal hecho, así fue, pero que el propio INRA asuma eso y empiece a revisar lo que hizo, lo veo muy difícil. No hay voluntad política para eso. Podría tratarse de que hay una deuda política, la tierra es un premio y revertir eso es fundirse.
Posibilidad de auditoría a la distribución de tierra… podría haber si hubiese un cambio de Gobierno. El cambio de Gobierno que hubo en 2020 no tuvo ni voluntad ni fuerza, ni tiempo para hacerlo, y quienes están ahora tampoco cuentan porque es hacerse una auditoría a un proceso que ellos mismos han decidido llevar por una visión política. No lo harán.
- Los indígenas de tierras bajas tuvieron una asamblea (Ganpi) y también el Comité Cívico conformó su Comité de la tierra ¿Cómo cree que se está tratando a los indígenas
Es un tema que desde hace mucho tiempo he tratado de explicar a la gente. Las poblaciones indígenas de tierras bajas tienen una cultura en la que la acumulación no es parte de ellos. No son pueblos que piensan en producir, generar riqueza, acumular; no.
Su visión del futuro es muy inmediata. Vivo ahora y lo que más puedo planificar es hasta mañana. Y son pautas culturales. Son pueblos en los que, además, la actividad agrícola no ha sido su fuerte, no está enraizada, por eso no son pueblos de culto a la Pachamama, son pueblos de culto al jichi o al iya, en los pueblos guaraníes, que son espiritualidades, dueños del monte, de las aguas y de los animales. Esa es la lógica de pueblos cazadores recolectores y no agricultores.
La cultura no está ligada a la economía mercantil, donde las cosas tienen un valor de uso y un valor de cambio; lo que prima es el valor de uso. Si para un indígena una piedra no tiene uso, la va a vender al precio que le ofrezcan o la regala. No está viendo que esa piedra, por ejemplo, es usada después para hacer cerámica o pisos que tienen un valor comercial más grande.
Desde nuestra lógica, censuramos a estos pueblos porque no piensan lo mismo en esta dimensión económica en la que está este mundo moderno, y entrar en esa lógica son procesos largos. El Estado no puede forzar a la gente, pero sí lo que el Estado está llamado a hacer es tomar medidas de protección para que otros no se aprovechen del desconocimiento de ese pueblo. El Estado no los protege y lo que hacemos es criticar por desconocer sus leyes. Y otros aprovechan para explotar.
Esto desde el punto de vista de la cultura, pero ahí coinciden nuestros agroindustriales cruceños con los colonizadores o interculturales, y es que ambos sí valoran esta lógica productiva, de acumulación, de producir no para ellos, sino para un mercado. Ahí hay coincidencias porque estos sectores sí tienen una mirada de la tierra, del trabajo y de la producción. Esa mirada mercantil en las tierras bajas no existe, es muy incipiente, entonces se aprovechan de eso.
- ¿Cuál es el rol de los menonitas?
Los menonitas son muy censurados por algunos debido a su forma de trabajo, que es muy depredadora, y que es valorada por otros por la capacidad de trabajo y de producción.
Hay muchos elementos positivos y otros muy criticables. Es gente muy honrada, honesta, trabajadora, produce y genera alimentos, desde los últimos 20 años no reciben tierras gratuitas del Estado, compran la tierra a los bolivianos. Y su producción no es mayor a 50 ha por familia. El tema es que hacen acopio en conjunto. Hay un nivel de organización y unidad muy grande.
El problema con los menonitas es que son depredadores en su forma de trabajo, se resisten hasta a respetar las cortinas de viento, tratan de usar todo el espacio para la actividad agrícola y queda la tierra arrasada. Otro elemento es que como los menonitas tienen una capacidad económica para comprar tierra, terminan en gran parte comprando problemas, porque hay propietarios de tierras que tienen irregularidades y después se ven envueltos en extorsión o corrupción.
El ex ministro César Cocarico estuvo involucrado en uno de estos casos. Son objetos de estafa, engaño y, a veces, hasta cuando vienen a tomar un taxi, tratan de robarles. Lo engañan desde el abogado y el empresario, que le venden papeles truchos, hasta el funcionario del INRA, hay una cadena que trata de vivir de estos sectores. Da pena que el Estado en vez de cortar esa cadena de estafa termine siendo parte de aquello.
- ¿Qué información tiene respecto a la relación de los hacendados brasileños y de gente de la Iglesia con la tierra?
Los brasileños están muy metidos con las haciendas ganaderas, no sé si esa es la finalidad o la hacienda ganadera es un mecanismo para consolidar las tierras. Hay algunas áreas que son muy visibles, por ejemplo en Carmen Rivero Torrez, más de la mitad del municipio está en manos de los brasileños. Y eso lo sabe el INRA.
Cuando fui director del INRA en 2004 suspendí a una empresa de saneamiento que trabajaba en la zona porque se estaba haciendo el proceso de saneamiento para blanquear esas grandes propiedades de los brasileños. En 2006 hicieron una auditoría y el resultado de eso nunca se supo, pero sí se sabe que se han consolidado esas grandes propiedades en Carmen Rivero Torrez.
Otro municipio es San Ignacio de Velasco. Hay mucha presencia con niveles de deforestación muy grandes y es preocupante porque no generan empleo para los bolivianos. Traen sus propios trabajadores y hay una actitud hacia las comunidades cercanas de abuso, hay muchas de esas propiedades que son muy grandes, como en la zona de San Ignacio, donde están los irlandeses, que son cerca de 70.000 ha, divididas con el beneplácito del INRA en 14 propiedades menores a 5.000 ha, todas consolidadas.
Para mantener con agua a 40.000 cabezas de ganado necesitan represar el agua por todas partes, entonces tienen más de 60 represas y eso significa que el agua ya no corre, y que hay comunidades vecinas, como Santa Anita o Santo Espíritu, que ya no reciben agua, tienen sus represas comunales, pero el agua no llega. Cuando se empieza a poner cercas al agua, se genera un problema que ya está más abajo de la cuenca. Es un tema que no se regula en la zona.
- Es un problema muy recurrente en la Chiquitania y que ya está acarreando muchos problemas de escasez ¿Qué instancia del Estado debe establecer sanciones al que se apropia del agua?
Aquí hay un vacío legal, porque la Ley del agua que tenemos es de comienzo del siglo pasado, está desactualizada y la única autoridad que debería actuar es el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, pero no está haciendo nada. La Gobernación no ha tomado iniciativa y debería hacerlo porque se pueden crear leyes departamentales que regulen el manejo de estas cuencas, la protección de estas cuencas. Ahí está el problema.
El tema de la Iglesia es muy controversial, porque la Iglesia juega roles muy diferentes, de asistencia social, de apoyo a bastantes comunidades en múltiples temas, como salud y educación, y en el pasado apoyó a las comunidades chiquitanas. Este es un rol y una cara de la Iglesia. Sin embargo, también hay una actividad económica fuerte que no sé hasta dónde es Iglesia, o son personas a nombre de la Iglesia. Hasta donde sé, una de esas personas maneja alrededor de diez propiedades a nombre de la Iglesia en San Ignacio de Velasco, y ese manejo hace pensar que es propiedad privada y no del Arzobispado de Velasco.
Son cosas que uno no puede creer que se estén dando en el siglo XXI. La Iglesia, dueña de diez haciendas, con trabajadores ahí adentro, dueña del aserradero, de la radio, del canal de televisión, del hospital, medio pueblo es casi de la Iglesia. No sabemos si todo es de esa persona o de la Iglesia. En vez de precariato, la gente los conoce como los ‘vacariatos’.
- De las 1.400 comunidades con resolución de asentamiento en la Chiquitania, ¿cuántas hay en San Ignacio?
No recuerdo exactamente, pero solo en el Bajo Paraguá son como 81. Es impresionante la bomba de tiempo en el tema de incendio, por la cantidad de familias. Cada comunidad tiene un promedio de 30 familias. Para hacer números redondos, mil comunidades, por 30 familias, se está llevando a la zona 30.000 familias. Entendemos que hay dos millones de hectáreas que se están entregando.
La Chiquitania tiene alrededor de 250.000 personas, pero si hacemos cálculos de 1.000 comunidades nuevas por 30 familias cada una, hablamos de 30.000, que si se multiplican por 4, ya son 120.000 personas. Este es el impacto a nivel de población. La población que debería asentarse con estas 1.400 comunidades es casi igual a la que ya existe en la región. Es gente que va a pedir escuelas, caminos, hospitales y agua a los gobiernos municipales. A ellos se les está dando una carga, pero no se les preguntó nada. Están duplicando la población, pero no hay recursos. Hay problemas serios que se van a ir generando.
- Casi todas son comunidades interculturales en el camino hacia Piso Firme, en el distrito 7 de San Ignacio de Velasco.
El 100% de estos asentamientos están avalados por las Bartolinas Sisa o la Federación de Campesinos, pero más o menos la mitad de todos esos asentamientos están avalados por esa última, y la otra mitad entre bartolinas e interculturales. La decisión ha sido política, de dar tierras a los sectores afines al MAS, por eso no se está dando tierra a los pobladores del lugar.
- ¿Desde los sindicatos se decide quién va y a qué parte?
Esas organizaciones son parte de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), el Estado Mayor del MAS. Ellos han peleado por esta cuota del poder y Evo se las dio. No hay una dotación de tierras que no haya pasado por estas organizaciones ¿Qué pasará ahora? No lo sé. Esperamos que tenga más institucionalidad que manejo político.
- ¿Se ha puesto al ratón a cuidar el queso en materia de tierras, bosques y áreas protegidas?
Ahora no solo está el tema de Teodoro Mamani en el área de zonas protegidas (Sernap), el propio ministro de Desarrollo Rural y Tierras es del sector intercultural de la zona de San Julián o Cuatro Cañadas, y hace poco los interculturales de Guarayos pedían la renuncia del director nacional del INRA, que recién está en el puesto. Se debe justamente a estos intereses, de que aparentemente pusieron un director del INRA que no responde a los interculturales, a la Federación, y parecería que buscan cierta institucionalidad.
- ¿Qué se viene con el tema de los incendios?
Si los aspectos que fueron las causas de los incendios en 2019 no se cambiaron, por qué 2021 tendría que ser diferente. Siguen los asentamientos, sigue dándose la orden para deforestar y siguen los PM20.
- El problema del agua es muy grave, 60% menos de peces, etc ¿Cómo se explica que la cosecha de agua no sea fundamental? ¿Las medidas para preservar el agua son adecuadas?
Depende de la zona. En Bajo Paraguá quizá sea posible. No pasa lo mismo en la zona del Alto Paraguá, Concepción, San Javier, Lomerío, San Miguel. Todos esos están en el centro del escudo chiquitano, ahí está la piedra del precámbrico, que es una piedra impermeable, si se encuentran bolsones de agua, qué alegría, porque pueden administrarlos bien y tener agua por un tiempo. Pero también puede no ser así. Hay que trabajar con cosecha de agua, con mecanismo que no impliquen juicio en el tema de la ganadería, no con represas, porque eso corta el flujo del agua de la cuenca, sino más bien lo que se permite no es retener con un muro, sino cavar hacia abajo. Si hay una sequía, secará y quedarán los pozos. Esa es una garantía para generar abastecimiento de agua, pero sin cortar el curso del agua para gente que está más abajo de la misma cuenca.
- ¿Tiene presión de la instancia central Fundación TIERRA?
Sí, entre 2017 y 2019 tuvimos, sin embargo, no pasó nada. Fundación TIERRA no genera opinión política y habla con estudios y fundamentos. Si a alguien le incomoda, es otro asunto, porque estamos demostrando hechos, somos una institución de investigación.