La ausencia de defensa efectiva de la Madre Tierra, los daños que le perpetran: la explotación hidrocarburífera, la nueva ley minera –que permite a la minería “hacer lo que le da la gana”–, el cultivo de soya transgénica, lo mismo que la construcción de las megarepresas hidroeléctricas, la inexistencia de un catastro rural de tierras, que abre las puertas al peligroso tráfico de tierras y a la corrupción, son factores que ilustran la ausencia de gobernanza de la tierra en Bolivia. Estos criterios fueron expresados por expertos, investigadores sociales y ruralistas en la mesa de diálogo “Balance de la política de tierras 2006-2018”, realizada en Cochabamba en febrero pasado.
“Sino logramos detener el proceso extractivo, de destrucción, habremos perdido como pueblo, como sociedad, como cultura”, afirma el investigador Arturo Villanueva. Junto a él participaron Gonzalo Colque Director de TIERRA, José Espinoza investigador, Rafael Puente del Colectivo Cueca.
El contexto
Con la aprobación de la Ley 3545 en 2006, el gobierno de Evo Morales prometió la reconducción del proceso de saneamiento y titulación de tierras para la recuperación de las tierras de gran propiedad concentradas en pocas manos y favorecer a pueblos indígenas y comunidades campesinas. Este proceso quedó trunco muy pronto hacia finales de 2010, instaurándose desde entonces un acercamiento cada vez más estrecho entre el sector agroempresarial y el gobierno nacional. Como resultado, varias acciones están en curso, junto con retrocesos legales en materia de protección de bosques, tierras fiscales, ecosistemas frágiles, territorios indígenas y otros. A pesar de sus implicaciones de consideración, no existen espacios suficientes de diálogo y análisis de estos cambios de interés público.
Esta mesa de diálogo fue parte de una iniciativa de Fundación TIERRA y contó con el apoyo de WeltHungerHilfe (WHH) para la protección y defensa de los derechos territoriales de las poblaciones campesinas e indígenas en el marco del proyecto “Mejora de la gobernanza de la tierra en comunidades rurales e indígenas de Bolivia y Perú: Promoviendo el derecho y acceso a la tierra”.