El estudio “Marginalización de la agricultura campesina e indígena” de Gonzalo Colque, Miguel Urioste y José Luis Aguirre (en adelante “el estudio”), por sus alcances, se constituye en uno de los pocos -sino el único- de los últimos años que ensaya una visión relativamente completa y actualizada de la agricultura campesina[i], incorporando análisis causales y prospectivos, y algunas consideraciones sobre las dinámicas locales y nacionales que conciernen al desempeño del sector.
Asumiendo el riesgo de perder o distorsionar esa visión integral del estudio, en los siguientes párrafos se propone la discusión focalizada de algunos temas referidos a las políticas públicas que intervienen en el comportamiento de la agricultura campesina. Para ello se parte de la tipología de agricultores incorporada en el estudio, aprovechando que es planteada precisamente con fines de diseño de políticas públicas (según lo aclaran los autores) y su carácter en cierto modo transversal en el contenido del estudio.
La tipología de agricultores familiares descrita por el estudio distingue en principio dos categorías de productores: la agricultura campesina (o productores de subsistencia) y la agricultura familiar, a partir de una diferencia cualitativa entre ambas (en la agricultura familiar las “unidades productivas…ante todo son de tipo capitalista”, pág. 81). Sin embargo, al mismo tiempo, admite un origen único de ellas, ya que la agricultura familiar (que comprende dos estratos: ´los productores de commodities` y los ´agricultores familiares mercantiles`) originalmente fue parte de la agricultura campesina; surgió como resultado del proceso de diferenciación de ésta.
El estudio también reconoce que esta tipología se funda en el “…grado de inserción al mercado tanto nacional como global, así como de su condición económica” (pág. 65). De ahí que el estrato de los ´productores de commodities` no sólo expresarían la mayor inserción al mercado sino las mejores condiciones económicas, mientras que los que permanecen en la ´agricultura campesina` estarían en el otro extremo, vale decir, “débil pero crecientemente conectados al mercado” (pág. 1) y con los índices de pobreza más altos del país.
Además, el estudio establece que -a pesar de su pérdida de importancia productiva- los principales proveedores de los alimentos más consumidos por la población nacional (y por ellos mismos) son todavía los productores de la ´agricultura campesina`, aunque la información que presenta para respaldar esta participación (Cuadro 5) contiene algunas imprecisiones notables como el atribuir a este sector la totalidad de la producción nacional del trigo[ii]. Y no sólo ello, este estrato sería aún la mayor fuente de diversificación de alimentos primarios y de conservación de los suelos, debido al mantenimiento de sus prácticas y racionalidad productivas. Obviamente los ´productores de commodities` estarían en el otro extremo, por su también extrema especialización, mientras que los ´agricultores familiares mercantiles` participarían con pocos cultivos en la alimentación nacional, aunque algunos de ellos -como el arroz- son de consumo masivo; asimismo, pequeños segmentos de este sector habrían preservado o adoptado prácticas productivas conservacionistas a pesar de su especialización.
Por último, siempre de acuerdo al estudio, el estrato de la ´agricultura campesina` paradójicamente expresaría las peores condiciones de seguridad alimentaria, en tanto que los ´productores de commodities` y los ´agricultores familiares mercantiles` tendrían los mejores índices, mucho más aquéllos que éstos. La base de esta mejora sería el aumento de sus ingresos monetarios que les permite comprar los alimentos que ya no producen y otros incorporados en su dieta a la par de su tránsito a la condición de ex campesinos. En otras palabras, estos dos estratos de la agricultura familiar han avanzado en su seguridad alimentaria, pero han retrocedido en términos de su importancia para la seguridad alimentaria de la población nacional.
Como se puede ver a través de esta caracterización de la tipología actual de productores, el proceso de diferenciación que se ha presentado en la que fue una agricultura campesina relativamente homogénea, ha definido prácticamente el comportamiento de la seguridad alimentaria de los mismos productores y de la población nacional, y de la pobreza rural. Obviamente el estudio no lo dice, pero resulta casi inevitable admitir que esta impronta ha adquirido tal fuerza que parece haber definido incluso axiomas del desarrollo de la ´agricultura campesina`. Dos de estos axiomas parecen ser los más contundentes.
En primer lugar, el camino más efectivo para que un campesino (que quiera permanecer en el campo) reduzca sus condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria, es precisamente dejando de ser campesino; es decir, transitando de la ´agricultura campesina` a la agricultura familiar. Los campesinos que no pueden tomar ese camino (por insuficiente atención del Estado) deben emigrar o (si no pueden hacerlo) deben reducir sus actividades agrícolas y ampliar y/o profundizar las no agrícolas; esto es, permanecer en la ´agricultura campesina`, pero sin la garantía de que ello les permitirá superar sus condiciones de subsistencia y de precaria seguridad alimentaria.
En segundo lugar, los productores de la ´agricultura campesina` no quieren permanecer en ella, no solamente porque les significa entramparse en la pobreza, sino también porque no les interesa mantener sus actuales sistemas productivos; de otro modo, al menos algunos segmentos de la actual agricultura familiar los habrían mantenido. Esto significa, por ejemplo, que si el Estado boliviano decidiera fortalecer masiva y efectivamente a la actual ´agricultura campesina` de tal modo que pueda acceder más competitivamente al mercado, la consecuencia lógica sería un masivo tránsito de los productores de este estrato a la agricultura familiar, con todas sus implicaciones ya presentadas.
El corolario lógico de estos axiomas es que en Bolivia la superación de las condiciones de pobreza y de inseguridad alimentaria de los productores de la ´agricultura campesina` tiene como contrapartida inevitable la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria nacional (por el aumento de la dependencia de la importación de alimentos) y la pérdida de soberanía alimentaria nacional (entendida por el estudio como “agricultura sostenible, producción agroecológica, socialmente justa y orientada al abastecimiento a nivel nacional y local”, pág. 108).
Pero la contundencia de las repercusiones que conlleva este corolario obliga también a plantearse varias preguntas, por ejemplo: ¿cómo se llegó a esta situación tan azarosa, casi prisionera de designios? ¿es el resultado de fenómenos económicos, sociales o políticos incontrolables porque responden a tendencias históricas universales? ¿es ajena a la acción deliberada de los gobiernos nacionales, es decir, a las políticas públicas? ¿es posible romper o cambiar ese destino, al parecer, inexorable de la agricultura campesina? .
Obviamente el estudio no se planteó responder a estas interrogantes porque no era su propósito. Tampoco es pretensión de este artículo hacerlo y mucho menos de manera profunda. Pero se pueden obtener algunas luces para responder a ellas proporcionando referencias respecto a una: la que apunta al rol de las políticas públicas.
Es bastante conocido que a mediados de los años ochenta del anterior siglo el gobierno de ese entonces inició una nueva etapa del desarrollo de Bolivia con la instauración de medidas de corte neoliberal o libre mercado, casi a la par de los demás países de Latinoamérica (y del resto del mundo en desarrollo), por presiones ejercidas por los organismos multilaterales de cooperación y países industrializados. También es de conocimiento general que, como parte de estas medidas, se inició la adopción de políticas de apertura y liberalización comercial, las cuales, en su esencia, no han dejado de regir hasta hoy.
Empero, lo que parece ser poco conocido es que casi al inicio mismo de esta nueva etapa, expertos y los mismos organismos multilaterales (o sea, afines al libre mercado), ya describieron nítidamente las transformaciones que sufrirían los países en desarrollo y sus sectores agrícolas como consecuencia directa de la aplicación de las políticas de apertura y liberalización comercial. El Banco Mundial (2000), por ejemplo, se refirió al “riesgo” de la desaparición de las industrias (de los países en desarrollo) menos competitivas y adaptables al “comercio internacional irrestricto”, pero advirtiendo que las políticas proteccionistas que adoptan algunos de esos países determinan que se mantenga “la escasa eficiencia” de los productores nacionales.
De su lado, Dirven (1997: 53), experta de la CEPAL, refiriéndose específicamente al sector agrícola, ya señaló en esos años que “teóricamente, las políticas de ajuste, de liberalización de los mercados internos y de apertura externa….debían dar un fuerte impulso a la agricultura de exportación en desmedro de los granos básicos y los cultivos poco transables (productos de consumo excesivamente locales, productos demasiado perecibles o cuyo precio no compensa los costos de transporte), rubros que representan el grueso de la producción tradicional campesina”. Asimismo, refirió que al aplicarse esas políticas, si los precios internos son más altos que los internacionales “…la eliminación de las trabas a la importación debería (…) obligar a los productores que estuvieran en condiciones de hacerlo a introducir mejoras en sus sistemas de producción o a cambiar de cultivo, mientras que los demás debían resignarse a escoger entre una reducción en sus ingresos y ganancias o la desaparición”. En otras palabras, admitía el empobrecimiento de los productores agrícolas o su emigración como consecuencia ineludible de sus restricciones para enfrentar las importaciones baratas.
Ahora bien, si estas expectativas y previsiones planteadas hace casi dos décadas como “teoría” del libre mercado figuran como constataciones empíricas en el análisis de la agricultura campesina boliviana en el estudio de la Fundación Tierra, no se puede esquivar la convicción de que su actual situación es resultado de las políticas de libre mercado. Por consiguiente, no se puede decir que fenómenos como la actual emigración rural, el dominio de la racionalidad mercantil en las comunidades campesinas andinas, o el rápido abandono de prácticas productivas conservacionistas, obedecen exclusivamente a tendencias previas.
Por lo mismo, plantearse la superación de las condiciones de pobreza y de inseguridad alimentaria de los productores de la ´agricultura campesina` sin afectar la seguridad alimentaria nacional y la soberanía alimentaria nacional, adquiere casi características esquizofrénicas si no se basa al menos en un resquebrajamiento del marco político que sustenta la actual situación de ese sector. Las mismas naciones industrializadas muestran que su seguridad y soberanía alimentarias está por encima del “libre comercio”, de ahí que no tienen reparo alguno para aplicar medidas proteccionistas de su agricultura. Con mayor razón otras naciones emergentes como India resisten disposiciones que pretende aprobar Organización Mundial del Comercio (OMC) como parte de las negociaciones de la Ronda de Doha porque considera que afectan su seguridad alimentaria.
* Investigador y consultor de la Fundación TIERRA
[i] En este artículo se utiliza el término ´agricultura campesina` (eliminando ´e indígena` que utilizan los autores) porque a pesar de sus esfuerzos por incorporar información y análisis del sector indígena de las tierras bajas, en los hechos el estudio se focaliza en el sector indígena campesino de la región andina y en quienes emigraron de esta región a las zonas de colonización de las tierras bajas. Empero, debe quedar claro que la utilización del término ´agricultura campesina` no niega en absoluto que los productores de la región andina son también indígenas.
[ii] El trigo se produce mayormente en el departamento de Santa Cruz y a cargo de los productores de soya puesto que es uno de los cultivos de rotación de ésta; precisamente en 2010 -de acuerdo a IBCE (2014)- 75% del volumen nacional se produjo en ese departamento. El sorgo y el maíz pueden tener también esa condición por lo que no son exclusivos de la ´agricultura familiar mercantil`.