Esteban Sanjinés D. / Este 2 de agosto, la Reforma Agraria boliviana cumple 62 años de vigencia. Es un proceso que se evoca como hecho transformador por su relevancia social y a la vez es uno de los acontecimientos más controversiales de nuestra historia, no solo por sus efectos e impactos, sino sobre todo por lo que no se hizo.
Es conocido cuándo y cómo empezó, pero no está claro cuándo acabará o qué tiene que ocurrir para que concluya. Para los más conservadores, la Reforma Agraria acabó en la época en que se entregaron tierras a los campesinos a través de la afectación de las haciendas semifeudales que hasta 1953 dominaban el altiplano y los valles del país. Para otros, el proceso se agotará cuando los campesinos, indígenas y propietarios individuales grandes y medianos accedan a la tierra en proporciones más o menos equilibradas.
Son posturas basadas en el argumento de que la Reforma Agraria es en esencia un proceso exclusivamente distributivo de tierras a través de la titulación. Esta sesgada visión fue la dominante desde el inicio y continúa siendo el eje conductor para la aplicación de la actual ‘Ley de tierras’. Desde 1953 los diferentes gobiernos entregaron títulos de propiedad a los productores del agro, pero sin la suficiente convicción y capacidad para desencadenar una transformación agraria que modifique sustancialmente las condiciones productivas y, sobre todo, elimine la propiedad latifundaria.
SANEAMIENTO La Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de 1996 es el marco legal vigente. Según los últimos reportes, los campesinos —en calidad de propietarios individuales y colectivos— tienen derecho a la propiedad de la tierra sobre alrededor de 17 millones de hectáreas, mientras que la empresa agropecuaria consolidó derechos sobre cerca de 8 millones de hectáreas. Según estos datos, las tierras de comunidades colectivas en altiplano y valles y las familias campesinas individuales serían dueñas de más del doble que el sector agroindustrial. Si fuera así, deberíamos estar frente a un campesinado altamente empoderado en términos económicos, pero lo que ocurre en la práctica es todo lo contrario: en general, los campesinos son los más pobres del país, sus ingresos cada vez provienen menos de la actividad agrícola, y su aporte al PIB (Producto Interno Bruto) nacional apenas ronda el 2%. ¿Por qué existe esta contradicción entre varios millones de hectáreas de tierras tituladas a favor del campesinado y su marginal participación económica?
Se puede ensayar dos respuestas. Una, la mayoría de las unidades productivas agropecuarias (UPA) son de tipo campesino e indígena, pero ocupan tierras marginales (áreas rocosas, inundadizas, áridas, remotas, sin riego) que tienen muy baja capacidad productiva y apenas adecuadas para la economía de subsistencia. A menudo, las tierras tituladas a campesinos e indígenas no son aptas para tierras de cultivo o pastoreo, mientras que las tierras tituladas a medianos y grandes empresarios en el oriente son propiedades con alto valor comercial. Esto significa que las tierras con mayor potencial productivo no han pasado de manos del sector empresarial al mayoritario sector de campesinos e indígenas, ni siquiera parcialmente. En otras palabras, las relaciones sociales del agro preexistentes a la Ley INRA permanecen intactas y, en consecuencia, persistirá la pobreza extrema a pesar de que el campesinado posea legalmente extensas áreas accidentadas de la región montañosa de Los Andes, las planicies desérticas del altiplano y del Chaco o en la región de tierras bajas, y los indígenas se esfuercen por detener la mercantilización de sus territorios titulados llevada adelante por terceros y por el Estado.
Otra respuesta posible: el sistema latifundario especulativo persiste y se reproduce bajo muchos rostros. Es un sistema complejo que no es fácil de identificar. Al respecto, la Constitución Política del Estado (Artículo 398) señala que latifundista es aquel que posee tierras y no las trabaja, también es el que se beneficia de sus frutos sin respetar al medio ambiente o el que utiliza trabajadores bajo sistemas de esclavitud o semiesclavitud y ante todo el que busca el beneficio privado en desmedro del interés colectivo. La ley ha previsto la “reversión” para la eliminación del latifundio. Es una medida legal que entra en acción únicamente cuando se verifica que la tierra está siendo ilegalmente utilizada o no se la trabaja. Pero este mecanismo ha sido rechazado continuamente por los grupos de poder y considerado un medio de confiscación arbitraria de la tierra. Aunque muchas propiedades de tipo latifundario han sido denunciadas e identificadas desde hace varios años atrás, éstas se mantienen y todo parece indicar que los derechos a la propiedad de la tierra serán mañosamente ratificados por el saneamiento.
REDISTRIBUCIÓN. Según algunas estimaciones preliminares de la Fundación TIERRA, más de 100.000 familias campesinas necesitarán asentarse en el oriente boliviano en la siguiente década y para ello se requerirá al menos 5 millones de hectáreas de tierras fiscales disponibles. Esta demanda podría atenderse en el marco de la propuesta gubernamental de aumentar la frontera agrícola a un ritmo de un millón de hectáreas por año; sin embargo, las tierras fiscales susceptibles de distribución no tienen aptitud agrícola, están en zonas fronterizas sin acceso a mercados y servicios básicos. Son tierras que pueden distribuirse, pero no cuentan con una estrategia de desarrollo agropecuario que responda a los principios de una reforma agraria integral.
Los procesos de redistribución de la tierra (que significa recuperar tierras ilegalmente utilizadas para entregárselas a otros) son una excepción y un hecho puntual. En estas circunstancias, la Reforma Agraria ha perdido su principal razón de ser y su carácter transformador.
Este 2 de agosto, miles de campesinos autoorganizados desfilarán una vez más en sus principales poblados evocando la histórica lucha de sus antepasados para la abolición de las haciendas, restitución de tierras y reconocimiento de sus derechos como bolivianos iguales ante la ley. No serán actos públicos masivos, al contrario, cada vez tienen menor transcendencia, tanto para el campesinado como para el Gobierno nacional. Entre tanto, el modelo agrario dominante seguirá acrecentando su poder económico y seguirán siendo tareas inconclusas el desarrollo sustentable del agro, la inserción económica de las poblaciones rurales marginalizadas y la seguridad con soberanía alimentaria de los bolivianos.
* Esteban Sanjinés es investigador de la Función TIERRA.