Los intereses políticos y económicos en la distribución de las tierras fiscales

La distribución de tierras fiscales en Bolivia es una política pública a favor de la población indígena y campesina sin o con poca tierra, pero la realidad es otra. El proceso no es transparente y está supeditado a intereses políticos y económicos.
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Legalmente el saneamiento de tierras está en su etapa final, pero se desconoce un informe detallado sobre las tierras fiscales; es decir, las superficies recuperadas a favor del Estado, la ubicación, tipos de tierras y, lo más importante, quiénes se beneficiaron con la dotación de tierras fiscales. Si es que existe el informe, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no lo ha hecho público, excepto algunos datos muy generales y a veces contradictorios. Por ejemplo, en su audiencia pública de rendición de cuentas 2016 - 2017, destaca que habría 8 millones de hectáreas de tierras fiscales disponibles para su distribución, de las cuales 5 millones ya estarían en proceso de distribución. Pero posteriormente, Beatriz Yuque, entonces Directora Nacional del INRA, a tiempo de presentar el Programa de Recuperación de Tierras Fiscales Avasalladas, señaló que solo 3 millones de hectáreas estarían en proceso de dotación. Las diferencias son comprensibles hasta cierto punto, pero al no existir un informe pormenorizado y actualizado los bolivianos no conocemos con certeza quiénes son los beneficiarios y cómo se distribuyen las tierras del Estado.
El INRA resalta que durante el periodo de 2006-2016 se distribuyó alrededor de 2,8 millones de hectáreas, una cifra bastante elevada en comparación con el periodo 1999- 2005, en el que se repartió tan solo 36 mil hectáreas. Esta acelerada distribución de tierras fiscales no tiene precedentes en la historia, ni durante la Reforma Agraria de 1953 se llegó a las cifras que hoy se manejan.
Los últimos acontecimientos nos dan algunas pistas alarmantes. Está en curso una denuncia contra el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, por complicidad en el tráfico de tierras. También están las irregularidades que habrían rodeado a la autorización de asentamiento de la comunidad “Tupac Amaru” dentro del parque Paquió, que corresponde a la reserva forestal del valle de Tucabaca, en la región de Roboré de Santa Cruz. Aunque anularon este asentamiento, salió a la luz pública el hecho de que de los 33 beneficiarios la mayoría proviene de las comunidades cocaleras del trópico de Cochabamba. Estos y otros casos nos muestran que la distribución tiene irregularidades y obedece fuertemente a intereses políticos y económicos.
Una primera hipótesis que se debe evaluar, es que los beneficiarios son dirigentes campesinos alineados políticamente al Movimiento al Socialismo (MAS) y este sería el criterio central para la distribución de tierras fiscales. El INRA en su informe de rendición de cuentas de la gestión 2016-2017, develó que durante el periodo 2006 a 2016, los principales beneficiarios de la dotación de tierras fiscales serían los afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), beneficiándose con el 75 por ciento del total de las tierras distribuidas, mientras que los interculturales tendrían un 12 por ciento. La CIDOB y el PATUJÚ recibieron cantidades ínfimas: 4 por ciento y 1 por ciento respectivamente. No olvidemos que la CSUTCB públicamente se ha declarado en favor del “Proceso de Cambio” y casi todos sus dirigentes son militantes del MAS. Lo mismo sucede con los interculturales, quienes se identifican como la vanguardia del proceso político actual.
Esta situación nos conduce a un problema mayor: la transgresión de las disposiciones legales y la consolidación de asentamientos sin ordenamiento y planificación territorial. Esto es que en la práctica las tierras estatales no están en manos de los que realmente las necesitan según la Ley 3545: los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias sin tierra o aquellas que la poseen insuficientemente, sino en manos de quienes se alinean al MAS sin importar que sean campesinos colonizadores o empresarios. Por eso no es ninguna coincidencia los reiterados reclamos y denuncias de las comunidades indígenas en contra los dirigentes de estas organizaciones por avasallamientos, asentamientos ilegales y tráficos de tierras, hechos en su mayoría irresueltos a la fecha.
Según algunas voces, la distorsión de la política de tierras fiscales estaría llegando a situaciones inusitadas, hasta el extremo de que el “control sobre las tierras fiscales” se concentra en manos de la élite dirigencial/campesina/colonizadora, donde el INRA pasa a cumplir el rol de subordinado. Las decisiones políticas más importantes, como “quién”, “dónde” y “cómo” acceder a tierra fiscal, pareciera que define un grupo político privilegiado que actúa a las espaldas de sus bases, que exige y presiona políticamente a las autoridades del sector. Además, las tierras distribuidas son las mejores en calidad y acceso a servicios, lo que da a suponer que los dirigentes también tienen acceso a información privilegiada. Pero ¿cómo acceden a esa información reservada y estratégica que supuestamente solo la administra el INRA? La respuesta la tienen ellos pero aquí lo más probable es que los intereses políticos y económicos entran en escena.
Por su parte, existen indicios de que los beneficiarios de tierras estatales en muchos casos no llegan a establecer la supuesta comunidad que presenta su demanda, ni mucho menos a trabajar la tierra de manera personal, sino alquilan a soyeros o venden a terceros. Entonces, los que viven y trabajan allí no son los titulados legalmente sino los que rentan o compran la tierra. De este modo, a la larga, las tierras fiscales son mercantilizadas. De alguna manera esto sucede con varias comunidades campesinas como “Tupac Amaru”, cuyos beneficiarios no vivían allí, el mismo INRA constató aquello y terminó anulando su autorización de asentamiento por incumplimiento de la “función social” (RES-ADM N° 061/2018). Pese a este procedimiento legal, la CSUTCB salió a la defensiva, una defensa contradictoria y ofuscada, dado que, por un lado aboga la legitimidad de la comunidad y por otro lado, desafía abandonar el lugar si es que lo hacen las grandes empresas que también estarían desmontando considerables extensiones de bosque en la Reserva.
Esta forma de apropiación de tierras no es ajena al Gobierno actual porque es funcional para su proyecto político. Si simplificamos el análisis, al Gobierno para legitimar su poder le interesa votos y electores a su favor y una manera de garantizar el apoyo masivo es mediante la cooptación de líderes de las organizaciones sociales que mueven grandes masas populares. En contextos electorales el tráfico de tierras juega un papel utilitario. Sino ¿por qué Cesar Cocarico está ratificado como Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, pese a las reiteradas denuncias en su contra?
En suma, las relaciones de poder político entre el Gobierno y las organizaciones sociales que se veía como un salto cualitativo para la justicia social, hoy se está traduciendo en tráfico de tierras del Estado y asentamientos ilegales a favor de una clase dirigencial que lucra con la mercantilización de la Madre Tierra.
La distribución de tierras también está distorsionada por la alianza pragmática entre el gobierno del MAS y las empresas agroindustriales. El tráfico de tierras y los asentamientos ilegales en la Reserva Forestal Guarayos o la entrega ilegal de las tierras de BOLIBRAS son algunos de tantos casos.
La Reserva de Ascensión de Guarayos creada con el Decreto Supremo N° 12268 en 1969, con una extensión de más de 1.000.000 hectáreas, hoy es un territorio de disputa entre múltiples actores guiados por intereses económicos. Son tierras con potencial agropecuario y extracción de recursos forestales. A pesar de que los asentamientos estaban prohibidos, desde pequeños productores campesinos del occidente, interculturales, empresarios agroindustriales, hasta concesiones mineras y extranjeros (rusos) se establecieron en casi el 25 por ciento de las tierras de la Reserva. El INRA no pudo tomar control y frenar estos asentamientos.
Actualmente Guarayos es un conflicto irresuelto. Ni la defensa de la Tierras Comunitarias de Origen (TCO) del Pueblo Indígena Guarayo (TCO superpuesta con una parte de la Reserva) ni las medidas legales del INRA logró frenar la apropiación sin pausa de estas tierras. Los actores ligados a las actividades agropecuarias hoy buscan artificios para legalizar estas tierras del Estado. En diciembre de 2017, el Gobierno Nacional y los empresarios privados llegaron a nuevos acuerdos y un acuerdo central es definir una nueva delimitación de la Reserva Guarayos bajo el criterio de que actualmente existen asentamientos con servicios básicos e infraestructura (escuelas y hospitales) y por supuesto, las mejoras e inversiones efectuadas. Una salida que estudian es el proyecto del Decreto Supremo de Reservas Integrales de Bosques, una propuesta de doble filo que no haría más que legitimar y abrir puertas para la ampliación de la frontera agrícola y la expoliación indiscriminada de los recursos naturales.
El caso BOLIBRAS es un hecho del pasado para muchos, pero tiene amplia actualidad porque es una muestra de cómo las tierras fiscales se pueden convertir en propiedades privadas cuando los intereses económicos son grandes. Si bien en 1992 se frustró la dotación ilegal de 95.542 hectáreas bajo el nombre de la Empresa BOLIBRAS S.A., en 1996 cuatro zonas ya habían sido deforestadas, mecanizadas y puestas en producción. Ni bien pasó un quinquenio, no solo se ampliaron las tierras de cultivo, sino que BOLIBRAS fue fraccionada en grandes propiedades privadas, con caminos, sendas y pozos de agua. Las colonias menonitas y los privados tomaron control sobre varios miles de hectáreas.
En 2013, el gobierno de Evo Morales, a través del Decreto Supremo Nº 1697, dispuso el inicio del proceso de saneamiento de BOLIBRAS, en vista de que se habría concluido la investigación judicial. Este decreto abrió la posibilidad de titular los predios de BOLIBRAS “con antecedentes agrarios sustanciados ante el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria”, pero en realidad este acto jurídico no es más que el resultado de la alianza agroempresarios-gobierno del MAS. Alguna vez, el INRA intentó sin éxito desalojar a los traficantes y especuladores de estas tierras pero acabó cediendo ante el efectivo control privado y decisiones políticas. Según algunas fuentes, sólo el 2 por ciento de BOLIBRAS se habría consolidado como tierra fiscal.
De acuerdo a un análisis de Fundación TIERRA, en el mercado estas tierras tienen un precio que oscila entre mil y dos mil dólares americanos por hectárea, por lo que al menos tiene un valor comercial de 95 millones de dólares, lo que evidencia el valor económico que está en juego.
Para cerrar podemos decir que la distribución de tierras fiscales se ha distorsionado tanto hasta el punto que depende de presiones políticas y económicas, al margen de procedimientos legales. Las tierras fiscales son “medios” para reproducir el poder político y hacer negocios con empresas privadas. La élite dirigencial involucrada y los que privatizan las tierras fiscales en algún momento, si la historia no los absuelve, tendrán que rendir cuentas por haber deformado la lucha histórica por tierra y territorio de los pueblos indígenas y campesinos.
* La autora es investigadora de la Fundación TIERRA.

 

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