“Las mujeres de las áreas rurales somos las que sufrimos el impacto de los monocultivos que atentan a nuestras vidas cuando nosotros defendemos derechos, luego somos asesinadas y encarceladas porque estamos exigiendo el derecho a la salud, a la vida digna para el buen vivir”, afirma la guatemalteca Telma Cabrera, dirigente del Comité de Desarrollo Campesino y oriunda de una de las 23 etnias que viven en ese país. Sus palabras, cargadas de emotividad, explican breve pero contundentemente el impacto que tienen los intereses de los monocultivos sobre la vida de los indígenas.
José Chic, joven compatriota de Telma, explica cómo actúa el Estado en favor de esos intereses privados y en contra del movimiento indígena-campesino: “El impacto del modelo actual es la explotación, nuevas formas de despojo, hambre, miseria, muerte y sumisión. Decimos esto porque cuando el Estado no puede controlar los movimientos campesinos y sociales, ha recurrido muchas veces al sicariato, o la muerte de muchos”.
Las versiones de Cabrera y Chic dan cuenta de una vida campesina e indígena signada por la violencia y la explotación. Tras 36 años de conflicto armado en Guatemala, en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz, pero casi dos décadas después la muerte del profesor Rigoberto Lima en Sayaxché, Petén, ilustra una vez más esta realidad en palabras de Chic: “El compañero Lima denunció la contaminación del río de La Pasión, el más grande de Guatemala, por parte de la empresa REPSA (Reforestadora de Palmas del Petén S.A.). A esto es a lo que está sometido el campesino y campesina en Guatemala, en cuanto a la explotación de caña de azúcar. Trabaja en condiciones semiesclavas”.
En cuanto las condiciones de trabajo, Cabrera puntualiza que los monocultivos también provocan sobreexplotación e invisibilización laboral de las mujeres mayas. Los campesinos “…trabajan casi 18 horas diarias en las fincas. Las mujeres no somos visibilizadas en las planillas. Solo estamos como ayudantes del esposo. Esto nos afecta a nosotras”.
Mucha tierra más pocos dueños, igual poder
Según Cabrera la tierra es el principal problema en la región: “El 85 por ciento de la tierra es de latifundistas, quienes representan tan solo el 0,2 por ciento de la población”. En contraposición, el 15 por ciento de ese recurso en su país “está en manos de minifundistas, es decir, del 83 por ciento de indígenas y campesinos en el área rural”. Según Chic la tierra “…es vista como símbolo de poder” debido al acaparamiento: “En otros países avanzó en la reforma agraria con sus pros y contras, pero en Guatemala avanzó el acaparamiento de tierras”.
La dirigente campesina afirma que la mayoría poblacional guatemalteca sufre las consecuencias de la acción de las minorías y de las empresas transnacionales sobre los territorios campesinos. Estas empresas “…compran las pequeñas parcelas de indígenas y campesinos bajo engaños, o las arriendan durante 20 a 25 años, en donde nosotros vemos que cada día crece la expansión de los monocultivos, háblese de la caña de azúcar, palma africana, el banano”. Chic complementa: “Por eso tenemos la consigna de que para que haya paz, tenemos que aflojar la tierra”.
Ecos de un foro
Los testimonios de Cabrera y de Chic corresponden a su participación en el Foro de la tierra 2015: “Gobernanza de la tierra y acción campesina e indígena en contextos de transformación agraria”, realizado en Santa Cruz el 15 de octubre. El evento fue un espacio público de reflexión y debate sobre esta temática y las consecuencias que ocasiona la presencia de capitales transnacionales en la región. Contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil y de base campesina e indígena de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Uruguay. Fue organizado por Fundación TIERRA, la Coalición Internacional para el acceso a la Tierra (ILC por su sigla en inglés), OXFAM y la Universidad Autónoma Mayor Gabriel René Moreno.