A pesar de que el agronegocio invade a las comunidades indígenas, Bolivia no tiene un marco normativo que regule las fumigaciones aéreas de monocultivos de soya.
Desde varios años atrás, los comunarios de Portoncito advierten que sus chacos van de mal a peor. “La papaya se ha muerto. Los frijoles se han secado. El maíz se ha baneado. La yuca se blanqueó todito”, señalan. “Los árboles frutales no tienen fruto”, complementan. Sospechan que la muerte de sus cultivos es resultado de los sobrevuelos de avionetas sobre su territorio.
Portoncito es una de las 24 comunidades de la Central Indígena de San José de Chiquitos, ubicada en la zona este de la expansión de la frontera agrícola cruceña. En la comunidad chiquitana viven alrededor de 80 personas entre niños, ancianos, agricultores; la presencia de mujeres es mayoritaria a primera vista. Su territorio está rodeado por grandes explotaciones agrícolas y áreas con alto grado de deforestación. Desde una mirada panorámica, Portoncito, territorio tradicional de tres mil quinientas hectáreas, figura como un oasis verde en medio de un imponente espacio geográfico dominado por grandes propiedades agrícolas dedicadas a la soya y la ganadería.
Mapa 1. Ubicación de la comunidad Portoncito, San José de Chiquitos
Los habitantes de Portoncito, al igual que cientos de comunidades indígenas y campesinas de la frontera agrícola de Santa Cruz, están condenados a lidiar año tras año con los pesticidas que se esparcen desde el cielo cuando sobrevuelan las avionetas de fumigación. Según sus primeras percepciones, sobre todo en temporadas de lluvia es cuando sus vecinos soyeros reactivan avionetas para controlar las plagas desde el cielo. Las mujeres autoridades de Portoncito están decididas a denunciar públicamente los perjuicios que genera esta práctica, pero no saben con exactitud de dónde emergen esas aeronaves, quiénes son los dueños, qué tipo de químicos cargan sus tanques, ni la altura y rutas que bordean. Y, sobre todo, desconocen qué acciones de protección tendrían que adoptar cuando las avionetas merodean sobre sus viviendas.
Los chiquitanos de Portoncito están desinformados y la culpa no es de ellos. En Bolivia poco o nada se conoce sobre el funcionamiento de las aplicaciones aéreas en actividades agrícolas. El sector soyero, a través de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), reconoció hace varios años atrás que las avionetas agrícolas son la base estratégica del modelo soyero cruceño. Sin embargo, a más de 30 años de expansión de los cultivos de soya dependiente de agroquímicos, no se ha construido un marco regulatorio sobre las aplicaciones de los agroquímicos vía avionetas. Paradójicamente, la importación de estos insumos para el cultivo de la soya tiende a incrementar en el tiempo. En los últimos 10 años se ha importado un total de 244 millones de litros y 46 millones de kilogramos de herbicidas, el activo químico de mayor relevancia para campos de soya transgénica.
Mundialmente, las fumigaciones aéreas de plaguicidas agrícolas están valoradas como potencialmente peligrosas para la salud pública y el medio ambiente. Instancias internacionales —como la Unión Europea en 2009 — recomiendan suspender por completo las fumigaciones aéreas. Considerando esta peligrosidad, en algunos países las fumigaciones aéreas, especialmente de glifosato, no tienen viabilidad legal. Sin ir lejos, los países vecinos dedicados a la producción de la soya como Brasil, Argentina y Paraguay están inmersos en un debate multiactor sobre las condiciones legales de su uso. En algunos casos han acordado implementar “franjas de seguridad” con la finalidad de establecer salvaguardas y proteger los asentamientos humanos (viviendas, escuelas, caminos vecinales, entre otras zonas de posible riesgo) frente a aspersiones aéreas de químicos.
En Argentina, a través de sus gobiernos locales, se acordó que las pulverizaciones aéreas deben cumplir algunas condiciones mínimas como respetar una distancia de 1.000 a 3.000 metros entre los asentamientos humanos y los puntos de fumigación. En Paraguay se estableció la obligatoriedad de comunicar a las comunidades rurales al menos 24 horas antes de la fumigación, a través de radios locales, ofreciendo detalles como el tipo de fumigación, la hora en que se realizará, las zonas, los agroquímicos a utilizarse, su grado de toxicidad y otras especificaciones técnicas.
En cambio, en Bolivia no existe ninguna normativa específica para regular las fumigaciones aéreas. Al margen del vacío legal, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), en el marco de sus competencias, ha generado un sistema administrativo para otorgar “autorización de operación” a las empresas aplicadoras de tratamientos aéreos. Los requerimientos son de tipo burocrático como la presentación de fotocopia de cédula de identidad del representante legal, autorización de Aeronáutica Civil, licencia municipal, hasta tasas de servicio. Si bien en gestiones pasadas, los solicitantes debían presentar una ficha ambiental emitida por un profesional autorizado (Resolución Administrativa Nº 40/2018), hoy este requisito ya no está vigente según la última Resolución Administrativa (Nº 04/2022).
Actualmente el SENASAG tiene escasa información pública sobre el seguimiento a las operaciones aéreas de fumigación. En su plataforma institucional solo figuran tres empresas registradas en ese rubro, cuando según la Asociación Nacional de Empresas de Fumigación Aérea de Bolivia, existirían más de 45 aeronaves agrícolas operando en territorio nacional. La autoridad estatal tampoco ofrece protocolos de operación ni informes públicos sobre las evaluaciones y seguimientos. Las otras instancias que intervienen en el registro de avionetas agrícolas, como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y los gobiernos locales, tampoco ofrecen información pública al respecto.
¿Qué les espera a los vivientes de Portoncito? ¿Quién es el responsable? Las comunidades fumigadas por agroquímicos son una muestra concreta de cómo el complejo soyero opera al margen de los derechos humanos para garantizar ganancias económicas privadas. El uso libre de las avionetas agrícolas corrobora una vez más la falta de interés del grupo de poder soyero en avanzar hacia prácticas sostenibles con responsabilidad social y ambiental. Por su parte el Estado plurinacional es cómplice de las vulneraciones constitucionales sobre los derechos indígenas y campesinos a un medio ambiente sano.
* Martha Irene Mamani es investigadora de la Fundación TIERRA.