Esta investigación fue realizada por Nathalie Iriarte y Rolando Aparicio en alianza con Connectas, con apoyo del ICFJ (International Center for Journalists), dentro de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Los Piratas de la Tierra se publica en Página Siete, El Día y Los Tiempos.
- También puede acceder al especial multimedia de Connectas.
La repartición masiva de tierras que hizo Evo Morales estuvo viciada de nulidad desde los procesos más básicos. Los actores que debían fiscalizar el tema nunca fueron tomados en cuenta. El INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) actuó solo y por encima de la norma. Esto ocasionó una serie de conflictos entre comunarios locales que se vieron avasallados en su territorio y cultura por los nuevos colonos que fueron mandados como piratas a tomar lo que el INRA marcaba con una equis en el mapa.
“En 2009, treinta familias llegaron a nuestra comunidad con papeles de dotación de tierras del INRA. Se denominaban Comunidad Agroecológica Chirimoya y decían que eran parte del Movimiento Sin Tierra (MST)”, recuerda Luciano Petigá, quien en aquel año era cacique (máxima autoridad local) de la Comunidad San José de Campamento. Un pueblo centenario ubicado a 530 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, y a 170 kilómetros del asfalto más cercano.
Ni los recién llegados ni los originarios lo sabían, pero estaban por convertirse en uno de los muchos casos de conflictos entre comunidades e irregularidades a raíz de la piratización del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), durante el gobierno de Evo Morales.
Según los datos del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente de Bolivia, en Santa Cruz, el departamento más extenso y principal motor agropecuario del país, entre 2014 y 2018, se entregaron 1,2 millones de hectáreas de tierras fiscales a comunidades mediante autorizaciones y adjudicaciones extraordinarias. Esto equivale a casi el 70 % de toda la tierra que se entregó en los últimos 25 años (1,8 millones de hectáreas).
Para llevar a cabo esta entrega masiva, el INRA, desde 2006 hasta 2015 (último año del que se tienen cifras oficiales) emitió 57.925 títulos y certificados de tierras. Autorizaciones y dotaciones realizadas de manera directa y unilateral, violando controles y procesos obligatorios por ley.
El gobierno de transición está revisando cientos de denuncias por entregas de tierras para trabajo agrícola en territorios reservados para uso forestal, además, de comunidades fantasmas y cobros ilegales para la dotación de tierras. Denuncias y reclamos que llevan adelante autoridades locales, dirigentes de pueblos indígenas de tierras bajas y organizaciones de la zona chiquitana y áreas aledañas.
“Tenemos denuncias de 475 comunidades fantasmas (en la provincia Velasco), donde no vive nadie y apenas aparece la gente para arrasar el bosque y chaquear —iniciar fuegos en áreas desmontadas para preparar la tierra antes de cultivar, una práctica común en los campos—sin saber bien las formas y de manera irresponsable; así ocasionan incendios forestales”, denuncia Fernando Rojas, gran cacique (máxima autoridad indígena) de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ICISIV), entidad que representa a más de 120 comunidades de la provincia Velasco, en la Chiquitania boliviana.
Rojas también asegura que existen otros 560 asentamientos ilegales en su provincia. “Hicimos los reclamos, incluso realizamos protestas en diferentes pueblos y vigilias en el INRA, pero nunca recibimos respuesta de las autoridades de la anterior gestión”, sostiene el cacique.
El número total de comunidades asentadas en los últimos 10 años es un misterio que los piratas parecen haber enterrado. Según la Fundación Tierra, en la Chiquitania podría haber hasta 1.600 comunidades, mientras que, en sus registros, el Viceministerio de Tierras las cuenta en 912. El cacique Rojas es más drástico y advierte que “el plan era autorizar 3.000 nuevos asentamientos para que los nuevos colonos sean mayoría en la región”.
A pesar de que los autores de esta investigación dejaron cuatro peticiones de información pública entre los meses de octubre y enero, el INRA no mostró sus cifras. Esta falta de transparencia fue una constante y el INRA no solo negaba información a los periodistas sino también a instituciones como la gobernación de Santa Cruz y los municipios involucrados que nunca recibieron informes sobre las nuevas comunidades. Sumado a esto, la especulación sobre el número de nuevos comunarios que se generó en los pueblos chiquitanos fomentó las pugnas entre los locales y los recién llegados.
En San José de Campamento, los conflictos empezaron de inmediato con los nuevos vecinos. Estos reclamaban como parte de su asentamiento una extensión de 4.000 hectáreas que el pueblo ya asentado tenía como suyo.
“Yo tenía unas 60 vacas, tierras cultivadas, potreros y mi hogar. Estaba en el lugar desde 1991 y allí estaba todo lo que tenía, pero llegaron los del MST y me amenazaron para que me fuera, me decían que entrarían a sacarme a patadas”, cuenta Guido Solís, quien tuvo la mala suerte de que el terreno que trabajaba y consideraba su casa quede en medio de la nueva comunidad. Hoy, mira esas tierras con lástima porque se encuentran abandonadas.
Las comunidades locales no fueron las únicas afectadas. Los recién llegados también tuvieron problemas por la falta de debido proceso en su dotación. Los habitantes de Chirimoya, además de pasar años sin luz ni agua potable, fueron interceptados a su llegada por jóvenes del Comité Cívico de San Ignacio de Velasco, quienes los habrían golpeado, humillado y robado, según denunciaron en 2010 ante los medios de comunicación los dirigentes de esta comunidad.
Para evitar este tipo de enfrentamientos y carencias en las comunidades que buscan un pedazo de tierra para trabajar, la redistribución de tierras tiene un proceso regulado por la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, del 18 de octubre de 1996 y, su actualización y complementación, la Ley n.o 3545, Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, aprobada en 2006.
En ambas se conforma el Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA), el cual está integrado por el presidente, el Ministerio de Desarrollo Rural, las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD), formadas por las principales entidades campesinas, indígenas y agropecuarias de cada departamento, y el INRA. Entidades que deben trabajar en conjunto para asegurar asentamientos bien planificados y que tengan una correcta fiscalización.
“Todas las resoluciones de asentamientos de los últimos años han sido ilegales porque no cumplieron las normas ni siquiera en sus puntos más básicos y fundamentales”, sentencia tajante Leonardo Tamburini, abogado e investigador especializado en temas indígenas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social.
En junio de 2019, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, denunciaba a los medios de comunicación que las CAD no podían sesionar porque el INRA no asistía a las reuniones. Las sesiones canceladas ya sumaban 114. “¿Por qué esperó ciento y tantas veces? Con hacer tres convocatorias y no poder sesionar por la ausencia del director del INRA, el gobernador debió iniciar un proceso legal (al director del INRA) por incumplimiento de deberes. Pareciera que hubo un silencio cómplice”, reflexiona Mauricio Rojas, director de Dotación de Tierras del INRA del nuevo gobierno de transición.
“El INRA fue manejado políticamente por el MAS (Movimiento al Socialismo, partido político de Evo Morales). El MAS se burló de la CAD, quienes por ley debieron decidir el Plan de Uso de Suelo (PLUS). Debieron coordinar para darles las condiciones a las personas que llevaron a nuevas comunidades y no lo hicieron. La gente llegaba con su planito diciendo “me han entregado estas tierras”. Por eso hubo problemas en muchos pueblos como San Miguel, San Ignacio o distintas zonas de la Chiquitania”, afirma Eliane Capobianco, ministra de Desarrollo Rural desde enero del 2020.
“El INRA, de manera arbitraria, tomó atribuciones que no le corresponden y se tornó en el ente que recibía las peticiones, las procesaba, decidía cuáles eran las tierras disponibles (tierras fiscales), dónde otorgarlas y de qué forma. Es decir, era juez y parte y esto generó manejos escabrosos con tráfico de tierras, incumplimiento de los usos de suelo y otros delitos”, afirma Mauricio Rojas, abogado que antes de ejercer su actual cargo en el INRA interpuso varias denuncias contra esta institución.
“Todos los títulos ejecutoriales que otorgó el INRA en Santa Cruz llevan la firma del expresidente Evo Morales y son todos títulos viciados de nulidad. Sería muy tonto creer que el Presidente de la Nación no sabía cómo se estaban llevando a cabo estos procedimientos. También es muy extraño que ni el director Nacional del INRA ni el ministro de Desarrollo Rural hayan hecho nada para corregir esto en el departamento donde se realizó la mayor dotación de tierras de una de las más grandes distribuciones de tierra de los últimos tiempos”, cuestiona Rojas.
Mientras en las oficinas gubernamentales el cambio de administración muestra la mugre que acumulaban estos corsarios en sus buques, en San José de Campamento no se atreven a soñar con volver al pasado. “Las nuevas comunidades ya están aquí, el bosque ya fue talado. Esa gente sufrió mucho estos años, sin agua, sin luz, y considera esas tierras su hogar. A cualquiera que lo quieran sacar de su casa se va a defender con todo lo que puede, pero eso no significa que vayamos a dejar que nos avasallen”, reflexiona en su casa el actual cacique Reynaldo, en asamblea con algunos vecinos.
Según analistas del tema como Alcides Vadillo, de la Fundación Tierra, la herencia de estos años de piratería terrestre serán conflictos entre propietarios de haciendas, comunidades locales y colonos que enfrentarán posibles desalojos y reversión de tierras. Y el daño no solo será a nivel territorial, medioambiental y social sino también cultural. El cacique Rojas repiensa las consecuencias de esta masiva dotación de tierras y concluye: “Este fue un intento de colonizarnos por razones políticas, trayendo gente para ganar alcaldías. Encima depredaron el bosque y quisieron acallar nuestra cultura”.