Nathalie Iriarte V.
Los perfiles de nuevos comunarios que encontramos en esta investigación no coinciden con lo que dice la ley. La repartición de tierras en Santa Cruz benefició mayormente a migrantes de tierras altas, más que a campesinos e indígenas locales. Dotaron de tierras a cocaleros que ya contaban con parcelas en Cochabamba, a citadinos en vez de a pobladores rurales e incluso a profesionales con grado de licenciatura y con recursos económicos muy superiores a los de un campesino que aspira a ser un pequeño productor. Conozca el recorrido de ilegalidad que siguieron estos colonos para lograr un pedazo de tierra y las mañas que hay de por medio.
“La primera vez que escuché al Evo decir que iban a regalar tierra a los que no tenían pensé que era mentira. Me acuerdo de que llegó en su helicóptero a nuestra comunidad en el Chapare y nos prometió parcelas a toditos. Dijo que había harta tierra en Santa Cruz y que podríamos cultivar más coca”, cuenta Tomás, que prefiere no decir su apellido por miedo a que sus compañeros de sindicato tomen represalias contra él o lo expulsen de su comunidad.
Tomás cuenta que corría 2014 cuando el entonces presidente Evo Morales visitó su comunidad en el Chapare, zona del departamento de Cochabamba que en los últimos 50 años se desarrolló con la plantación de cocales (arbustos de coca) para uso no tradicional. Al poco tiempo lo llamaron para anotarlo en una lista. Al paso de un mes —y varios pagos de por medio— llegó el anhelado sello del INRA que marcaba las coordenadas de lo que sería su segundo hogar, más allá de las hectáreas de coca que ya tenía. Y aunque parezca un detalle insignificante para el INRA, según la norma, la tierra fiscal debería ser para campesinos que no poseyeran tierra.
Estamos a dos horas de Concepción, población chiquitana conocida por sus bosques llenos de orquídeas. En este predio, lo único que da cuenta de la existencia de una comunidad es un letrero de madera mal pintado de rojo con un nombre y un par de equis a los lados que recuerdan los símbolos de los piratas. El único trabajo hecho aquí ha sido la quema de una parte del campo como preparación para una siembra que nunca llegó. Ninguna de las 45 familias de la comunidad de Tomás vive acá y solo algunos llegaron a conocer sus tierras. “No hemos tenido apoyo ni dinero para sembrar. Nos mandaron acá sin agua, ni luz, ni nada; por eso no hemos podido terminar de asentarnos”, dice este hombre de rostro treintañero arrugado por el sol, mientras acomoda las hojas de coca que abultan su mejilla. Así se excusa Tomás, como muchos otros campesinos que han incumplido con la función social que debieron darles a estos campos.
Tomás es miembro de la CSUTCB, como el 70 % de todos los comunarios beneficiarios de la política de dotación de tierras en Santa Cruz durante el gobierno de Evo Morales. Pero a él parece haberle tocado el mapa del tesoro falso. Aquel donde la X que marca su destino es en realidad una condena a la vida en la marginalidad absoluta.
“Nos dieron la tierra, pero nada más. Gastamos nuestros ahorros en los trámites y comisiones para estos papeles y no recibimos nada de lo que prometieron cuando nos hicieron inscribirnos a (CSUTCB) y al partido (Movimiento Al Socialismo-MAS, de Evo Morales)”, cuenta molesto, porque asegura que ha visto cómo otros comunarios con un rango alto en la CSTUCB lograron obtener no solo tierras, sino beneficios como orugas, tractores y créditos para producción.
Y según él, la culpa de que esta tierra esté abandonada y deshabitada es suya por no haber sido un militante activo del MAS. “No quise meterme a las dirigencias ni a las campañas y por eso no me ayudaron como a otros que están bien acomodaditos ahorita”, refunfuña, mientras patea la tierra de su parcela sin frutos. Tomás se siente engañado y dice que “los papeles del INRA no sirven para nada porque, encima, en cualquier rato van a quitar estas tierras por no tener qué sembrar”. Para él, como para otros campesinos, la decepción final es que en esta zona la hoja de coca, como la esperanza en la revolución agraria, se les muere.
A más de 350 kilómetros, cerca del municipio de Roboré, Hernán se limpia el rostro mientras jadea por los 40 grados de temperatura que hacen en medio del monte donde el INRA autorizó su asentamiento. Él y sus compañeros, todos miembros de la CSUTCB, llegaron para “sacar la maleza de las tierras y poner al menos una casita y un letrero” que dé señales de que por su comunidad no solo pasan los fantasmas.
Estos aspirantes a campesinos, en realidad, se dedican a la construcción y han pasado su vida adulta en la ciudad de Santa Cruz. Otro detalle intrascendente para el INRA: la dotación de tierras debe priorizar a población de zonas rurales. Pero para lograr un pedazo de tierra, la travesía siempre comienza con el ingreso a una organización social campesina y qué mejor si es que viene con sello de garantía.
Hernán cuenta que él y sus compañeros de comunidad iniciaron su periplo en busca de tierras hace 10 años. “Primero logramos una autorización en Pando (departamento en el norte de Bolivia, el menos poblado del país y cuyo territorio está casi por completo cubierto por la Amazonia). Fuimos hasta allí, pero nuestras tierras eran inaccesibles, no nos daba nuestra economía ni para llegar”, recuerda mientras el repiqueteo de los machetes de sus colaboradores suena alrededor.
Hernán confiesa que apenas están limpiando el predio, que ninguno vive en el lugar y ni siquiera vienen del campo. Las 15 familias que aparecen como dueñas de estas tierras residen en la ciudad de Santa Cruz, a donde migraron hace años desde Oruro y otras ciudades andinas para asentarse con trabajos de construcción y carpintería.
Esta comunidad deshabitada es otro mapa con el sello del INRA que llevó a estos aspirantes a campesinos por complejas y caras travesías. Cualquier metáfora queda corta ante la realidad, Hernán y sus compañeros acaban de poner un letrero pintado de amarillo que reza: Oro Verde.
Y es para cuidar ese botín verde que ellos visitaron sus tierras por primera vez, ya que saben que, luego de la renuncia de Evo, el nuevo gobierno de transición de Jeanine Añez ha comenzado una revisión de las tierras dotadas por el INRA. Las comunidades que no cumplan con la función económico-social indicada por ley podrían ser revertidas al Estado. Es por eso que Hernán continúa macheteando apurado e inexperto, mientras escupe el líquido verde que exprime de las hojas de coca.
Desde la ciudad de Santa Cruz y en un escritorio lleno de mapas y libros, Alcides Vadillo, abogado e investigador de la Fundación Tierra, reconfirma lo que vimos en terreno: más del 30 % de estos colonos viene de poblaciones urbanas de Cochabamba (incluyendo el Chapare). Por otro lado, casi el 40 % de estos beneficiarios de tierras provienen de poblaciones urbanas de Santa Cruz, pero eso no quiere decir que son nacidos en tierra cruceña, sino que en su mayoría son migrantes llegados de zonas andinas del país. “Más del 70 % de los adjudicatarios no son campesinos, son población urbana, que, quizás, fueron hijos de campesinos migrantes, pero que ahora ven estos pedazos de tierra como un capital, un bien que pueden transar en el mercado”, asegura Vadillo.
A más de 500 kilómetros de Vadillo y cerca de la población de Carmen Rivero Torres, provincia Ñuflo de Chávez, se ven siembras de sésamo que se extienden a lo largo de tierras que deberían mantenerse vírgenes como parte del área protegida Ñembiguazu.
“Vengo de Villa Tunari (Chapare), pero allá no tengo tierra. Con la carrera que uno estudia tampoco hay trabajo. Hay muchos profesionales en Bolivia que han dejado sus trabajos, sus estudios y se han agarrado tierras. Hasta sus títulos profesionales anulan para inscribirse de campesinos ¿Qué vas a hacer ganando 3000 o 2000 bolivianos mensuales toda la vida como empleado?”, así empieza a explicar su historia un muchacho que no pasa los 30 años y con quien el diálogo continúa de esta manera:
—¿Usted estudió algo?
—Algo (risas).
—Entonces hay varios que, como usted, han decidido anular su título para inscribirse como campesinos…
—Claro, mejor trabajar (la tierra) tranquilos. Porque ser empleado público es sueldo limitado. Y a muchos no nos gusta tener horario. Ahora ya nos va mejor, tenemos ganadito. Estamos desde 2011 viniendo, ya tenemos chaco, siembra.
La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria dice:
—Art 42. II. “La dotación será a título gratuito exclusivamente en favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias”.
Pero la realidad de estos “campesinos” es distinta a la que uno espera encontrar en personas que se supone necesitan las 50 hectáreas dotadas para dedicarse a la agricultura a pequeña escala como medio de subsistencia, como indica la ley. Afuera de la comunidad de este licenciado retirado hay dos vehículos de alta gama: una camioneta Volkswagen Amarok y una vagoneta Toyota Hilux.
Bolívar es una de las cientos de comunidades que han sido autorizadas dentro de áreas protegidas como Ñembiguazu. Tiene como vecinas al menos otras ocho comunidades y, como pudimos comprobar, todas son gobernadas por dirigentes sindicales de .
Según el registro oficial de la Dirección General de Administración de Tierras del INRA, con fecha del 2019, existen 81 comunidades cuyas autorizaciones y superficies de trabajo invaden el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembiguazu. Si bien la mayoría de ellas obtuvieron sus resoluciones de asentamientos antes de la victoria del pueblo guaraní para lograr este Gran Refugio (significado en español de Ñembiguazu), esto no detuvo el avance de la dotación de tierras y la deforestación.
“Luchamos por lograr este refugio para nuestros hijos y nietos y así continuar la lucha de nuestros abuelos por nuestra cultura. Nuestra tierra fue siempre Yvy maraey (tierra sin mal); por eso creamos este Ñembiguazu, pero ahora, con los avasallamientos que sufrimos, llegó el mal a nuestro territorio”, narra Adolfo Guzmán, líder indígena que rescata su cosmovisión guaraní.
Rubén Ortiz, asambleista del Órgano de Decisión Colectiva del Área de Autonomía Indígena de Charagua, donde se encuentra Ñembiguazu, explica la situación que vive la primera reserva lograda en Bolivia por directa acción de un pueblo indígena. “Desde que obtuvimos nuestra autonomía, venimos denunciando asentamientos dentro del territorio. El 2015 llegaron muchos nuevos colonizadores (comunarios), nuestras denuncias nunca fueron escuchadas por el Gobierno de Evo Morales y el INRA entregó gran número de autorizaciones y resoluciones entre el 2017 y el 2019”.
Rubén termina con una reflexión que aterriza el problema: “Anduve por el occidente (del país), conocí y estuve con hermanos campesinos e indígenas que de verdad viven en la pobreza, que de verdad necesitan tierras para trabajar. Ojalá hubiera sido a ellos a quienes dieron permiso de asentarse, pero no, los que llegaron fueron cocaleros, dirigentes del Chapare que vienen con maquinaria y vehículos grandes, directo a hacer desmonte y negocio. Esa es otra gran contradicción del Gobierno de Evo”.
Vadillo, de la Fundación Tierra, pone cifras y academia a lo que viven Rubén y Adolfo: “Las personas recién llegadas se ven obligadas a crear un asentamiento y ‘recampesinizarse’. La primera pista que hay que observar es que las autoridades han dotado tierras no en función de crear comunidades de campesinos ni de beneficiar a los que no la tienen y quieren ser agricultores, sino a personas que especulan con las tierras”, explica y prosigue: “La segunda pista es que, por ejemplo, personas del departamento de La Paz (el más poblado, con mayor densidad y graves problemas de falta de tierra), solo obtuvieron el 3 % de las autorizaciones. En cambio, Cochabamba tiene un 30 % de adjudicatarios. El problema es grave por la selección sesgada de los beneficiarios. Estamos hablando de casi 25 mil personas, cuya elección no cumplió los procedimientos y se realizó sin transparentar la información”.
Para los líderes del pueblo guaraní, el gobierno de Evo Morales puso por encima los intereses de sindicatos de campesinos cocaleros y de quienes lo apoyaron políticamente y no veló por sus hermanos indígenas, como les había prometido. Hoy, decepcionado del primer presidente indígena de Bolivia