El director de la Fundación TIERRA Gonzalo Colque denunció un “descarado proceso” de privatización de tierras fiscales en favor de agroindustriales en el departamento de Santa Cruz donde al margen del cultivo, la tierra sirve para captar recursos públicos y especular con el recurso tierra en el mercado local.
Dijo que después de 20 años del proceso de saneamiento de tierras se puede observar que grandes extensiones pasaron a manos de empresarios, menonitas, argentinos y brasileños con el supuesto argumento de expandir la zona agrícola.
En abril de 2019 el entonces presidente Evo Morales y su ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez, acordaron junto a empresarios agroindustriales, ampliar la frontera agrícola en 250.000 hectáreas adicionales a las 1.300.000 hectáreas que ya tienen actividad con el sembradío de soya transgénica desde el año 2004.
La Reserva Forestal de Guarayos es la más afectada por la expansión del cultivo que alcanza hasta el borde primario de la reserva fiscal, donde el año 2017 se produjo un clima de tensión entre empresarios, campesinos, colonos y otros ocupantes por sembrar y criar ganado en tierras de uso estrictamente forestal.
Colque afirmó que el objetivo del proceso de saneamiento era, originalmente, recortar las grandes propiedades sin función económica social y avanzar hacia la medianización de la pequeña propiedad y reordenar la distribución de tierras fiscales para nuevos asentamientos humanos en tierras bajas.
Sin embargo dijo que en lugar de recuperar tierras fiscales, la historia del proceso de saneamiento muestra que cada vez las tierras fiscales son menos hectáreas en relación a la cantidad de tierras privadas ya sean pequeñas, medianas o grandes propiedades.
“Nos estamos quedando sin dominio estatal de gran parte del territorio, lo poco que tenemos se ha quedado en las áreas protegidas que son inaccesibles para cualquier tipo de asentamiento o actividad agrícola y las que tienen mayor potencial han quedado en manos individuales”, declaró en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.
La Fundación demanda una explicación para saber qué ha pasado con las tierras en la zona de expansión agroindustrial en Santa Cruz donde avanzó con celeridad la privatización de tierras fiscales. Explicó que hace 25 años todas esas tierras eran bosque pero hoy son grandes propiedades individuales en producción agrícola a un promedio de 5.000 y 6.000 hectáreas.
“Para no hablar de cifras, en términos generales estamos hablando que el 86% en la zona de expansión agroindustrial es propiedad mediana y grande. No hay tierras fiscales pero tampoco fueron destinadas a comunidades campesinas o comunidades indígenas en forma colectiva como manda la ley. Hay un proceso gradual y cada vez más descarado de consolidar propiedades fiscales a títulos individuales con diferentes argucias judiciales sobre la propiedad”, comentó.
Citó el caso Bolibras que el año 1992 fue el mayor escándalo de corrupción por la venta de 100.000 hectáreas fiscales a extranjeros y que dio origen a la Ley INRA para controlar la tierra fiscal. Sin embargo a casi 27 años de aquel hecho, las tierras igual acabaron en manos de menonitas, argentinos, brasileños y el Estado solamente se quedó con 3 o 4 mil hectáreas.
Dijo que los agroindustriales más allá de garantizar seguridad alimentaria, están en lucha constante por consolidar la propiedad individual y una vez consolidada tiene otro valor de mercado que les permite especular con las tierras ante el nuevo plan de uso de suelos tanto en Santa Cruz como en Beni.
Observa que en el actual gobierno hay una cercanía con este sector a través de caras conocidas de empresarios agroindustriales y atribuye a esa relación las actuales negociaciones para inyectar recursos financieros en el sector agropecuario una vez que pase la pandemia del coronavirus.
“El Ministro de Economía lo ha planteado como punto clave para la reactivación económica del país. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo porque responde a la estrategia de captar recursos públicos para un sector que se queja constantemente de no tener los márgenes de ganancias suficientes pero vive de la subvención y favores del Estado”, comentó.
En su criterio el sector soyero cruceño en términos económicos no es rentable en Bolivia y por eso no puede competir con Argentina y Brasil y solo vende soya a Perú y Colombia. “Este sector es marginal en la economía nacional y sin embargo hay una narrativa de que es el más pujante y productivo pero es una imagen falsa porque al final la intención es captar recursos públicos para inyectar a este sector”, indicó.