Charagua es el único municipio que llegó hasta la etapa final en el proceso de conversión de municipios a ‘autonomías indígena originario campesinas’ (AIOC), mejor conocidas como ‘autonomías indígenas’. Es el único territorio indígena con estatuto autonómico aprobado en referendo de los doce municipios que hace seis años iniciaron esta larga marcha. En el camino se sumaron Macharetí, Lagunillas, Gutiérrez, Curva, Inquisivi, Santiago de Andamarca, Turco, Curahuara de Carangas y Huari. Sin embargo, el referendo de aprobación de estatutos solo se realizó en Charagua y Totora Marka, triunfando el "Sí" (53%) en el primero mientras que en el segundo se impuso el "No" (70%). En estas circunstancias, una de varias posibles preguntas es ¿por qué declinó este proceso?
El moroso procedimiento jurídico y la ausencia de señales claras desde el poder político son dos factores de importancia que explican el momento crítico al que han llegado las autonomías indígenas. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) es una carrera de obstáculos. Establece procedimientos excesivamente complejos y desgastantes, traducidos en catorce pasos donde uno es prerrequisito del siguiente y que incluyen dos referendos: uno al inicio para la adopción de la cualidad autonómica y otro al final para la aprobación de los estatutos. El proceso es más complicado para las tierras comunitarias de origen (TCO). En otras palabras, los procedimientos a seguir son tan morosos que, haciendo una analogía, resulta más fácil la creación de una nueva jurisdicción municipal.
Por otro lado, el gobierno nacional no pudo superar su temor ante la posibilidad real de formación de territorios indígenas con autogobierno, democracia comunitaria sin partidos políticos y con derecho a ser consultados para la explotación de recursos naturales. Mientras que en los papeles el gobierno nacional ha reconocido un amplio catálogo de derechos indígenas, por otro lado no logró o no quiso comunicar un mensaje explícito y comprensible sobre la importancia de la implementación de la autonomía indígena para el ejercicio y realización de tales derechos. Es decir, el proceso autonómico no logró constituirse en política de Estado. Por supuesto que la postura estatal sobre las autonomías indígenas no es monolítica. Algunas autoridades y servidores públicos se esforzaron por contribuir de una manera más genuina. Esto explica, por ejemplo, la decisión de haber nombrado autoridades municipales transitorias el año 2010, a fin de facilitar una rápida implementación de las autonomías indígenas. A pesar de ello, los hechos demuestran de forma contundente que estos esfuerzos no han sido suficientes para sobrepasar los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas.
Existe otro factor de importancia relacionado con la dinámica interna de los propios interesados. Casi en todos los municipios y territorios en proceso de conversión surgieron tensiones, pugnas y luchas internas que en algunos casos han sido decisivas para paralizar la redacción participativa de estatutos y posterior abandono del proceso. Las luchas faccionalistas por cuotas de representación política (entre el MAS y otras formas de representación no partidaria) o las tensiones entre la democracia liberal y la democracia comunitaria han quebrantado la capacidad de consenso comunitario y construcción de una visión compartida. Los conflictos internos se exacerbaron ante la casi total dependencia de aportes y recursos propios para el diseño de la autonomía indígena. La propaganda falsa esparcida por candidatos a alcaldes, muchos de ellos del MAS, de que la conversión implicaba reducción y hasta eliminación de los recursos municipales, al igual que los rumores de pagos de nuevos impuestos para sostener el autogobierno, acentuaron todavía más la percepción negativa de los pobladores sobre la autonomía indígena.
Ante este escenario, una primera reacción que se escucha es que el régimen de autonomías indígenas ya no necesita implementarse porque incluso los propios indígenas lo han abandonado. Ello no tendría mayor importancia si los indígenas y campesinos estuviesen libres de la violencia silenciosa reflejada en la persistente pobreza rural y la desigualdad económica. Por eso no es casual que, en términos de necesidades básicas insatisfechas, entre el 70% a 90% de quienes aspiran al ejercicio del autogobierno indígena sean pobres. Originalmente la autonomía indígena fue percibida y demandada como una nueva institucionalidad de ejercicio de poder político para pueblos históricamente marginados y de esa manera resolver los problemas de exclusión y desigualdad estructural. Sin embargo, en los seis años de este proceso la posibilidad del ejercicio pleno de sus derechos políticos y económicos se ha desvanecido en la misma medida en que se ha consolidado el modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales. Así, las pretendidas autonomías indígenas han entrado en conflicto con los intereses económicos emergentes del extractivismo. Es un cambio que encarna el punto de quiebre de mayor impacto para el declive de las autonomías indígenas.
En suma, el proyecto de autogobierno indígena ha quedado reducido a asuntos formales y simbólicos como la implementación del derecho político a elegir autoridades indígena-estatales mediante formas de democracia comunitaria y, eventualmente, a la posibilidad de administración de algunos aspectos de la justicia indígena.
Ciertamente los derechos políticos y civiles son componentes valiosos porque atenúan algunas formas de opresión y exclusión pero no resuelven por sí mismos la violencia económica que es el factor de mayor incidencia en la vida de los indígenas del sector rural. En última instancia, el reconocimiento de derechos sin pleno ejercicio no es tan importante cuando la situación dominante está caracterizada por carencias y desigualdades materiales. El ejercicio de la democracia comunitaria mejora la participación política de los pueblos indígenas pero también es sabido que en muchas realidades la igualdad política se acomoda fácilmente a las desigualdades económicas y estructurales.
* Director de la Fundación TIERRA.