El confinamiento está reconfigurando a nivel global el acceso económico y físico a los alimentos y, en este contexto de cambios, debemos prestar atención a las variables que podrían afectar tanto a los productores de alimentos como a la seguridad alimentaria de todos los bolivianos.
Debido a la pandemia global del COVID-19, organismos internacionales como la FAO, OMS y OMC, han emitido pronunciamientos advirtiendo que la falta de certezas en la disponibilidad de alimentos podría provocar una ola de restricciones gubernamentales a las exportaciones. La consecuencia de algo así no sería otra cosa que la escasez de alimentos en el mercado global.
Si esto ocurriera, Bolivia estaría expuesta a un golpe por partida doble. Por un lado, la escasez provocaría una subida de los precios de alimentos con efectos inesperados; y, por otro lado, menor disponibilidad de ingresos debido a la eminente ralentización de la economía en general. Pero pongamos en balanza más elementos para valorar el escenario futuro y qué respuestas podemos barajar.
En primer lugar, la alerta de la FAO y otros es discutible. Los grandes exportadores de granos como Estados Unidos, Canadá o Australia no tienen necesidad de restringir sus exportaciones agropecuarios. Saturarían el mercado interno, los precios bajarían y los productores quebrarían. Siendo países de altos ingresos, los consumidores pueden preservar su seguridad alimentaria o sobrellevar mejor las posibles alzas de los precios.
En este momento, el mercado de trigo es el más sensible. La producción mundial ha sido golpeada por sequias y malas cosechas en algunos países. Rusia, el mayor productor de trigo, está adoptando restricciones temporales a fin de presionar la subida de precios. No ocurre lo mismo con el arroz dado que los principales productores como India, Vietnam y otros países asiáticos, destinan la mayor parte del grano al mercado interno. Incluso Japón, un importador neto de alimentos, tiene alta capacidad de autoabastecimiento de arroz. Bolivia también se autoabastece de la producción nacional, por lo que no está expuesta a los vaivenes del mercado global.
En segundo lugar, debemos tener en cuenta el precio del petróleo y de los commodities agrícolas como soya y maíz transgénicos. Todo indica que la caída del precio del crudo (estos días en torno a 20 dólares por barril) se traducirá en menores ingresos para Bolivia por exportación de gas y pone en jaque el proyecto público-privado de biocombustibles. A nivel global, prácticamente todas las plantas de etanol y biodiesel están en quiebra porque no pueden competir con el petróleo barato. Está en problemas la industria de etanol de los Estados Unidos que usa el 40% del maíz producido de ese país. Esto significa que las materias primas agrícolas como la soya y el maíz transgénico, tendrán menor demanda global. Por su parte, el gobierno boliviano si bien ahorrará al importar diésel y gasolina barata, al mismo tiempo deberá decidir si cede a la presión de los agroempresarios para canalizar más recursos públicos al sector agro-extractivo.
En tercer lugar, una cuestión central es si la gente tendrá suficiente dinero para comprar alimentos. El problema para Bolivia es nuestra alta dependencia de la exportación de materias primas. Dado que el precio del gas está indexado al precio del petróleo, vamos a sufrir un serio impacto económico. Las exportaciones tendrán tendencia a la baja tanto en cantidad como en valor. En consecuencia, es probable que no escaseen los alimentos en el mercado, pero el consumidor tendrá menor capacidad de adquisición y consumo. Y esta contracción mandará señales nada alentadoras a los productores, entrando así a un vaivén peligroso de bajas y alzas de precios y producción de alimentos.
Entonces, ¿qué se debe hacer para evitar la inseguridad alimentaria? Al menos dos medidas harán falta. Primero, apoyo estatal a la producción estable de alimentos. Es fundamental que el gobierno vele por la estabilidad en la disponibilidad de alimentos. Hay que cuidar a los productores de alimentos, pero con una claridad meridiana para no desviar el apoyo al agro a gran escala. Los pequeños productores de papa, trigo, cereales, hortalizas deberán contar con incentivos claros para abastecer sin interrupciones el mercado interno.
La segunda medida debe estar dirigida a cuidar los ingresos de los consumidores. Dependiendo de cuán profundo podría llegar a ser la crisis económica global, el acceso a los alimentos dependerá de que la gente tenga ingresos mínimos y estables en el tiempo. Una medida económica clásica es la creación de empleos de emergencia. La economía informal no tiene mucho margen para absorber a la gente que vaya a perder sus fuentes de empleo. Los bonos y las entregas de alimentos, si bien son necesarias en el corto plazo, tienen limitaciones a la larga: económicamente son ineficientes y tienen sesgos político-electorales.
A modo de conclusión, se puede decir que la crisis alimentaria podría tener lugar debido a menores ingresos en los bolsillos del consumidor y no tanto por falta de alimentos en el mercado. El COVID-19 está reconfigurando el acceso económico y el acceso físico a los alimentos y, dado que es un fenómeno en curso, debemos prestar atención continua.
* El autor es Director de la Fundación TIERRA.