Los pueblos indígenas fueron excluidos del proceso de cambio

Los indígenas bolivianos, especialmente los de tierras bajas, han sido excluidos de las políticas públicas estatales y la tenencia de sus territorios enfrenta peligros. Por ejemplo, los derechos indígenas reconocidos constitucionalmente, han sido sistemáticamente bloqueados por el Estado y los títulos de tierras comunitarias de origen pueden ser revisados, según el autor.

 

La gran paradoja del actual proceso de cambio que ya tiene 9 años (2006-2014) es la exclusión de los pueblos indígenas de la agenda de debate y de construcción de las políticas estatales. Al inicio de la gestión, entre 2006 y 2009, la cuestión indígena fue el eje central del discurso gubernamental -como expresión de la alianza del MAS con las organizaciones indígena campesinas del país-, frente a los movimientos regionales que demandaban las autonomías departamentales de la denominada 'media luna' que encabezó Santa Cruz. La Asamblea Constituyente fue el escenario de polarización entre estos dos bloques. Sin embargo, el resultado fue la abrumadora aprobación en Referéndum de una Constitución Política del Estado (CPE) marcadamente indigenista, por su énfasis en los derechos de los pueblos indígena originario campesinos.


Los derechos indígenas son contemplados en muchos artículos de la CPE, y pueden ser sintetizados en el ejercicio de "sus sistemas políticos, económicos y jurídicos acorde a su cosmovisión", así como el derecho al ejercicio de la justicia indígena. Sin embargo, desde la aprobación de la CPE en el año 2009 la aplicación de estos derechos ha sido sistemáticamente bloqueada por el Estado en las distintas normas jurídicas aprobadas para aplicarlos.


A estas alturas no cabe duda de que las autonomías indígenas están postergadas por falta de voluntad política del gobierno expresada en las trabas jurídicas y procedimentales (ley marco de autonomías, Tribunal Constitucional, Órgano Electoral). Han pasado seis años desde la aprobación de la CPE y no hay ninguna autonomía funcionando. Del mismo modo la Ley de Deslinde Jurisdiccional (2010) en los hechos ha impedido el ejercicio de la justicia indígena en los términos contemplados en la Constitución, es decir en igualdad jerárquica con la jurisdicción ordinaria.


Tampoco hay hasta hoy una norma que establezca los términos de la consulta previa a los pueblos y territorios indígenas afectados por medidas legislativas o administrativas. Precisamente por falta de este mecanismo constitucional surgió el conflicto en el TIPNIS en 2011. Recordemos que en aquella ocasión el gobierno inició las obras de una carreta cuyo trazo pasa por este territorio indígena, pero lo hizo de manera inconsulta. Este conflicto significó la ruptura entre el gobierno y las organizaciones indígenas, particularmente de tierras bajas aglutinadas en la CIDOB. La situación actual de los pueblos indígenas post conflicto TIPNIS es que en realidad han quedado excluidos de las políticas estatales, y en los hechos, ellos y sus derechos son solo un adorno discursivo. Las políticas públicas que se aplican desde hace nueve años no reflejan genuinamente el carácter plurinacional del Estado. Eso quedó solamente en el papel y se usa hábilmente en los discursos y foros internacionales.


Hay otras evidencias que podemos señalar. Desde hace cuatro años ya no hay más titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO, que con la vigencia de la Constitución deben llamarse Territorios Indígena Originario Campesino). Las TCO son vistas por algunas autoridades y dirigentes campesinos y políticos como nuevos latifundios y se amenaza con una revisión de su función social y ambiental. Los pueblos indígenas no fueron tomados en cuenta en la elaboración de la agenda patriótica 2025. La cuestión indígena, agraria y rural tampoco fue un tema prioritario en los programas de gobierno ni en los debates de los candidatos en las elecciones presidenciales de 2014. Por el contrario la gestión pública se guía por la noción del "centralismo democrático" esto significa que las decisiones no se comparten ni se delegan, por ejemplo a las autonomías indígenas. Las decisiones quedan bajo el control vertical del partido en función de gobierno.


En este contexto son muchos los peligros a los que se enfrentan los territorios indígenas, por ejemplo la posibilidad que sean revisados los títulos de propiedad colectiva de las TCO con el argumento de una mala gestión de los recursos naturales existentes en esos territorios, o el planteamiento de acaparamiento de tierras en pocas manos. El caso de la TCO Guarayos en el departamento de Santa Cruz debiera preocuparnos especialmente. El agronegocio ha pedido que la próxima cumbre "Bolivia Productiva" analice la "recategorización de la reserva forestal de Guarayos", lo que implica la revisión del uso de suelo y los derechos de los indígenas en ese territorio. Este puede ser un precedente funesto para otros territorios y echar por la borda la lucha de los pueblos indígenas, principalmente de tierras bajas, por el territorio, la dignidad, el medio ambiente y el respeto a la madre tierra.

* Investigador de TIERRA