Los agroempresarios han cultivado en el imaginario colectivo que son los gestores de un modelo agrícola exitoso que exporta y garantiza la seguridad alimentaria del país. A partir de esta narrativa han naturalizado la captura de recursos públicos a su favor. Hoy, frente a la crisis de Covid-19, se repite la historia y de manera más descarnada.
Aprovechándose de la pandemia de Covid-19, la élite agraria cruceña una vez más arremete para beneficiarse del Estado. Esta vez está en su mira la aprobación gubernamental para más cultivos transgénicos y los fondos de reactivación para los sectores económicos afectados por la cuarentena. Básicamente, pretende aprovecharse de la crisis sanitaria para captar recursos y políticas públicas con el justificativo de que son los que garantizan la seguridad alimentaria y que generan empleos y divisas por exportación. En realidad, su relación con el Estado es una larga y permanente historia de codependencia que se traduce en negociaciones y favoritismos. El Gobierno transitorio se ha convertido en su máximo aliado y, ahora a pasos agigantados, pretende imponer políticas estructurales a favor del agro a gran escala.
Primero, el 2017 la élite agraria demandó usar los fondos de pensiones para el rescate de los soyeros endeudados. El Gobierno anunció disponer de alrededor de 150 millones de dólares para ese propósito que no tardó en despertar una fuerte oposición social. El 2018, comenzaron a exigir con fuerza el uso de “biotecnología” y el Gobierno cedió inaugurando la “la era de los biocombustibles”, prometiendo una inversión pública-privada de 1.400 millones de dólares. El año 2019 presionaron por una autorización estatal expedita para más cultivos y variedades de soya transgénica. En repuesta, el Gobierno de Morales se comprometió a respaldar la ampliación de 250.000 hectáreas y allanó el camino para el uso de dos nuevas semillas transgénicas de soya: HB4 e intacta (Decreto Supremo 3874). El mismo año exigieron libertad expedita para la agroexportación, logrando su propósito con la aprobación del Decreto Supremo Nº 3920 que amplía hasta el 60 por ciento las cuotas de libre exportación de soya. El último año, 2020, Jeanine Añez decretó “liberación total” de las exportaciones.
Segundo, la elite agroindustrial pretende salvar al país de la futura crisis alimentaria y económica y, a cambio, tiene una extensa lista de nuevas demandas. Sabe que el gobierno transitorio es su aliado y patrocina abiertamente sus pedidos. Durante los días de cuarentena, los agroindustriales están en campaña para que la adopción de más transgénicos sea una de las medidas económicas estructurales. “Ya no podemos competir sin los transgénicos”, fueron las palabras del Ministro de Economía, José Luis Parada, en el XII Foro Económico "Desafíos de la economía y efectos del Covid-19" del 23 de abril. El gobierno ya dispuso medidas económicas urgentes como la suspensión del pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas e implementará una política tributaria de incentivo. Detrás de la cara bonita de bonos sociales, los recursos públicos se están desviando silenciosamente a favor de las elites sectoriales y regionales, en detrimento de la pequeña agricultura familiar.
Recientemente, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la asociada fachada de los grandes soyeros, se reunió con el Ministro Arturo Murillo y la autoridad se comprometió públicamente a hacer de mensajero para depositar en manos de Jeanine Añez la larga lista de demandas. Además de pedidos reiterados de semillas transgénicos de soya, maíz, caña de azúcar y algodón, la lista incluye la otorgación de créditos productivos y la restitución del 60 por ciento de esa cartera, una línea de crédito de capital operativo a cinco años plazo con un año de gracia, 540 millones de dólares para el sector agropecuario, arancel cero para la importación de insumos agrícolas, entre otras exigencias. Por supuesto, la lista de pedidos que se negocia es confidencial.
A manera de conclusión, los agroindustriales están sacando provecho del caos y desorden de Covid-19. Se mantienen fieles a su larga tradición de capturar y desviar para sí los recursos públicos. Los grandes agropecuarios viven a costa del Estado, es decir, a costa de los bolivianos. El cuestionamiento de fondo es, ¿vale la pena gastar fondos públicos para un sector que dice ser exitoso pero acostumbrado a extender la mano? La agricultura a gran escala está a punto de convertirse en el gran ganador de la crisis Covid-19, sobre todo si la población boliviana sigue callada.
* La autora es investigadora de la Fundación TIERRA.