En la provincia Abel Iturralde (La Paz), como en muchas otras de las tierras bajas de Bolivia, a la reforma agraria le tomó varias décadas ser aplicada y, podemos afirmar, que aún no ha cumplido sus objetivos. Intereses políticos y económicos ajenos todavía obstaculizan que las comunidades indígenas e interculturales puedan ejercer el control de la tierra donde viven y trabajan.
El primer obstáculo es la titulación incompleta de las TCO y las comunidades interculturales. La situación de la tierra en el Norte de La Paz se ha caracterizado por el desorden y deficiente legalidad durante varias décadas. La limitada incidencia de la Reforma Agraria de 1953 se ve plasmada en el hecho que entre 1966 y 1986 se habían dotado 869.233,67 hectáreas a solo 86 propietarios, privilegiando a actores privados de otras regiones, especialmente aliados políticos paceños de los gobiernos de turno.
Los grandes flujos migratorios a la zona, desde 1971, impulsados por la Corporación de Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ), provocaron cambios demográficos significativos, pero la mayoría de estas comunidades de colonizadores, hoy llamados interculturales, tuvo que esperar a la segunda reforma agraria (década de 1990) para recibir sus títulos de propiedad. En ese momento comenzó, aunque con varios tropiezos, la titulación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y de las comunidades interculturales.
Las enormes concesiones forestales, otorgadas antes del periodo citado, provocaron grandes limitaciones en todo el proceso de saneamiento. Solo años después, estas tierras fueron revertidas al Estado que las reconvirtió en tierras fiscales. Actualmente, estos predios están reclamados por varios actores.
La principal manzana de la discordia fue, y es, la ex concesión PROINSA. Un predio que forma parte de la demanda de la TCO Tacana I y de la Federación Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde (FESPAI). En 2010, los actores lograron superar sus conflictos internos y llegaron a un acuerdo para repartir el área entre los dos sectores. No obtuvieron colaboración de las instancias estatales para implementarlo y en los años después sufrieron la presión de nuevas organizaciones de colonizadores provenientes del altiplano paceño y que contaban con el aval político del partido del Movimiento al Socialismo (MAS).
Además, el Estado entregó una parte de esta área a la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), decisión que aumentó la inseguridad jurídica para las organizaciones locales. Esta situación prolongada de incertidumbre está provocando incursiones ilegales y conflictividad y afecta al ejercicio de la gestión territorial.
El caso de la ex concesión PROINSA demuestra el utilitarismo político con que abordan la región los gobiernos nacionales. Desde los tiempos de la explotación de la quina y de la goma, diferentes alianzas de gobiernos y empresarios han incursionado en el Norte principalmente para extraer recursos, sin preocuparse por generar estabilidad o desarrollo local. Esta actitud se verifica en el incumplimiento de compromisos con los actores locales, por un lado, y la cantidad de beneficios otorgados a actores externos, por otro lado, y según los intereses electorales.
Precisamente, el ímpetu actual de titular nuevas comunidades responde a estos intereses partidarios, y al afán de tramitar planes de manejo forestal, sin que los beneficiarios tengan el objetivo de establecerse permanentemente en el lugar. La aparición, tanto en papeles como en el lugar, de nuevas comunidades, formadas por actores locales y externos con el interés de incursionar en la extracción forestal, es una realidad en toda la provincia Abel Iturralde.
El caso de la instalación de EASBA es emblemático porque muestra cuáles son las políticas nacionales que perciben a las regiones amazónicas como territorios baldíos que deben someterse al desarrollo nacional. Hasta la fecha, la empresa estatal no logra funcionar de acuerdo con su capacidad proyectada, y está lejos de ser rentable, pero ha provocado muchas afectaciones en la región.
El municipio de San Buenaventura, y sobre todo sus comunidades indígenas y campesinas, ya son testigos del acelerado incremento de población, la conversión del uso de suelos para la siembra de la caña, la deforestación y la alarmante contaminación y disminución de fuentes de agua.
En respuesta, o falta de ella, el Estado no asumió la mitigación de estos efectos, y tampoco cumplió con su obligación de realizar un proceso de consulta previa libre e informada con las comunidades indígenas directamente afectadas.
Los casos mencionados ayudan a entender que la población indígena e intercultural de Abel Iturralde no solo enfrenta una titulación incompleta y trancada de sus TCO y comunidades, sino también muchas limitaciones para ejercer el control efectivo sobre sus territorios. Herramientas propias como la gestión territorial indígena y los reglamentos comunales sirven para regular las conductas de su población. Pero aun siendo los propietarios de sus tierras, pueden ejercer poca o nula influencia sobre el avance de la frontera agrícola empresarial, los megaproyectos, la piratería de madera y la titulación de comunidades fantasmas.
Este caso del Norte de La Paz refleja también otras realidades locales en las regiones amazónicas, con presiones sobre la tierra y los recursos naturales cada vez más incompatibles y con la inseguridad y conflictividad en crecimiento.
En el siglo XXI, las luchas sobre la propiedad de la tierra deben analizarse según los objetivos del uso que persiguen los diferentes actores. A 67 años de la Reforma Agraria, la respuesta a la pregunta de si la tierra es de quien la trabaja, se vuelve cada vez más compleja en la Amazonia boliviana.
*Suzanne Andes es Cooperante de la Fundación Tierra