La copropiedad de la tierra no es suficiente para la equidad de género. Asumir el empoderamiento de la mujer rural en base a cuotas de títulos de copropiedad agraria oculta las viejas y nuevas exclusiones de género.
Mientras en otros países de Latinoamérica las mujeres rurales continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos a la tierra, en Bolivia existen cambios legales favorables. Si bien en el pasado la Reforma Agraria de 1953 hizo poco o nada a favor de las mujeres campesinas e indígenas, las reformas contemporáneas trastocaron el orden jurídico patriarcal de la tenencia de la tierra.
Mediante la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria (2006), Evo Morales elevó a rango de ley la copropiedad de la tierra, ya adoptada en 1996, durante el proceso de saneamiento y titulación de las tierras. Esta Ley desafió los patrones patriarcales en el área rural y, como ocurrió con los hombres, los funcionarios del INRA tuvieron que aceptar la copropiedad de la pareja para los títulos agrarios.
Hoy, 14 años después de aplicación de la Ley de Reconducción, los resultados estadísticos son impresionantes: las mujeres representan el 46% de los 2,1 millones de beneficiarios (INRA, 2019). Aproximadamente, seis de cada 10 mujeres recibieron títulos ejecutoriales a su nombre. Al menos unas 995 mil mujeres rurales —campesinas, indígenas e interculturales— han sido reconocidas como propietarias o copropietarias a nivel nacional.
Estos números, loables y ampliamente difundidos, se han convertido en el sostén fundamental del discurso dominante sobre el empoderamiento de la mujer rural boliviana. Sin embargo, las cifras opacaron otras cuestiones: ¿quién controla qué? ¿cuán productivas son las tierras entregadas a las mujeres? ¿la renta de la tierra está en manos de las mujeres? ¿Las mujeres toman ahora las decisiones de uso y aprovechamiento de la tierra?
Las experiencias y las voces de las propias protagonistas nos alertan que ellas están lejos, bastante lejos, de los umbrales de empoderamiento real. Para empezar, la mayoría son ‘copropietarias’, ya sea dentro de la comunidad o a nivel familiar. Comparten la titularidad de la tierra con el esposo, los hijos o los hermanos. Por eso, a la hora de la toma de decisiones sobre el uso y tenencia de la propiedad, los hombres imponen, de nuevo, sus criterios.
Las mujeres propietarias, dueñas únicas o sin participación de hombres, no superan el 5% del total de copropietarias. Se trata de experiencias particulares en las que realmente no hay ningún varón en el entorno inmediato. Generalmente, son viudas sin herederos varones.
También es evidente que las mujeres controlan tierras marginales. Este quizá sea uno de los elementos más decisivos, pero menos abordados. Las tierras que están bajo control femenino están erosionadas, son minifundios abandonados, en su mayoría, por los hombres que optaron por la migración. Estos medios de vida son deplorables, de ahí que la pobreza rural en Bolivia tenga rostro de mujer.
En suma, las estadísticas del INRA sobre las mujeres dicen muy poco o nada sobre la real situación de las “copropietarias”. En este sentido, las narrativas únicamente apoyadas en estadísticas no solo naturalizan las desigualdades de género, también ocultan las viejas y nuevas exclusiones que afectan por igual a las mujeres, tanto en el entorno familiar, como en las comunidades campesinas e indígenas.
Los números crean la falsa sensación de que la lucha femenina por el acceso de la tierra sería un proceso concluido, en el que las interpelaciones sobre la persistencia de las opresiones machistas en esta materia están fuera de lugar.
La copropiedad de tierra es un gran avance, pero es insuficiente. Esta medida no forma parte de las políticas integrales de empoderamiento de las campesinas e indígenas. Debe quedar claro que la sumatoria de títulos ejecutoriales a nombre de mujeres no conducirá mecánicamente a cambios sustanciales en la equidad de género.
El empoderamiento de la mujer no es un ‘destino’, sino un proceso social que se construye desde varias aristas y dimensiones. En este, la participación de ellas es el pilar fundamental, así como las políticas agropecuarias específicas y sectoriales.
Martha Irene Mamani es investigadora de la Fundación TIERRA.