Pobladores y organizaciones de la sociedad civil venían cuestionando desde al menos ocho años el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a través de denuncias de tráfico de tierras y procesos de saneamiento que solo sirvieron para privatizar las tierras fiscales (la propiedad del Estado) a favor de “grandes intereses y poderes económicos”.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras está encargado de definir e implementar políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo rural integral agropecuario, forestal, acuícola y de la coca, de forma sustentable.