El debate sobre el “modelo cruceño” reflotó con el escándalo financiero del Banco Fassil. Empezó con las declaraciones interesadas del vocero presidencial, Jorge Richter, quien acusó a las élites cruceñas de apoderarse de los ahorros de la gente. En adelante, corrió mucha tinta azul en la misma línea y atacando a sus enemigos políticos vinculados a los grupos del poder de Santa Cruz. Las respuestas no se dejaron esperar, pero, casi todas, de tipo reaccionario y regionalista.
Ganaron titulares y amplia visibilidad en los medios de comunicación más destacados. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, difundió una carta “en defensa del modelo cruceño” desde la cárcel de Chonchocoro, negando cualquier nexo posible y probable entre los créditos vinculados del Banco Fassil y el “modelo productivo cruceño”. El rector de la Universidad cruceña, Vicente Cuéllar, también apareció en distintos medios señalando que el gobierno pretende desvirtuar el exitoso modelo cruceño y, a la vez, utilizarlo como cortina de humo para ocultar la crisis económica del país y la culpabilidad de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Carlos Valverde, uno de los cruceños más influyentes en la formación de corrientes de opinión, también salió en defensa del modelo cruceño. Fiel a su estilo periodístico, delimitó entre signos de exclamación el titular de una de sus columnas: “¡El modelo cruceño vive!”. Según Valverde, los ataques al modelo son muestras de “ignorancia” y “resentimiento”. Y al igual que otros cruceños, acabó reivindicando el Memorándum de 1904 como el momento fundacional para el crecimiento agroindustrial y a modo de la mayor justificación histórica para exigir que el gobierno “no estorbe” a los agropecuarios y a Santa Cruz.
Estas y similares posturas son ante todo manifestaciones reaccionarias porque buscan mantener la actual estructura económica regional, razón por la que cualquier cuestionamiento o exigencia de cambio sigue siendo considerado como indeseable o peligroso. En el ámbito político, estas posturas utilizan ideas de libertad y democracia para justificar los intereses del poder regional. En lo cultural, el “colla” sigue siendo representado como ajeno y enemigo de lo “camba”. En lo económico, disfrazan con la narrativa de éxito empresarial lo que no es otra cosa que un modelo primario-exportador o de tipo extractivista.
Los defensores del “modelo cruceño” se declaran partidarios del liberalismo económico, pero en realidad sin saber (o al menos sin reconocer) que tal modelo es altamente dependiente del proteccionismo estatal. Los que piden al gobierno “no estorbar” piden al mismo tiempo que no falte diésel; es decir, el diésel altamente subvencionado cuyo mayor beneficiario son, precisamente, los agropecuarios cruceños. Veamos este punto con mayor detalle.
Según los datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), actualmente Santa Cruz consume diésel a un ritmo de 3 millones de litros diarios, lo cual representa el 45% del diésel nacional. Sabiendo que la subvención al diésel gira en torno a Bs 6 por litro, la economía cruceña canaliza desde las arcas del Estado unos $us 940 millones anuales. Equivale aproximadamente al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) departamental o al 40% del PIB agropecuario de Santa Cruz. En otras palabras, es una transferencia económica de alto impacto y casi decisiva para la rentabilidad del complejo soyero. También otorga ventajas a los sectores productivos de las tierras bajas para la formación diferenciada de capital.
Este breve análisis sería incompleto sin preguntarnos cuál es el flujo inverso o cómo retribuyen los agropecuarios al sostenimiento de los fondos públicos. El mecanismo tributario al que se acogen los agropecuarios es el Régimen Agropecuario Unificado (RAU). Según el último dato disponible, el 2021 el gobierno recaudó por este concepto tan solo $us 4,8 millones. Este privilegio tributario se traduce en otro elemento clave que explica la capitalización privada de la economía cruceña. Todo esto significa que el proteccionismo estatal se materializa tanto en la subvención al diésel, como en la casi nula tributación agropecuaria.
Afortunadamente, no todas las voces cruceñas son reaccionarias. Crecen lentamente movimientos contestatarios frente a los grupos de poder, promotores de economías con valor agregado, activistas ambientalistas, mucha gente que duda de las narrativas simplificadas de éxito. En esta línea, destaca la contribución al debate en cuestión de Fernando Prado. Se pregunta si el “modelo cruceño” evoluciona o involuciona. Distingue cuatro modelos en lugar de hablar de uno solo. El modelo vigente desde los noventa sería de tipo liberal exportador, que se origina en el sector agropecuario y se expande hacia la agroindustria, comercio exterior, finanzas, mercado inmobiliario y otros.
Prado diferencia el modelo actual del anterior que se habría caracterizado por una amplia participación ciudadana mediante instituciones autónomas, comités de obras, cooperativas de ahorro y cooperativas de servicios públicos. Este tipo de distinciones abren nuevas ventanas para el análisis. Por un lado, contribuyen a perfilar con mayor precisión a la actual capa privilegiada que controla un modelo de formación de capital centrado en el lucro, sin la participación ciudadana del pasado y que vive de espaldas a la gente. Por otro lado, ayudan a explicar por qué estos grupos de poder necesitan manipular y utilizar el legítimo imaginario cruceño de los años setenta.
A estas alturas de la historia, las defensas reaccionarias del “modelo cruceño” ya son un lastre para el futuro de Santa Cruz y de Bolivia.
Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA.