En un acto sin precedentes, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz falló a favor del guardaparques Marco Uzquiano, ordenando su reincorporación inmediata como Jefe de Protección de la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni. El fallo consideró que la desvinculación argumentada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) constituyó una acción de hostigamiento contra un defensor ambiental. Este fallo constitucional supone un hito en la legislación ambiental nacional y permite hacer algunas valoraciones.
En la contundente fundamentación presentada por el representante de la Defensoría del Pueblo ante la Sala Constitucional, el Acuerdo de Escazú fue un instrumento clave que permitió dar sustento jurídico para anular un acto administrativo que era, por demás, arbitrario. En ese marco, el Acuerdo de Escazú no es solo un tratado ambiental; es una declaración de principios y un compromiso con la justicia y la transparencia.
Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, ratificado formalmente por Bolivia en junio de 2019 y puesto en vigencia el 22 de abril de 2021, coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra, este acuerdo representa un avance significativo en la protección de los derechos ambientales y humanos en la región, abordando temas clave relacionados con la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Los temas principales incluyen: Acceso a la Información Ambiental; Participación Pública; Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales; y Protección de Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales.
La importancia de la justicia ambiental y de la protección de los defensores ambientales en un país rico en biodiversidad como el nuestro, pero afectado por conflictos ambientales, no puede subestimarse. El acuerdo establece medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, quienes a menudo enfrentan riesgos significativos en su labor. Es un paso importante hacia la justicia ambiental y la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales.
El Acuerdo de Escazú es una herramienta poderosa para la justicia ambiental y la protección de los derechos humanos. Su implementación efectiva es crucial para garantizar un futuro sostenible y justo para todos.
Importancia del Acuerdo de Escazú en Bolivia
El Acuerdo de Escazú es esencial por varias razones. Bolivia, siendo un país con una rica biodiversidad, enfrenta numerosos conflictos ambientales. Los defensores ambientales, como Marco Uzquiano, a menudo se encuentran en situaciones de riesgo debido a su labor. El Acuerdo de Escazú proporciona un marco legal que protege a estos defensores, asegurando que puedan realizar su trabajo sin temor a represalias.
Al promover la justicia ambiental, el Acuerdo de Escazú contribuye al desarrollo sostenible. Asegura que las decisiones se tomen considerando tanto el bienestar ambiental como el social y económico.
Asimismo, el acuerdo obliga a los gobiernos que lo suscribieron a facilitar el acceso amplio y sin restricciones a la información ambiental. Esto es fundamental, ya que permite a los ciudadanos estar plenamente informados sobre las decisiones que afectan su entorno y calidad de vida. En un contexto donde la ilegalidad y la explotación descontrolada de los recursos naturales asolan al país, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión ambiental no solo son esenciales, sino también imperativas para el desarrollo sostenible. La divulgación de datos precisos y actualizados sobre el estado del medio ambiente y las acciones gubernamentales es vital para empoderar a la sociedad civil, fomentar la participación activa en la toma de decisiones, y asegurar que se tomen medidas concretas y efectivas para proteger nuestros ecosistemas y recursos naturales.
En lo referente a la participación pública, el Acuerdo de Escazú no solo fomenta, sino que impulsa vigorosamente una activa acción ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Esto podría asegurar que las comunidades indígenas no solo ejerzan su derecho a la consulta previa, sino que también tengan una influencia real y significativa en los proyectos que pueden afectar su medio ambiente y su calidad de vida. Al reconocer y respetar los conocimientos tradicionales y la cosmovisión de estas comunidades, se fortalece la capacidad de tomar decisiones informadas y sostenibles. El Acuerdo de Escazú, al promover esta participación inclusiva y equitativa, busca garantizar que todas las voces, especialmente las de los grupos más vulnerables y tradicionalmente marginados, sean escuchadas y valoradas en los procesos de desarrollo y conservación ambiental.
El acuerdo establece mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder a la justicia en asuntos ambientales. Esto es importante para abordar las injusticias y garantizar que se respeten los derechos ambientales.
Desafíos y oportunidades
Pese a su importancia, la implementación del Acuerdo de Escazú en Bolivia enfrenta varios desafíos, como la falta de recursos y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de su aplicación. Sin embargo, lo ocurrido en el caso de Marco Uzquiano es un ejemplo de cómo el acuerdo puede ser utilizado para proteger los derechos ambientales y humanos.
Retomando el trabajo del profesor Joseph Raz (1979), lo decretado en el caso Uzquiano crea “jurisprudencia positiva” ya que el contenido del fallo constitucional enfatiza la importancia de la autoridad y la obediencia a la ley en favor de la colectividad. La jurisprudencia positiva creada por parte de la Sala Constitucional establece un precedente y criterios para resolver casos similares en el futuro sobre la base de lo determinado en el Acuerdo de Escazú.
Por otro lado, la acción del Defensor del Pueblo es un ejemplo determinante de que es posible que una instancia pública actúe como garante de los derechos ambientales de los bolivianos. Para ello, el acuerdo puede ayudar a impulsar el fortalecimiento de las instituciones ambientales en Bolivia, mejorando su capacidad para gestionar y proteger el medio ambiente.
Los obstáculos que enfrenta la implementación del acuerdo son numerosos, pero no insuperables. La voluntad política y la cooperación interinstitucional son esenciales para superar estos desafíos. Las oportunidades que ofrece el acuerdo para fortalecer la democracia ambiental y la participación ciudadana son inmensas y deben ser aprovechadas al máximo. En resumen, el Acuerdo de Escazú es una herramienta esencial para la justicia ambiental en Bolivia. Su implementación efectiva es crucial para proteger los derechos ambientales y humanos, promover la transparencia y la participación pública, y asegurar un desarrollo sostenible para las generaciones futuras.
Esteban Sanjinés es Investigador Jurídico de la Fundación TIERRA.