Un grupo de 37 organizaciones de la sociedad civil boliviana, entre ellos la Fundación TIERRA, emitieron este jueves un pronunciamiento conjunto que cuestiona los términos de los contratos firmados por el gobierno con las empresas Uranium One Group (Rusia) y CBC (China) para la explotación del litio en el Salar de Uyuni e identifica al menos seis puntos críticos que podrían resultar lesivos para los intereses del Estado boliviano.
“Las instituciones y organizaciones de sociedad civil que suscribimos este documento respaldamos y nos adherimos a las preocupaciones expuestas por instituciones especializadas e instamos a las autoridades y a los parlamentarios a abrir espacios de diálogo y concertación para tratar este tema de alto interés nacional, antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para evitar un daño irreversible para el país”, señala parte del documento.
En primer lugar, se observa que los contratos establecen que el Estado boliviano deberá asumir la mayor parte de los riesgos operativos, incluyendo penalidades en caso de no proveer suficiente salmuera residual a las empresas extractoras.
Un segundo punto crítico revela que, aunque las empresas rusa y china se comprometen a realizar inversiones de aproximadamente $1.000 millones cada una, estos montos deberán ser reembolsados por el Estado boliviano a través de la producción de carbonato de litio.
La tercera observación señala que las proyecciones de utilidades están calculadas con precios sobreestimados del litio, considerando $25.000 por tonelada, cuando el precio actual ronda los $10.000, sin perspectivas de incremento significativo.
En cuarto lugar, se detectó una disparidad inexplicable en los costos de inversión: la operación de la empresa rusa requiere 2,4 veces más inversión por tonelada de carbonato de litio producido que la empresa china.
La quinta preocupación se centra en la falta de claridad sobre el aprovechamiento de otros elementos valiosos presentes en la salmuera del Salar de Uyuni, además del litio, generando incertidumbre sobre sus beneficiarios.
Finalmente, el documento advierte sobre la ausencia de salvaguardas ambientales y sociales. Los contratos se firmaron sin realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, y no contemplan medidas para mitigar impactos en al menos 20 comunidades cuyas actividades productivas y turísticas podrían verse afectadas.
En este contexto, las organizaciones firmantes hicieron un llamado a las autoridades ejecutivas y parlamentarios para que abran espacios de diálogo antes del tratamiento de estos contratos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. De igual forma, enfatizaron la necesidad de establecer contratos justos, transparentes y sostenibles que garanticen el desarrollo del país.
“También ponemos en conocimiento público de las representaciones oficiales de China y Rusia que los acuerdos, con el contenido actual, carecen de legitimidad y se constituirían en contratos lesivos al Estado, pactados al final de la gestión del Gobierno, con una débil y vulnerada institucionalidad”, destaca otra parte del pronunciamiento.
Descargue el documento aquí: Pronunciamiento