Indígenas del Sub Consejo Tsimane del Sector Yacuma presentaron este jueves una Acción Popular en contra del Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Eulogio Núñez Aramayo; el Director Departamental del INRA – BENI, Ramiro Ortiz Yucra y la Directora Departamental de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) – BENI, Jeangler Arely Pérez para que cumplan con las normas. Se busca que el INRA encamine el proceso de dotación de tierras que inició ese pueblo indígena en 2021 y que la ABT anule las autorizaciones de desmonte en el territorio demandado hasta que se solucione el conflicto.
“Hemos venido del territorio sector Yacuma porque el Estado no escucha nuestra demanda de territorio. Estamos aquí para defender nuestros derechos como pueblos indígenas. Hay toda una realidad. Nos están avasallando y nos están vulnerando nuestros derechos. Aquí no quieren hacer conocer (información) sobre nuestra demanda (sic)”, manifestó el Cacique del Sub Consejo Tsimane del Sector Yacuma, Rosendo Merena, quien con un grupo de dirigentes indígenas presentó la Acción Popular en la ciudad de Trinidad.
El 13 de julio de 2021, mediante Hoja de Ruta 13292, la organización indígena presentó la demanda de Dotación y Titulación de Tierras Comunitarias de Origen para comunidades Tsimane del Sector Yacama – TCO Ya´cama. Sin embargo, el INRA departamental, lejos de atender su demanda, otorgó autorizaciones de asentamiento a 80 comunidades interculturales dentro del territorio indígena demandado y ordenó el posterior desalojo que trajo consecuencias violentas para quienes habitaban en el sector.
Ante varias denuncias de avasallamiento y de acciones violentas sufridas por los indígenas, el 25 de enero de 2022, la autoridad departamental convocó a una la mesa de diálogo en la que participaron representantes del pueblo tsimane; representantes de las comunidades Interculturales y representantes del INRA. En el encuentro, las autoridades se comprometieron a regularizar el derecho propietario de los tsimane y buscar un área fiscal para las familias que no cuentan con tierra. Estos compromisos no han sido cumplidos.
El INRA también puso en duda la condición de indígena de los tsimane y su dominio ancestral sobre el territorio que ocupan, pidiéndoles que demuestren su derecho de ancestralidad, ya sea identificando cementerios antiguos o exhibiendo pruebas legales como declaratorias de herederos de personas fallecidas o certificados de defunción entre otros documentos. El INRA no considera que los tsimane han sido un pueblo de vida itinerante y que actualmente se halla en situación de contacto inicial, vale decir, que, por su relacionamiento reciente con el Estado y otros actores de la sociedad, no conocen plenamente ni comparten los patrones y códigos de interrelación social de la población mayoritaria.
Debido a los constantes pedidos de información, el 28 de junio de 2022, el Director Nacional del INRA solicita mediante Comunicación Interna DN HRI N° 14008/2022 al Director General de Administración de Tierras, Edgar Suxo Apaza, que eleve un informe de las solicitudes realizadas por los Tsimanes. Esta petición fue respondida mediante nota DN HRI N° 14008/2022 DGAT-UATF-AAHH-INF N° 1963/2022 de 18 de julio de 2022, con el argumento de que “La solicitud se encuentra en la Unidad de Saneamiento – La Paz”.
A esta acción le siguieron otros seis envíos y presentaciones de memoriales para conocer el estado del proceso. Finalmente, por las reiteradas solicitudes, el 14 de junio de 2023, los indígenas fueron notificados con el Informe Legal DGST-JRLL-INF-SAN N° 1579/2023 de 11 de mayo de 2023, en el que señalan que en el sistema de la dependencia estatal no se registra, ni identifica ningún proceso de dotación en favor de los indígenas Tsimane del sector Yacuma.
“Este último tiempo nos notifican con un informe en el que dicen que no hay demanda de dotación, pero sí existe un cargo de recepción. Entonces no sabemos si el INRA no maneja bien sus datos, o el proceso, o cuál es el error. El procedimiento agrario dice que cuando el INRA recibe un proceso de dotación tiene un plazo de cinco días para admitir o rechazar la demanda, pero no se respondió de una manera formal”, afirmó Jhovanna Morales, abogada de Fundación TIERRA - Regional Oriente.
La Acción Popular, según explicó la abogada, procede contra cualquier acto u omisión que se haya registrado en algún proceso. En este caso el acto ha sido no hacer lo que dice la norma respecto al procedimiento de la dotación de tierras y la omisión ha sido no responder las notas sobre el proceso iniciado por los indígenas. “Las autoridades del INRA han violado los derechos colectivos de un pueblo indígena que está siendo afectado por avasallamientos, que está siendo despojado de su territorio. La medida busca que por lo menos en la vía judicial les digan a las autoridades que cumplan sus procedimientos”, explicó Morales.
La medida puede ser aceptada, observada o rechazada. Si se acepta, se notificará a los demandados en un plazo de entre cinco a 10 días para que se señale audiencia. “Lo que estamos pidiendo es que respondan a la demanda, que se rijan al procedimiento, que se restituya a las comunidades indígenas que han sido desalojadas de su lugar de origen y que se ordene a la ABT que paralice la autorización de desmonte en el área de demanda de dotación hasta que el INRA resuelva esta situación”, enfatizó la abogada.
