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Segunda Reforma Agraria: resultados poco alentadores

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La reforma agraria tiene por objetivo revolucionario la abolición de la desigual estructura agraria; es decir, la transferencia de la tierra de las manos de grandes propietarios a los pequeños productores campesinos e indígenas. El saneamiento debe cumplir este objetivo pero todavía no ha terminado y aunque sigue vigente, los resultados no son muy alentadores.

 

Según algunas proyecciones del gobierno, el sector empresarial podría lograr consolidar 17 millones de hectáreas hasta el 2017, se afirma en la investigación “Segunda Reforma Agraria: Una historia que incomoda”, escrita por Gonzalo Colque, Director de Fundación TIERRA, y los investigadores Efraín Tinta y Esteban Sanjinés.

Estas estimaciones otorgan a los campesinos, pequeños propietarios e interculturales alrededor de 38 millones de hectáreas y a los pueblos indígenas 26 millones de hectáreas bajo la modalidad de TCO. Si a esto se suman los 24,5 millones de tierras fiscales, se alcanza los 106,7 millones de hectáreas, que es la meta nacional para el proceso de saneamiento.

 

Según estas cifras, habría una aparente mayor equidad en la distribución, pero en realidad estaríamos ante el deterioro de la tendencia progresista y redistributiva que en algún momento había tenido el proceso de saneamiento, especialmente entre 2006 y 2009. Los investigadores afirman que “El sector empresarial que había logrado consolidar alrededor de 6 millones de hectáreas en 18 años (1996-2014), ahora está encaminado a obtener derechos propietarios sobre 15 a 17 millones de hectáreas”. Esto significaría que el saneamiento habría “…dejado de ser un obstáculo legal, técnico y político para la expansión del modelo exportador de materias primas; al contrario, se ha convertido en un procedimiento expedito para titular a un ritmo de 2 a 3 millones de hectáreas por año para el sector empresarial”, afirman los autores.

 

Hace 19 años con la Ley 1715, más conocida como Ley INRA, se inició el saneamiento y la titulación de todas las propiedades agrarias de Bolivia. El INRA identificó 106,7 millones de hectáreas como superficie objeto de saneamiento.

 

Hasta finales de 2015 los resultados son 47,9 millones de hectáreas saneadas y tituladas (45 por ciento) y 24,5 millones de hectáreas de tierras fiscales identificadas (23 por ciento). 19,7 millones de hectáreas (18 por ciento) están en “proceso de saneamiento” y el saldo de 14,5 millones está “sin sanear” (14 por ciento).

 

Hasta finales de 2014, la pequeña propiedad tenía 3,8 millones de hectáreas, la propiedad comunaria 9,1 millones de hectáreas y las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) 22,9 millones de hectáreas. El problema mayor para los indígenas, campesinos, interculturales y originarios sigue siendo que las tierras que poseen son “tierras marginales”, mientras que el sector empresarial controla las tierras más fértiles y productivas. Por ejemplo, en la “zona de expansión” agroindustrial de Santa Cruz, los medianos y grandes propietarios controlan el 62 por ciento de las 3,6 millones de hectáreas existentes, mientras que la pequeña propiedad alcanza solo al 17 por ciento.

 

 

 

A dos décadas de la ley INRA persiste la desigual tenencia de la tierra

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Después de dos décadas de vigencia de la Ley INRA (promulgada en 1996), los avances de saneamiento y titulación de tierras han sido informados en términos  cuantitativos pero no se conoce si tales datos reflejan los objetivos de transformación de la desigual estructura agraria de Bolivia. Esta es una de las afirmaciones contenidas en la investigación “Segunda Reforma Agraria: una historia que incomoda”, que la Fundación TIERRA presentará este 27 de enero en el Paraninfo de la UMSA, a las 18:30.

 

Según los autores del libro, la práctica común de todos los gobiernos sin excepción consistió en hacer una evaluación solo de la cantidad de hectáreas tituladas “…sin que interese mucho si este proceso conlleva también la transferencia de derechos propietarios a manos de los sectores rurales excluidos”.

 

Además, explican, que los informes de titulación de tierras han creado en la ciudadanía una imagen distorsionada de la reforma agraria boliviana: “los millones de hectáreas de tierras tituladas y saneadas, además de distraer la atención sobre lo que realmente importa, han alimentado en el imaginario colectivo la idea de que la reforma agraria consiste en un simple registro catastral de tierras”, señala el texto.

 

El libro está dividido en cuatro capítulos, una sección de conclusiones y anexos. Contiene una lectura teórica sobre la reforma agraria, sus implicaciones políticas y efectos sobre la diferenciación campesina. También se examinan los factores centrales de la Reforma Agraria de 1953, el debate sobre la nueva ley de tierras de 1996 y la aprobación de la Ley INRA.

 

El capítulo sobre “la institucionalidad agraria: del CNRA al INRA”, ofrece un análisis del diseño institucional de 1953 y su relación con el del INRA. El capítulo central analiza los “resultados del proceso agrario 1996-2014, haciendo un recuento de este proceso desde sus inicios, los primeros diez años de vigencia; el periodo de la Reconducción Comunitaria y los últimos años del proceso (2010-2014). Ofrece un balance final que responde a la pregunta, ¿cambia la desigual estructura agraria?

 

El libro se presenta como parte de los actos de celebración de los 25 años de trabajo continuo de la Fundación TIERRA.

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Las mujeres campesinas demandan acceso a tierras fiscales en zonas bajas y riego

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Las mujeres campesinas de La Paz revindicaron su aporte a la soberanía alimentaria y demandaron al gobierno que priorice la conclusión del saneamiento de tierras, la identificación de tierras fiscales en las zonas bajas del departamento para acceder a ellas a través de la dotación, además de la urgente aplicación de la ley de Década del riego para incrementar su producción de alimentos.

 

Estas son las principales demandas que las dirigentes de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa hicieron conocer en el Primer Encuentro Departamental Seguridad y Soberanía Alimentaria, Tierra y Territorio, realizado en instalaciones de la Universidad Pública de El Alto el 14 de diciembre.

 

Como parte del análisis de la situación del agro, del acceso a la tierra y de la seguridad y soberanía alimentaria en el departamento, las campesinas reivindicaron su contribución al logro de la soberanía alimentaria que se da a través de la producción de alimentos destinados al autoconsumo familiar y también al abastecimiento de la demanda en las ciudades. Con base en esa reafirmación, las dirigentes formularon algunas demandas al gobierno, entre ellas, “pedimos que el gobierno reoriente sus esfuerzos hacia la agricultura familiar campesina para la seguridad y soberanía alimentaria”.

 

También exigieron implementar con premura la ley de la Década de riego puesto la falta de agua para consumo humano y para la producción agropecuaria incide negativamente en la economía de las familias en muchas comunidades rurales. En la actualidad numerosas familias recurren a los pozos de agua para el consumo familiar, lo cual conlleva consecuencias negativas para la salud.

 

Además exigieron que el Estado promueva el mejoramiento de las condiciones de comercialización (mercados) para producción campesina y se garantice precios justos; que el gobierno haga los esfuerzos necesarios para proteger la producción interna de productos, luchando contra el contrabando de productos de origen campesino.

 

Asistieron al evento más de 300 dirigentes entre las que se contó secretarias generales de comunidades, ejecutivas de subcentrales, centrales agrarias y de las 20 provincias paceñas, además de las integrantes del Comité Ejecutivo. El programa abordó tres temas: Seguridad y soberanía alimentaria; Mujer, tierra y pequeña producción campesina, y Visión y bases de las nuevas iniciativas de políticas públicas en seguridad y soberanía alimentaria.

 

 

La titulación individual rompe lazos comunitarios en Aiquile, se afirma en una investigación

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La fragmentación de la tierra está obligando a reclasificar la propiedad agraria campesina en surcufundio, minifundio y pequeña propiedad. Esta realidad diferenciada en tres categorías también obliga a futuro a redefinir el rol productivo que deberían cumplir cada una de estas propiedades.

 

El saneamiento de tierras ha servido para constatar que existen profundas transformaciones agrarias en las comunidades campesinas. Uno de estos cambios es la ruptura de la cohesión social de las comunidades como efecto de la mayoritaria titulación individual. Así lo revela la investigación de Sergio Vázquez y María Teresa Peñaloza cuyo título es: “Individualización de la tierra y transformaciones socioterritoriales postsaneamiento”, realizada en el municipio de Aiquile, Cochabamba, específicamente en las comunidades de la Subcentral Novillero.

 

Para los comunarios de esta región, la titulación individual tiene ventajas económicas como el acceso a créditos bancarios destinados a emprendimientos productivos y, además, tiene un significado especial al ser y “sentirse” dueño de las tierras. La titulación comunal no otorgaría ese sentimiento, según el estudio.

 

Por otro lado, quienes optan por la titulación colectiva o Tierras Comunitarias de Origen (TCO) defienden sus formas ancestrales y originarias de uso tradicional y acceso colectivo, que además de ayudar a ejercer mayor regulación y control social, esta modalidad les permitiría ser no solo dueños de la tierra sino del territorio, es decir ser dueños del suelo, subsuelo y sobrevuelo. Esto les permite defenderse de los intereses foráneos sobre los recursos naturales existentes en la TCO.

 

De las 8 comunidades de esta Subcentral Novillero sólo 3 de ellas optaron por la TCO mientras que la mayoría (5) eligieron la titulación individual (y mixta). A nivel municipal la diferencia es mayor: de 96 comunidades del municipio de Aiquile, solo 3 optaron por la TCO, frente a las 93 que decidieron titularse de manera individual.

 

Una de las implicanciones del saneamiento individual, señala el estudio, es que rompe los lazos tradicionales de cohesión comunal y debilita la organización sindical. Se han visto afectados prácticas como el manejo y regulación comunal de áreas de pastoreo o el uso y acceso a manantiales de agua. La pérdida de estas prácticas genera conflictos y enfrentamientos al interior y entre comunidades. Además, la titulación individual provocó la consolidación del minifundio extremo al “titular superficies que no superan los 50 a 100 metros cuadrados”. Con este tamaño de tierra es imposible “asegurar el sustento básico para todos los miembros de la unidad familiar”.

 

Los investigadores, también resaltan que la aparcería fue reemplazada por el arrendamiento de tierras (Aparcería, es aquella forma de acceso a la tierra en que el propietario y el aparcero se dividen el producto de una parcela). Este cambio significa que “el propietario alquila una extensión de tierra por un monto fijo de dinero de forma anual”. Otro fenómeno de mercantilización es la creciente compra venta de tierras con riego y de frutales.

 

La fragmentación de la tierra estaría obligando a la necesidad de reclasificar la propiedad agraria campesina en surcufundio, minifundio, y pequeña propiedad. Vásquez y Peñaloza señalan que esta realidad diferenciada en tres categorías también obliga a futuro a redefinir el rol productivo que deberían cumplir cada una de estas propiedades.

 

 Nota. El estudio de Sergio Vázquez y María Teresa Peñaloza está disponible en el siguiente enlace (Parte III) http://goo.gl/nqtl73.

 

 

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