En Bolivia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la temática de la tierra responden parcialmente a la Agenda 2030 y existe una alerta sobre una serie de políticas y leyes que vulneran los derechos colectivos relacionados con los territorios indígenas y la presión ejercida sobre la tierra y recursos naturales debido a los proyectos extractivistas que afectan el control territorial de una diversidad de comunidades indígenas.
Autoridades del municipio de Villa Serrano de la provincia Belisario Boeto —del departamento de Chuquisaca— firmaron este lunes un convenio de cooperación y coordinación con la Fundación TIERRA Regional Valles, cuyo principal objetivo es que las comunidades del área de intervención logren mitigar los conflictos por la tierra que obstaculizan la reactivación de sus sistemas productivos agroecológicos y convencionales.
Pequeños productores, autoridades comunales, líderes locales, promotores y servidores de los municipios de Totora (Cochabamba), Mojocoya, Zudáñez y Presto (Chuquisaca) y Tiahuanacu y Taraco (La Paz) se reúnen en la población de Redención Pampa para compartir experiencias en agropecuaria, gestión integral del agua y gestión territorial.
El conflicto por la tierra sigue escalando en Bolivia y sigue siendo desafiante a la hora de abordar debido a sus múltiples dimensiones. Los involucrados a menudo desinforman para mantener opaca la información agraria. Por eso, hemos hecho un esfuerzo para responder a algunas inquietudes que muchos de nosotros tenemos sobre el caso Las Londras.
El reto es asegurar que el proceso de distribución de tierras se lleve delante de manera técnica, justa y transparente, al margen de intereses políticos y sectoriales.