El director de Fundación TIERRA afirma que es poca la tierra que está en disputa en Santa Cruz, donde todos se sienten avasallados: empresarios, interculturales, indígenas. A eso se suman las posiciones políticas.
Mery Vaca / La Paz
Gonzalo Colque es director de la Fundación Tierra desde hace casi 10 años. Ahora que está a punto de dejar el cargo, hace una evaluación de esta delicada problemática, anticipando que se está gestando un conflicto gravísimo en Santa Cruz porque ya queda muy poca tierra en disputa entre agroempresarios, comunidades interculturales del MAS e indígenas.
Al cabo de dos gestiones, Colque dice que por norma tenía la opción de quedarse un periodo más como director de Tierra, pero que decidió retirarse para evitar la desinstitucionalización de la fundación, como ocurre con otras ONG, donde los directores “parecen gerentes propietarios” que nunca cambian, pero que desde sus puestos criticaban, por ejemplo, que Evo Morales se haya eternizado en el poder.
Tierra es una ONG boliviana que, según dice Colque, ha sobrevivido a los ataques de Álvaro García Linera, de Juan Ramón Quintana y hasta a los embates del Servicio de Impuestos. Cuenta que la entidad recibe financiamiento europeo, que maneja un presupuesto de 400 mil dólares anuales y que cuenta con una plantilla de 30 personas a nivel nacional, con oficinas en Santa Cruz, La Paz y Chuquisaca.
Ahora que dejará la Fundación Tierra, ¿podría hacer una evaluación del punto en el que se encuentra esta problemática?
Es una situación muy difícil. Desde el 2011 en adelante, el proceso de distribución de tierras es el más corrupto, más oscuro, y el de mayor alcance que hemos tenido. Después del conflicto por el Tipnis, el Gobierno, mediante el INRA y el Viceministerio de Tierras, ha dado rienda suelta a todas las demandas de saneamiento y titulación. En vez de verificar la función económica y social, en vez de recortar las grandes propiedades o hacer respetar las 5.000 hectáreas de límite, lo que ha hecho es dar vía libre para que ese saneamiento se dé en las condiciones en que exigían los empresarios. Aunque no tenían títulos o tenían vicios de nulidad, igual les han blanqueado los antecedentes agrarios de sus propiedades que en muchos casos eran tierra fiscal. Muchos han recibido tierras a doble y triple titulación a nombre de testaferros. Son peones, ayudantes, es la gente que no existe ni siquiera en las redes sociales. Estas titulaciones se han dado mediante simulaciones de compra y venta de tierras. Se entrega la tierra en venta al empleado, para que él se titule, porque él puede decir que ha comprado la tierra.
¿Qué pasa el 2011 para que ocurra ese cambio?
Ha habido un quiebre. Hay que reconocer que el gobierno de Morales empezó con un proyecto de revolución agraria para la redistribución de la tierras y para revertir la desigualdad en la tenencia de la tierra, pero eso ha terminado el 2010, porque han sacado a Alejandro Almaraz del Viceministerio de Tierras y a Juan Carlos Rojas, que era el director nacional del INRA, y cuando vino el conflicto por el Tipnis, el Gobierno ha roto su alianza con los indígenas y ha tomado una decisión política de ya no sanear más TCOs en adelante. Y la alianza rota con los indígenas de tierras bajas la ha reemplazado con una alianza agroempresarial, que se ha basado en que los empresarios querían la titulación de sus tierras, sin ser cuestionados. A partir de ahí la distribución se ha hecho corrupta.
Usted dice que son los agroempresarios, pero ellos aseguran que los beneficiados son los interculturales, sindicatos del MAS y que están creando comunidades incluso con fines políticos. ¿O son las dos cosas que están sucediendo?
Son las dos cosas, lo que pasa es que la cantidad de tierras disponibles para que se titulen nuevos propietarios es muy poca. Hay seis millones de hectáreas de tierras fiscales en Santa Cruz para la redistribución, pero cuatro millones están en lugares que no tienen interés ni valor económico. Las más interesantes son unas dos millones, mayormente calificadas como tierras fiscales.
¿Por qué dice calificadas, son o no son fiscales?
Hay dos tipos de tierras fiscales. Las disponibles y que se pueden titular, y tierras fiscales no disponibles que son áreas protegidas, parques nacionales, que no se pueden titular a nadie. La disponible es muy poca y tres grandes sectores están en esta pelea. Uno, los empresarios, que disputan estas tierras mediante procesos viciados de nulidad. El segundo grupo son los interculturales. En Santa Cruz hemos denunciado y demostrado que existen 1.400 autorizaciones de asentamientos que ha dado el INRA a comunidades campesinas e interculturales, aproximadamente son 600 mil hectáreas estas tierras fiscales también desde el 2011 hasta la fecha. El problema principal es que son comunidades fantasmas, la gente no vive ahí, no son agricultores, algunos tienen tierra en otros lugares, principalmente en el Chapare. Muchos no conocen el lugar donde han recibido estas tierras, solamente conocen a los dirigentes, y los dirigentes están comprando y vendiendo estas tierras porque los supuestos beneficiarios son los que les han prestado fotocopia de su CI para crear una comunidad ante un notario, un abogado y aparece una comunidad fantasma. Es para traficar esa tierra.
¿Qué poder tiene esta gente para conseguir tierras? ¿Son del MAS?
Es un poder político. Son del MAS. No hay otra relación, todos ellos tienen esta conexión política y es un favor político lo que están adjudicándose a modo de asentamientos humanos en la Chiquitania. El tercer grupo que está en disputa son los campesinos e indígenas que todavía no tienen tierra suficiente en Santa Cruz, es el grupo más legítimo. Muchos de ellos se han ido 10 a 15 km lejos del camino a sentar presencia y crear una comunidad, sin caminos, sin escuela y sin agua, están fundando comunidades. Este sector tiene que diferenciarse de los que están acaparando la tierra.
¿Le dieron derecho propietario a este grupo?
Les han dado autorizaciones provisionales de asentamiento para que vayan a trabajar y de unos años iría el INRA otra vez a verificar si trabajan la tierra y darles un título de propiedad. Entonces en Santa Cruz se está incubando un conflicto muy grande por la tierra en este momento, con lo que ha dicho el Vicepresidente, con lo que ha dicho el Comité Cívico, el gobernador de Santa Cruz. Y todos se creen avasallados y todos quieren ver a los demás como avasalladores y en realidad todos ellos son sectores que se están peleando por los saldos de tierras fiscales que quedan en Santa Cruz, que han sido rematados por funcionarios públicos, por autoridades que han recibido coimas y sobornos.
En ese contexto, ¿cómo puede leerse el discurso del Vicepresidente en sentido de que no se puede permitir que la tierra sea para unos cuantos. ¿Eso significa un quiebre en esta supuesta relación entre el Gobierno y los empresarios?
Creo que el Vicepresidente no está bien informado de la problemática de la tierra. Seguramente sabe de las demandas y conflictos que tienen los interculturales, pero lo que no sabe o no quiere reconocer es que todo este problema lo ha creado el gobierno del MAS desde 2011 hacia adelante. Los funcionarios públicos han venido extorsionando a los menonitas, a los comunarios, para no desalojarlos de las tierras fiscales. Hay gente que ha entrado a la cárcel, pero no todos.
¿Cómo encarar la situación para evitar la violencia?
Es un conflicto muy peligroso que se viene, pero se puede desactivar. El Gobierno para empezar tiene que transparentar y parar todo el tráfico de tierras que está apadrinando en este momento. Nosotros hemos pedido que se haga una auditoría con una paralización de las actividades del INRA, porque está totalmente corrompido, ha causado todos estos problemas, ha perdido institucionalidad, no tiene un director titular hace años, prefieren tener un interino para mover según los intereses de cada sector. Otra manera de parar es investigar los casos de extorsión, de trafico de tierras y de avasallamiento. Si ya hay resoluciones de desalojo, el Gobierno, en vez de extorsionar a los privados, que los desaloje. Los menonitas en Río Negro tienen grandes extensiones de tierra con soya y maíz transgénico, en tierras que ya están declaradas como fiscales y que tienen resoluciones de desalojo, pero en lugar de desalojarlos, van cada vez que hay siembra o cosecha y los extorsionan. El tema no está en sentarse en Santa Cruz entre distintos sectores, sino parar este sistema de distribución ilegal de tierras fiscales. Además, se deben tomar acciones concretas en casos icónicos como el de la familia Marinkovic, con más de 34.000 hectáreas tituladas a un grupo familiar.
¿Cuánta gente está procesada por tierras y cuál es el nivel de corrupción en el tema tierra?
El caso más escuchado es del clan Cocarico. El hermano (del exministro) estaba en la cárcel y también había un exviceministro de gobierno, (Gustavo) Torrico, y gente del Ministerio de Gobierno se han dedicado a extorsionar a los menonitas y les cobraban miles y miles de dólares cada seis meses a cambio de dejarlos en paz trabajando en tierras fiscales. El caso más grave que no se ha investigado es el de las tierras fiscales de Bolibras, que son de 100 mil hectáreas en Pailón, donde el gobierno de Evo Morales autoriza mediante un decreto que continúe el saneamiento y titulación en esa zona, y lo han acabado loteando. De esas 100 mil hectáreas, lo que queda como tierra fiscal son 3.000 hectáreas, lo han rematado a privados, colonias menonitas y brasileños, todos titulados como grandes propiedades ganaderas. El último caso, del ministro (Edwin) Characayo, el supuesto propietario, que le ha puesto esta trampa, estaba dispuesto a pagar 350 mil dólares para titular esas 2.000 hectáreas, esa es la tercera parte del valor comercial de esa tierra. La única explicación es que esa tierra no era de él, era fiscal. Antes por lo menos el Estado adjudicaba, vendía los predios e iba a las arcas del Estado, ahora quien recibe es el funcionario corrupto. Y eso ha pasado sistemáticamente, no hay autoridad del INRA que no está metido en esto. Hay un sistema de puertas giratorias, en el que exdirectores del INRA se han pasado al Tribunal Agroambiental para ser funcionarios para agilizar las demandas y dar su visto bueno. El INRA no ofrece memorias anuales de saneamiento, no se sabe quiénes son, donde están los adjudicatarios. Finalmente han reconocido que hay 1.400 asentamientos en Santa Cruz, hemos exigido que digan los nombres de los beneficiarios, pero no lo han dicho.
El otro problema es la expansión de la frontera agrícola, la deforestación y los incendios. ¿Cómo está afectando esta situación al ecosistema?
El incendio es la consecuencia más catastrófica que tenemos. Más de tres millones de hectáreas incendiadas en 2019, porque todo el mundo se ha sentido como dueño de esas tierras para incendiarlas, con los asentamientos, con estas autorizaciones truchas. En San Matías, un ganadero ha titulado 18.000 hectáreas en la gestión de Evo Morales, que según dice lucha contra el latifundio. La frontera agrícola ha avanzado muchísimo y se ha expandido a Beni con el nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS), que dice que se puede desmontar, que las tierras tituladas tienen potencial agrícola y ganadero, con lo que valen tres o cuatro veces más.
¿Qué hay de las leyes y decretos incendiarios?
El Gobierno no ha derogado nada. Lo que ha hecho en los últimos cinco años es flexibilizar la norma. En la parte resolutiva del decreto dice autorízase desmontar a comunidades hasta 20 hectáreas, pero el 80% del texto de un decreto habla de la madre tierra. En los últimos tres o cuatro años ha parado, pero en los anteriores, la ABT ha autorizado al año en promedio 300 mil hectáreas de desmontes.
¿Cómo compatibilizar todas estas acciones y el discurso de defensa de la madre tierra?
Es un discurso utilitario, para ocultar las verdaderas intenciones. En el último estudio estamos mostrando que a comunidades indígenas como los ayoreos les han dado tierra cerca de la zona soyera, pero está devastada, desmontada y cultivada con soya, los de afuera alquilan esas tierras, pagan unos centavos a los indígenas y usan esa tierra para el monocultivo. Ese es el modelo que tenemos en el país, no hay una política para decir en qué dirección se va a ir. El presidente Arce el día de la tierra ha anunciado con bombos y platillos que iba a derogar el decreto transgénico de la señora Añez, pero ahora está en mesa el proyecto de ley de uso de transgénicos, mejorado, favorable para los empresarios, eso es engañar al país.
¿Eso quiere decir que la situación y la dirección no ha cambiado con el gobierno de Arce en relación a Evo?
Por lo menos en Santa Cruz, el gobierno de Arce no es visible, es inexistente. No se sabe qué quiere en el país. Cuando cayó su ministro de Desarrollo Rural, en el discurso de posesión del nuevo, que se tardó días, no ha dado ningún mandato de luchar contra la corrupción y tráfico de tierras, nada.
HOJA DE VIDA
- Profesión Gonzalo Colque es economista de la UMSA, con maestría de International Institute of Social Studies (ISS) La Haya-Países Bajos. Es especializado en temas agrarios y socioambientales. Luego de 10 años al frente de la Fundación Tierra, dejará el cargo en señal de renovación.
Fuente: Página Siete