Crece la expansión de la frontera agrícola en Santa Cruz, afectando a comunidades indígenas y campesinas, bosques y tierras fiscales.
Santa Cruz, un departamento por excelencia húmedo, con llanuras y bosques; posee un entorno ecológico cálido y apto para el desarrollo de la agricultura. Tras la llegada de los cultivos transgénicos a principios de los noventa, este departamento está protagonizando la mayor ampliación agrícola y ganadera de tipo empresarial. Aunque este fenómeno, a simple vista, promete un desarrollo económico para la región, está provocando una expansión descontrolada de las áreas de intervención humana, más allá de las zonas agropecuarias tradicionales.
Un estudio reciente de Fundación TIERRA sostiene que la “frontera agrícola” se ha ampliado desde la “zona núcleo” hacia nuevas zonas mediante al menos tres brechas de penetración. La “zona núcleo” abarca 3.259.884 hectáreas, mientras que la “zona de ampliación” comprende una extensión de 9.326.817 hectáreas. Ambas zonas suman 12.586.701 hectáreas, lo que comparado con la superficie territorial del departamento de Santa Cruz que alcanza 37.062.100 hectáreas, representa el 34% del territorio cruceño.
Las brechas de penetración
Según el informe de TIERRA, titulado “Despojo de tierras de comunidades por el agronegocio boliviano”, la frontera agrícola se expande a través de tres brechas de penetración hacia el bosque. Según las condiciones topográficas de la región se identifican 3 brechas principales: 1. Norte de Santa Cruz – San Ignacio de Velasco; 2. Pailón – Puerto Suárez; 3. Zona oeste de colonización.
La brecha del Norte de Santa Cruz – San Ignacio de Velasco tiene por columna vertebral la carretera que nace de la capital cruceña y llega a San Ignacio de Velasco. Su ramificación está marcada por el avance agrícola al noroeste de Santa Cruz y hacia la frontera departamental del Beni. Esta brecha se caracteriza principalmente, porque plantea una reclasificación polémica sobre el Plan de Uso de Suelo, se trata de una zona con gran potencial agrícola por lo que su proximidad con el territorio beniano y según el PLUS de esta región, se establece que un 53% de las tierras son de uso agropecuario, por lo que es susceptible a las deforestaciones y a los chaqueos legales.
La brecha presente entre Pailón y Puerto Suárez, avanza a lo largo de la carretera Santa Cruz – Puerto Suárez en la frontera con Brasil. Se caracteriza por una menor presencia de comunidades respecto a las otras dos, “esto debido a que la existencia de la carretera y la vía férrea desde hace décadas, facilitó nuevos asentamientos humanos que fueron desplazando o despojando de sus hábitats a los pueblos indígenas de tierras bajas, como los ayoreos” (TIERRA, 2021).
La tercera brecha, menos extensa a nivel territorial, está ocupada por comunidades campesinas e interculturales que cuentan con títulos agrarios reconocidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) desde 1996 en adelante. Según datos de TIERRA, cerca de la mitad de esta zona está conformada por la reserva forestal “El Choré”, que se levanta al norte de Yapacaní y llega hasta la frontera con el departamento de Cochabamba.
Comunidades indígenas y campesinas, la piedra en el zapato del agronegocio
La situación de las comunidades indígenas y campesinas dentro de la zona de expansión de la frontera agrícola en Santa Cruz está marcada por el monocultivo y los conflictos internos por el acceso a la tierra. Existen una serie de intereses económicos por parte de empresarios privados y extranjeros que utilizan la tierra de las comunidades con las poblaciones más vulnerables.
Las comunidades indígenas y campesinas enfrentan la deforestación de sus tierras. Las formas tradicionales de producción diversificada, fueron sustituidas por monocultivos que son incompatibles con la preservación de los bosques. Los campesinos e indígenas ya que no tienen control sobre las semillas, el agua y los fertilizantes. En estas propiedades comunitarias, la ley de tierras indica que el derecho propietario debe cumplir una “función económica-social”, donde el campesino, la pequeña propiedad comunitaria y las tierras comunitarias de origen deben estar destinadas a “lograr el bienestar familiar o el desarrollo económico de sus propietarios, pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra” (Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, 1996, Artículo 2).
Según los datos del último informe de TIERRA, se han identificado 1.468 comunidades dentro de la frontera agrícola; esta cifra se compone de 446 comunidades (entre campesinas, interculturales e indígenas) que ocupan un espacio territorial de 708.803 ha en la zona núcleo y 1.022 comunidades que suman 1.677.821 ha en la zona de expansión, lo que representa un 19% de la superficie estimada como mancha de la frontera agrícola.
Las actividades económicas de la región se basan principalmente en la agricultura y la ganadería, sin embargo, el acceso a la tierra sigue siendo el eje fundamental de las relaciones económicas que pone en desventaja a las comunidades indígenas y campesinas ante los capitales privados y extranjeros que orillan al alquiler y venta de tierras, por necesidades de subsistencia económica.