Autoridades y exautoridades de los municipios de Palca, Tiahunacu, Taraco, San Andrés de Machaca y Coroico —además de representantes de las provincias Aroma, Omasuyos y Los Andes— intercambiaron experiencias sobre prácticas de gestión comunal y reflexionaron sobre la importancia de su aplicación en sus regiones.

El debate sobre esta temática forma parte del Conversatorio Sobre Gestión Comunal Organizativa, evento que fue organizado por la regional Altiplano de la Fundación TIERRA en coordinación con la carrera de Sociología de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en el marco del convenio interinstitucional que tienen ambas entidades.

“La Universidad no puede ser una isla en la sociedad, por ende, en la comunidad. Es necesario que este tipo de eventos conecte con los hermanos de las comunidades rurales porque ustedes son los que producen alimentos para los que viven en la ciudad. Es importante reunirnos así con personas mayores que tienen mucha experiencia. Las puertas de la carrera de Sociología siempre van a estar abiertas para este tipo de encuentros”, manifestó el director de la carrera de Sociología de la UPEA, David Alí.

En el área rural se desarrollan, cotidianamente, prácticas de gestión comunal a la cabeza de sus autoridades. Las temáticas y los ámbitos de esta gestión se establecen para el relacionamiento de la comunidad con el ámbito externo, así como en el autogobierno comunal, en sus distintos niveles.

Las comunidades han puesto en marcha varias herramientas autogestionarias para la gestión de sus territorios, como, por ejemplo, el estatuto orgánico, que regula el gobierno comunal y el cumplimiento de la función social de sus afiliados.  “El número de cargos comunales varía de acuerdo al contexto de cada comunidad, tomando en cuenta su vocación productiva”, agregó Alejandro Ávila, del municipio de Carabuco.

Por su lado, Víctor Eloy Chambi —de la comunidad de Calamarca— afirmó que en algunas regiones el rol de los cargos de autoridades no está bien definido, por lo que es necesario realizar ajustes y adecuaciones. “Por ese motivo, en algunas comunidades, los cargos menores no funcionan. Las autoridades en ejercicio tienen que vivir en la comunidad, al menos durante su gestión”, reflexionó.

Otra de las herramientas que se utiliza con frecuencia en el área rural es el libro de actas, que se constituye como un documento de registro de la comunidad en la que se tienen anotadas todas las actividades. Este registro, a la larga, ayuda a las autoridades y a los pobladores a gestionar su territorio y también queda como memoria de la gestión de las autoridades en turno.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y la Fundación TIERRA lanzan la “Alianza por el ambiente y el territorio”, que busca fortalecer y consolidar los derechos ambientales y territoriales de los pueblos indígenas en Bolivia. La Alianza es una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) en Bolivia.

El ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada en la actual coyuntura que profundiza la política extractivista es el tema que se aborda en profundidad en el estudio “El derecho Indígena a la consulta en el marco de las operaciones mineras, hidrocarburíferas y de construcción vial en Bolivia", documento que fue escrito por Alejandro Almaraz y que será presentado este domingo, 14 de agosto a horas 19.00 en la Feria Internacional del Libro (Sala 3 Emma Villazón-Bloque Rojo) que se realiza en la ciudad de la Paz.

La Asociación de Promotores de Salud de Área Rural (APROSAR), la Organización Esperanza Bolivia (OEB), la Fundación Alternativas, y la Fundación TIERRA desarrollarán en Bolivia el nuevo programa del consorcio UNI4COOP/LC-Eclosio “Impulsando sistemas alimentarios sostenibles con derechos” (ImpulSAS), que cuenta con el financiamiento de la Cooperación Belga al Desarrollo (DGD).