Desorientado, confundido, estresado. Así estaba Ignacio Julio Monasterios (48), indígena ese ejja de la comunidad Eyiyoquibo. El motivo: regularizar su documentación de identidad y la de sus hijos de 12, siete, cuatro, tres y un año quienes, por no contar con documentos, simplemente son inexistentes para el Estado.

Cuando comienza a sonar la bombilla (flauta, bombo y tambor), Yasira Cartagena, de 41 años, no se resiste. Se deja envolver por la música. Se mueve de arriba para abajo; estira y contrae los brazos. Da vueltas, sonríe; es feliz. Así ella vive su cultura, sus tradiciones, el ser tacana. “Creo que cuando bailas alegre, llevas vida”, dice. Y con sus movimientos, realmente lo transmite.

El acceso a la tierra, el derecho a la alimentación y a tener medios de vida dignos son algunos de los derechos indígenas que se vulneran en Bolivia por las políticas públicas del gobierno que favorecen al sector agropecuario mecanizado, denunció este martes el director de la Fundación TIERRA, Juan Pablo Chumacero.

Las naciones y pueblos indígenas afiliados a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) — reunidos en una Comisión Departamental Extraordinaria— determinaron la noche de este sábado rechazar y desconocer el acuerdo que firmó el Gobierno con los mineros respecto a las áreas protegidas, tomar simbólicamente las oficinas administrativas del Parque Madidi y dan 48 horas para que autoridades del Gobierno, que suscribieron el convenio con los auríferos, lleguen al lugar para explicar el documento firmado entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los cooperativistas.