Más de 70 organizaciones nacionales —entre ellos la Fundación TIERRA— y 10 instituciones latinoamericanas emitieron este martes un pronunciamiento, exigiendo tres acciones inmediatas: primero, el esclarecimiento de la verdad histórica y sanción a todos los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Francisco Marupa, miembro de la comunidad Torewa del pueblo Leco.
Como segundo punto piden el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú para proteger a defensores ambientales; y, finalmente, garantías estatales urgentes de protección para las comunidades en riesgo, en línea con los compromisos internacionales ratificados por Bolivia.
El viernes, 14 de febrero, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) denunció el asesinato de Marupa, anciano sabio y guardián del territorio ancestral de la comunidad Torewa, municipio de Apolo, quien fue encontrado sin vida en su chaco cerca del río Hondo, con evidentes signos de violencia. Según la organización, el líder indígena dedicó su vida a la protección del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.
Dicha organización indígena, que representa a más de una docena de comunidades en la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz, sostiene que el crimen es el resultado de una escalada de violencia en la región, donde grupos criminales operan con impunidad en actividades ilegales como la minería, la tala de árboles y el tráfico de tierras.
Sin embargo, considerando que las primeras indagaciones no han permitido esclarecer los hechos de manera precisa, las organizaciones nacionales e internacionales firmantes exigen una investigación que vaya más allá del ejecutor y revele a los autores intelectuales “para actuar en justicia y poner un alto a la acción de grupos criminales”.
El documento también hace un llamado al Estado boliviano para que cumpla con el Acuerdo de Escazú, garantizando la protección efectiva de los defensores del territorio y el medio ambiente, “los que no han sido escuchados ni protegidos”.
Las organizaciones firmantes también advierten que la impunidad en estos casos no solo perpetúa la violencia contra los pueblos indígenas, sino que también erosiona el Estado de Derecho. El caso de Marupa se suma a una preocupante tendencia de agresiones contra defensores ambientales en la región amazónica, donde los intereses económicos vinculados a actividades extractivas ilegales amenazan la integridad de los territorios indígenas y sus habitantes.
“La negligencia y desatención estatal, junto a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ha convertido a Francisco Marupa en una víctima más de la injusticia estructural. Que el sacrificio de su vida nos ponga en alerta permanente para detener la violencia, la impunidad de grupos ilegales y criminales que pretenden hacer prevalecer sus intereses económicos devastando nuestros bosques, contaminando las aguas, destruyendo los medios de vida y el inmenso patrimonio natural y cultural que es la esencia de nuestra Casa Común”, finaliza el pronunciamiento.
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