A 68 años de la Reforma Agraria hay incendios, deforestación y despojo

Desde el INRA se informa que un 87% de la superficie nacional ya está saneada y titulada, y que el restante 13% se podría conseguir hasta 2023; no obstante, son muchos los pendientes en el tema de tierras.

cosechadora despojo

Este 2 de agosto se conmemoran 68 años de la Reforma Agraria, que  reformuló  la distribución de la tierra en Bolivia. La vigencia del tema es permanente en Bolivia y esta actualidad es, en esencia, problemática. A la deforestación y los incendios y su relación con la producción agroindustrial, se suma un permanente desplazamiento de pueblos indígenas a consecuencia de la expansión de la frontera agrícola y el agronegocio.

La  Reforma Agraria de 1953 tenía entre sus objetivos:  dotar de tierra a quien no la tenía o la poseía de forma insuficiente, finalizar el régimen de servidumbre y establecer el cumplimiento de la función económica social para empresas y la función social para campesinos e indígenas. 43 años después, el 18 de octubre de 1996, vio la luz la Ley INRA y 10 años más tarde, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.

Respecto al saneamiento y distribución de tierras, datos históricos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dan cuenta de que en el período 1953 - 1993 se distribuyeron 57 millones de hectáreas (52% del territorio nacional) en un rango de 19 ha (Cochabamba) hasta 655 ha (Pando) promedio por beneficiario. En mayo de este año se informó desde esa instancia estatal que un 87% de la superficie nacional ya está saneada y titulada, mientras que un 13% está en proceso de titulación, paralizada por algún conflicto o pendiente de medición. El 19 de julio el INRA informó que se prevé concluir este proceso en 2023.

Más allá de las cifras, a lo largo de la última década distintos investigadores  han lanzado planteamientos críticos sobre los pendientes en temas agrarios. “Los actos simbólicos de entregas de títulos de tierras a los campesinos siguen siendo solo manipulaciones desde el poder político para captar el apoyo rural”, ensayaba en 2014 el director saliente de fundación, Gonzalo Colque.

Esteban Sanjinés, investigador jurídico de Tierra, planteaba en 2020 que no existe equidad en la tenencia de tierra entre los grupos empresariales agropecuarios y las pequeñas propiedades familiares campesinas. “El saneamiento ha perdido sus objetivos sociales y se ha convertido en un mero trámite administrativo catastral”.

Incendios y deforestación

En el documento Fuego en Santa Cruz, balance de los incendios forestales 2019 y su relación con la tenencia de la tierra, Fundación Tierra expone que los incendios forestales de la Chiquitania y Amazonia boliviana “tienen su origen en la expansión irracional de la frontera agropecuaria”. Ese año en Santa Cruz se incendiaron 3,5 millones de ha y en 2020 1,5 millones, según el Sistema de monitoreo y alerta temprana de riesgos de incendios forestales de la Fundación Amigos de la Naturaleza.

Sumado a ello, un recuento de la Fundación Solón da cuenta de que entre 2013 y 2019 el gobierno de Evo Morales propició por lo menos 10 normas “incendiarias”. Entre estas están la Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, la Ley 741 de desmonte y la Ley 1171 de uso y manejo racional de quemas.

El artículo 1 de la Ley 741 autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas y asentamientos humanos legalmente establecidos. En tanto que la Ley 1171 establece la autorización para quemas con una vigencia de hasta tres años en predios con actividad agrícola y hasta de cinco en predios con actividad ganadera.

Respecto a la deforestación, esta actividad se ha incrementado en las últimas décadas en el país “debido principalmente a la expansión continúa de la frontera agrícola y pecuaria, dotación de tierras por el INRA a favor de las comunidades campesinas, interculturales e indígenas, y a las nuevas políticas económicas implementadas para garantizar la seguridad alimentaria del país”. Así lo expuso la  Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en su informe Deforestación en el Estado Plurinacional de Bolivia período 2016 - 2017.

En ese par de años, la ABT informó que a nivel departamental, Santa Cruz presentó la mayor cantidad de deforestación con 81%, luego estuvo Beni con 6% y Cochabamba, La Paz, Pando, Chuquisaca y Tarija con el 13 % restante. “La deforestación ilegal en el país para el periodo de análisis de 57% y la legal de 43%”.

Ayoreos, entre los más afectados

Los ayoreos prácticamente han perdido el control colectivo de sus territorios comunales que hoy están en manos de  productores soyeros. Esa es una de las principales conclusiones del informe especial Despojo de tierras de comunidades por el agronegocio boliviano de Fundación Tierra publicado en mayo.

En el caso ayoreo —pues también se investigó el impacto del agronegocio en dos comunidades chiquitanas, una guaraní y una migrante quechua— el estudio se centró en la comunidad Cupesí, Poza Verde del municipio de Pailón en la provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz donde el 80% de su territorio está deforestado. Una parte de esa comunidad alquila su tierra, dado que no la puede vender al estar titulada, a los productores soyeros con precios que estos últimos estipulan “de manera arbitraria”.

mapa despojo

Al estar una parte de la tierra en alquiler la migración es inevitable para aquellos, en especial los varones en edad de trabajar, que buscan una alternativa de vida.

En el documento se afirma que los ayoreos despojados de sus tierras no se integran a los centros urbanos, sino que van a barrios marginados y son discriminados. Según un trabajo de la ONG Apoyo Para el Campesino-indígena del Oriente Boliviano (Apcob) recogido por Tierra, unos 500 ayoreos viven en el barrio Bolívar de la urbe cruceña. 

“El reconocimiento y la protección siguen vigentes según las leyes nacionales, pero en la práctica no frenan el uso del suelo y bosques por parte de los inversores en el agronegocio. El despojo no toma la forma de expulsiones violentas de las familias indígenas y campesinas sino de procesos graduales y silenciosos de apropiación de la tierra y territorio”, finaliza el informe de Tierra.

Procedimientos  y denuncias

  • Competencia  El saneamiento de  propiedad agraria y la distribución de tierras fiscales son competencia del Estado a través del Instituto de Reforma Agraria.
  • Denuncias  El INRA solo atiende  denuncias por avasallamientos, disponiendo el desalojo, cuando los procesos agrarios están en curso, en tierras fiscales disponibles y en áreas con asentamientos humanos autorizados.
  • Reservas  Según el INRA, las denuncias de avasallamientos en propiedades tituladas, áreas protegidas y reservas  están bajo  la Ley 477  y deben ser atendidas por un juez agroambiental o  penal.
  • Reforma  El 26 de julio de 2021 el alcalde de San Julián, Willy Calderón, dijo que  exigirá  una segunda reforma agraria. “Porque la tierra tiene que ser para los bolivianos, no para  extranjeros”.

Décadas de conflictos por tierra-territorio 

El derecho a la tierra se exige en marchas, cumbres y el papel

“¿Por qué quieren nuestra tierra? Porque es productiva, porque vale plata, no es por otra cosa. Están invadiendo nuestros parques, nuestras reservas, nuestro territorio ancestral”. Así, el pasado 2 de julio, Jorge Toledo, miembro del Comité Cívico de San Miguel de Velasco en Santa Cruz, manifestaba su molestia durante el “Tercer congreso por la tierra” en el que participaron  el gobernador cruceño , Luis Fernando Camacho, y dirigentes regionales de la Chiquitania.

En los últimos 30 años el conflicto por la tierra y el territorio ha cobrado vigencia en el país. Y la forma de los distintos grupos para reclamar sus derechos varía desde marchas indígenas hasta congresos convocados por el Gobierno nacional o por grupos de la oposición. Los documentos también son importantes en esta lucha; así, las denuncias de, por ejemplo, avasallamientos las hacen con papeles en mano.

La convocatoria de San Miguel de Velasco fue rechaza por  miembros de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu y de la Confederación de Comunidades Interculturales. Estas asociaciones anunciaron que ellas harán una cumbre sobre la tierra y el territorio. Este es uno de los bloques que guarda afinidad con el denominado proceso de cambio y con el gobierno del Movimiento Al Socialismo.

Y es que de forma transversal a la temática tierra - territorio en Bolivia está la pulseta regional y política. Por un lado, van quienes reniegan de la denominada colonización de occidente a oriente. Por otro, están los llamados colonizadores que en cierto modo forman parte del aparato productivo de Santa Cruz y, por lo tanto, de Bolivia. Los primeros afirman que los segundos son avasalladores y que luego el INRA los legaliza. Desde esa oficina se afirma que, más bien, no se permite ni se permitirá el avasallamiento ni el tráfico de tierras.

Marchas y cumbres

El 15 de agosto de 1990 partió de la ciudad de Trinidad, en Beni, la Marcha por el Territorio y la Dignidad. Indígenas mojeños trinitarios, mojeños ignacianos, sironó y yuracaré de todas las edades encabezaron este movimiento con destino a la ciudad de La Paz. Su objetivo era ser escuchados y reclamar, entre otras cosas, por el avasallamiento de sus tierras. 

Como consecuencia directa, los pueblos sirionó, tsimane, araona, mosetén, yuqui y weenhayek consiguieron los tres años siguientes el reconocimiento mediante decretos de sus territorios. Esa fue la primera de 10 marchas indígenas para exigir el respeto a sus derechos como pueblos y del medioambiente que habitan.

Por otro lado, como mecanismo para hacerse escuchar, están los congresos y las cumbres. En abril de 2014 tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra la “Cumbre Nacional de Tierra y Territorio, Ley Agraria Fundamental y Soberanía Alimentaria” convocada por la Csutcb y Bartolina Sisa y participaron alrededor de 400 representantes departamentales. De las 18 resoluciones emergentes, se destacó la necesidad de impulsar una nueva ley agraria y limitar el uso de tierras a extranjeros.

El Tercer  Congreso por la tierra de San Miguel de Velasco fue el evento más reciente en busca de una reivindicación y puso  en la mesa del debate la propiedad de la tierra y quienes deben explotarla.