Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) la torta de soya -elemento fundamental para la dieta animal como pollos y ganado vacuno- representó para 2020 el puesto número uno en cuanto a exportaciones no tradicional del país, generando 492 millones de dólares; mientras que el aceite crudo de soya representó alrededor de 200 millones. Se trata, entonces, de uno de los productos con mayor valor de exportación a nivel nacional.

No obstante, el sistema de producción de la soya ha generado problemas para habitantes de los dos primeros pueblos indígenas mencionados, uno de éstos es el despojo. Además, al no contar con otra alternativa teniendo como vecinos a los grandes productores de ese grano, los comunarios no tienen más opción que alquilarles sus tierras a precios que los empresarios establecen.

Por otro lado, los miembros de Cruz Blanca y Candelaria, por ejemplo, se sienten amenazados por la expansión de la frontera agrícola y los migrantes denominados “interculturales”.

“Al ser poblaciones reducidas en número de familias y casi aisladas unas de otras, el avance de los intereses económicos es imparable y tiene consecuencias incalculables en términos de pérdida de hábitat, territorio, cultura, base económica y otros”, se lee en el documento Despojo de tierras de comunidades por el agronegocio boliviano. Estado de situación de comunidades indígenas y campesinas dentro de la zona de expansión de la frontera agrícola de Santa Cruz, publicado en mayo de 2021 por Fundación Tierra. 

Esa apreciación corresponde a 19 comunidades que están en la zona nuclear de esta actividad; es decir, en el centro de operaciones. Hay otras 263 en la denominada zona de ampliación que podrían seguir el mismo camino en los próximos años o décadas.

Para el investigador Gonzalo Colque, de Fundación Tierra, ésa es una posibilidad. “Pueden correr la misma suerte en el sentido de que van a ser despojados de sus tierras o van a ir perdiéndola, probablemente sin que intermedie la fuerza, sino mediante mecanismos de mercado, compra-venta y alquileres. Pero también hay que decir que no todo va a ser por la soya; esas zonas más hacia San Ignacio de Velasco, San Miguel o San Rafael, que son del área de ampliación, tienen potencial ganadero”, explica.

Tierra alquilada y despojo

En el caso ayoreo  de la comunidad Cupesí Poza Verde, el 80% de su territorio está deforestado. Una parte de los habitantes alquilan su tierra, dado que no la pueden vender por estar titulada, a los productores soyeros. Y al estar una parte de la tierra en alquiler la migración es casi inevitable para aquellos, en especial los varones en edad de trabajar, que buscan una alternativa de vida. 

Y éste es un fenómeno que se repite a lo largo de la historia nacional. “Todas las migraciones de indígenas a los centros poblados urbanizados, en las tierras bajas de Bolivia, surgieron de una misma necesidad de sobrevivencia de los indígenas pobladores originarios del medio rural a consecuencia del despojo de sus territorios y tierras productivas”, se lee en el documento Indígenas y afrobolivianos ante el espejo de la ciudad anillada, de la ONG Apoyo Para el Campesino-indígena del Oriente Boliviano (Apcob) de marzo de 2020.

Sin embargo, esa migración no necesariamente significa una solución favorable pues tienen que lidiar con la discriminación y la marginación. 

Fundación Tierra informa que quienes van a la ciudad pasan a engrosar “barrios excluidos y marginados, además de sufrir altos grados de discriminación por su falta de adaptación moderna”.

Sobre el aprovechamiento de la tierra por parte de terceros, empresarios, y medianos y grandes productores, el estudio de Tierra indica que los indígenas ceden sus dominios territoriales en forma de alquiler de tierras o pagos por el uso de la tierra. 

“Los inversores expanden su presencia deforestando más tierras, controlando más comunidades, adoptando acuerdos contractuales con familias en lugar de la organización comunal y, finalmente, mediante la compra-venta de tierras a pesar de que ello es ilegal en Bolivia”.

Pese a ello, no todos reciben siempre la parte de la paga establecida en el trato inicial. Según Tierra,  hubo situaciones en las que algunos años el usuario de la tierra no pagó por el alquiler con el argumento de que la cosecha estaba perdida o que los resultados económicos no fueron positivos.

Los avasalladores

Otro de los “temores” referidos por los habitantes de las comunidades indígenas en el informe de Tierra es el avasallamiento que en algunos casos se da por los denominados “interculturales” provenientes del occidente del país. 

“En medio de las disputas por las tierras de la frontera existen cientos de comunidades que no son exactamente tal, sino grupos de personas que lograron obtener autorizaciones provisionales del INRA para asentamientos y formación de comunidades, o, simplemente, se trata  de asentamientos sin autorizaciones; en muchos casos considerados como avasalladores, traficantes de tierras o ‘tomatierras’”.

En tanto que según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) esa institución sólo atiende denuncias por avasallamientos, disponiendo el desalojo, cuando los procesos agrarios están en curso, en tierras fiscales disponibles y en áreas con asentamientos humanos autorizados y que las denuncias de avasallamientos en propiedades tituladas, áreas protegidas y reservas están bajo la Ley 477 Contra el avasallamiento y el tráfico de tierras.

Frontera  agrícola

• Comunidades.  En su último estudio, Fundación Tierra identificó un total de 1.468 comunidades en el área de la frontera agrícola cruceña, contando la “zona núcleo” y la “zona de ampliación”. 
• Zonas  En la zona núcleo se contabilizaron  446 comunidades (entre campesinas, interculturales e indígenas) ocupando   708.803 hectáreas, el 21% de la zona núcleo. En la zona de expansión se identificaron  1.022 comunidades (1.677.821 hectáreas).
• Indígenas.  Del total de comunidades en esa zona (1.468) , 282 son de pueblos indígenas de tierras bajas; 263 están en la zona de ampliación y 19 en la zona núcleo. Estas últimas son las más vulnerables.
•  Informe  Según Fundación Tierra, en el departamento de Santa Cruz “12,5 millones de hectáreas de tierras están afectadas por intervenciones humanas caracterizadas por desmontes, extracción selectiva de recursos de bosques, puesta en producción de tierras, ampliación de las haciendas ganaderas y otros”.

Alertan sobre la afectación de 12,5 millones de hectáreas de tierras  

Exportación de soya generó en 2020 más de $us 600 millones

En una memoria del Instituto Boliviano de Comercio Exterior  (IBCE) se informa que en 2020 destacó la exportación de torta de soya con más de 492 millones de dólares, mientras que el aceite crudo de soya representó alrededor de 200 millones. Es más, según ese documento, esos dos productos ocuparon el año pasado el puesto número uno y dos de exportaciones bolivianas no tradicionales.

¿Y qué es la torta de soya? Es un importante complemento alimenticio para la dieta animal de cerdos, pescados o pollos, pero especialmente para el ganado vacuno. Para Santa Cruz, como departamento, la torta de soya y el aceite crudo de ese grano representan los sitiales 2 y 3 sólo después de la exportación de gas natural en estado gaseoso.

Sobre la importancia de la soya para la economía nacional en las últimas décadas, el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, explica que en 1986 una misión del Banco Mundial llegó al país para evaluar cómo reactivar el sector productivo después de la crisis. 

Tras una historia eminentemente rentista y extractivista de productos no renovables como los metales de la minería se determinó, recuerda, que la agroproducción y posteriormente la agroexportación en las tierras bajas eran los caminos por tomar.

“Desde entonces la soya se ha convertido en la reina de las agroexportaciones y de las exportaciones no tradicionales”, dice Rodríguez a Página Siete. Añade que la rotación de cultivos es una característica de la producción soyera, contrariamente a lo que se dice, lo que da paso a  la producción de sorgo, trigo, girasol, maíz, chía y otros productos.

No obstante, la soya estuvo y está en la mira de activistas agroambientales al tratarse de un grano cuyo cultivo para su producción a gran escala está ligado a lo transgénico. Las plantaciones de soya genéticamente mejorada en Bolivia -del tipo RR- son resistentes a un herbicida conocido como el glifosato que elimina toda la maleza circundante sin dañar al cultivo, según especialistas. Este tipo de semilla transgénica está autorizada en el país desde 2005.

En relación con  esa fecha, Rodríguez comenta que en 2005 Bolivia prácticamente no exportaba carne y que en 2020, en plena pandemia, “Bolivia exportó casi 17.000  toneladas de producto cárnico por 70 millones de dólares, lo que supone un incremento de 1.300% en términos de volumen y más de 3.000% en términos de valor entre 2005 y 2020 (…) no hubiéramos podido hacer eso sin la soya”.

En la otra cara de la moneda, desde Fundación Tierra se afirma que el agronegocio boliviano -liderado por la soya- ha consolidado y está expandiendo la frontera agrícola a lo largo y ancho del departamento de Santa Cruz. Informa que en la “zona núcleo” hay una superficie de 3,2 millones de hectáreas y en la zona de ampliación, 9,3 millones intervenidas por la actividad humana.

“En total, 12,5 millones de hectáreas de tierras están afectadas por intervenciones humanas caracterizadas por desmontes, extracción selectiva de recursos de bosques, puesta en producción de tierras, ampliación de las haciendas ganaderas y otros”, se lee en el informe Despojo de tierras de comunidades por el agronegocio boliviano. Estado de situación de comunidades indígenas y campesinas dentro de la zona de expansión de la frontera agrícola de Santa Cruz  publicado por Tierra.

Producción  soyera

• 2021  Hasta mayo de este año el IBCE reportó que la exportación de soya y sus derivados se tradujo en 525 millones de dólares.
• Productos  La torta de soya y el aceite de soya ocuparon en 2020 los puestos números uno y dos de exportaciones bolivianas no tradicionales. Se prevé similares resultados para la presente gestión.
• Seguro  El 6 de julio de 2021 se presentó un seguro para el cultivo de soya, que será comercializado por la estatal UNIBienes SA Seguros y Reaseguros Patrimoniales, a través del Banco Unión SA.