Los trabajadores del campo a nivel mundial siguen afectados por el hambre, la discriminación, la falta de perspectivas, la desatención política y el desprecio cultural. Afecta a los campesinos, pescadores, pastores y trabajadores agrícolas, mujeres y hombres que viven y trabajan en las zonas rurales.

La reforma agraria tiene por objetivo revolucionario la abolición de la desigual estructura agraria; es decir, la transferencia de la tierra de las manos de grandes propietarios a los pequeños productores campesinos e indígenas. El saneamiento debe cumplir este objetivo pero todavía no ha terminado y aunque sigue vigente, los resultados no son muy alentadores.

Según algunas proyecciones del gobierno, el sector empresarial podría lograr consolidar 17 millones de hectáreas hasta el 2017, se afirma en la investigación “Segunda Reforma Agraria: Una historia que incomoda”, escrita por Gonzalo Colque, Director de Fundación TIERRA, y los investigadores Efraín Tinta y Esteban Sanjinés.

Estas estimaciones otorgan a los campesinos, pequeños propietarios e interculturales alrededor de 38 millones de hectáreas y a los pueblos indígenas 26 millones de hectáreas bajo la modalidad de TCO. Si a esto se suman los 24,5 millones de tierras fiscales, se alcanza los 106,7 millones de hectáreas, que es la meta nacional para el proceso de saneamiento.

Según estas cifras, habría una aparente mayor equidad en la distribución, pero en realidad estaríamos ante el deterioro de la tendencia progresista y redistributiva que en algún momento había tenido el proceso de saneamiento, especialmente entre 2006 y 2009. Los investigadores afirman que “El sector empresarial que había logrado consolidar alrededor de 6 millones de hectáreas en 18 años (1996-2014), ahora está encaminado a obtener derechos propietarios sobre 15 a 17 millones de hectáreas”. Esto significaría que el saneamiento habría “…dejado de ser un obstáculo legal, técnico y político para la expansión del modelo exportador de materias primas; al contrario, se ha convertido en un procedimiento expedito para titular a un ritmo de 2 a 3 millones de hectáreas por año para el sector empresarial”, afirman los autores.

Hace 19 años con la Ley 1715, más conocida como Ley INRA, se inició el saneamiento y la titulación de todas las propiedades agrarias de Bolivia. El INRA identificó 106,7 millones de hectáreas como superficie objeto de saneamiento.

Hasta finales de 2015 los resultados son 47,9 millones de hectáreas saneadas y tituladas (45 por ciento) y 24,5 millones de hectáreas de tierras fiscales identificadas (23 por ciento). 19,7 millones de hectáreas (18 por ciento) están en “proceso de saneamiento” y el saldo de 14,5 millones está “sin sanear” (14 por ciento).

Hasta finales de 2014, la pequeña propiedad tenía 3,8 millones de hectáreas, la propiedad comunaria 9,1 millones de hectáreas y las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) 22,9 millones de hectáreas. El problema mayor para los indígenas, campesinos, interculturales y originarios sigue siendo que las tierras que poseen son “tierras marginales”, mientras que el sector empresarial controla las tierras más fértiles y productivas. Por ejemplo, en la “zona de expansión” agroindustrial de Santa Cruz, los medianos y grandes propietarios controlan el 62 por ciento de las 3,6 millones de hectáreas existentes, mientras que la pequeña propiedad alcanza solo al 17 por ciento.

El conflicto de límites en Bolivia es tan antiguo como los 191 años de vida independiente del país. Actualmente, de los 339 municipios que fueron creados, sólo 30 por ciento cuentan con una ley de delimitación aprobada por la Asamblea Legislativa, según información de la Dirección General de Límites, dependiente del ahora Viceministerio de Autonomías. Es decir que, el 70 por ciento de los municipios no tienen una norma con coordenadas precisas de demarcación, lo que muestra la complejidad del tema y una de las variables que determina tanto conflicto.

El nivel de impuestos que los vecinos deben pagar por sus inmuebles y la facilidad en trámites para tenencia y construcción de los mismos, son las principales causales de controversia entre los municipios urbanos. Los vecinos de estas jurisdicciones territoriales valoran en alto grado esos dos factores y obviamente los gobiernos municipales se esfuerzan por brindar la mejor oferta. Este es el caso que en las últimas semanas agita las aguas entre los municipios de La Paz y Palca, después que el Gobierno departamental determinara una delimitación entre ambas instancias territoriales.

Pero las escaramuzas por el control del campo gasífero de Incahuasi, que YPFB determinó pertenece a Santa Cruz, confirman que la principal causa para que surjan disputas territoriales son los recursos naturales, especialmente cuando estos se hallan en el subsuelo de las zonas limítrofes.

El Gobierno apuesta por la plena aplicación de la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales para solucionar los 56 conflictos que tiene contabilizados hasta el momento, pero tiene una dura tarea al frente si sólo se toma en cuenta la cantidad de heridos que hubo entre enero y septiembre de 2016 por disputas territoriales (más de 38) y lo que podría ocurrir entre Chuquisaca y Santa Cruz por el campo gasífero de Incahuasi, que dejará una renta petrolera de casi 6.000 millones de dólares al departamento que ‘posea’ estos codiciados yacimientos.

No hay datos precisos del número de conflictos de límites que tienen lugar en el país, lo que dificulta el seguimiento y monitoreo de estos procesos. Por ejemplo, el Gobierno central ha contabilizado cinco conflictos de límites en Cochabamba, pero la Gobernación de ese departamento tiene registrados 23 controversias. Por otra parte, solo en el municipio de La Paz se informó que entre junio de 2015 y junio de 2016 hubo más de 270 casos de invasión de propiedades.

Después de dos décadas de vigencia de la Ley INRA (promulgada en 1996), los avances de saneamiento y titulación de tierras han sido informados en términos  cuantitativos pero no se conoce si tales datos reflejan los objetivos de transformación de la desigual estructura agraria de Bolivia. Esta es una de las afirmaciones contenidas en la investigación “Segunda Reforma Agraria: una historia que incomoda”, que la Fundación TIERRA presentará este 27 de enero en el Paraninfo de la UMSA, a las 18:30.

Según los autores del libro, la práctica común de todos los gobiernos sin excepción consistió en hacer una evaluación solo de la cantidad de hectáreas tituladas “…sin que interese mucho si este proceso conlleva también la transferencia de derechos propietarios a manos de los sectores rurales excluidos”.

Además, explican, que los informes de titulación de tierras han creado en la ciudadanía una imagen distorsionada de la reforma agraria boliviana: “los millones de hectáreas de tierras tituladas y saneadas, además de distraer la atención sobre lo que realmente importa, han alimentado en el imaginario colectivo la idea de que la reforma agraria consiste en un simple registro catastral de tierras”, señala el texto.

El libro está dividido en cuatro capítulos, una sección de conclusiones y anexos. Contiene una lectura teórica sobre la reforma agraria, sus implicaciones políticas y efectos sobre la diferenciación campesina. También se examinan los factores centrales de la Reforma Agraria de 1953, el debate sobre la nueva ley de tierras de 1996 y la aprobación de la Ley INRA.

El capítulo sobre “la institucionalidad agraria: del CNRA al INRA”, ofrece un análisis del diseño institucional de 1953 y su relación con el del INRA. El capítulo central analiza los “resultados del proceso agrario 1996-2014, haciendo un recuento de este proceso desde sus inicios, los primeros diez años de vigencia; el periodo de la Reconducción Comunitaria y los últimos años del proceso (2010-2014). Ofrece un balance final que responde a la pregunta, ¿cambia la desigual estructura agraria?

El libro se presenta como parte de los actos de celebración de los 25 años de trabajo continuo de la Fundación TIERRA.

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25 años de Fundación TIERRA

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