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Conflictos por tierra y recursos naturales

La cantidad de conflictos

Entre mayo y julio de 2014 se produjeron 21 conflictos por tierra y recursos naturales (4,8% del total de los casos registrados en el país); 85% de éstos se iniciaron a lo largo del trimestre y 15% provienen de meses anteriores, algunos incluso se remontan a varios años atrás, como el rechazo a la contaminación de la cuenca de Questuche o las pugnas por tierras aptas para el cultivo de quinua entre Coroma y Quillacas.

 

Los motivos

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Los datos revelan la centralidad de dos problemáticas: 52% de los conflictos estuvieron relacionados con la actividad minera y 38% con el acceso y tenencia de la tierra. Los procesos inacabados de saneamiento y titulación de tierras, las dificultades de definición de derechos propietarios de terrenos de vocación agropecuaria y los problemas limítrofes entre municipios son factores que pesan en estos casos.


En concreto, los conflictos mineros se originaron por el control de áreas de producción (21%), fundamentalmente en yacimientos auríferos, como los de Arcopongo y El Choro, y por la contaminación de cuerpos de agua dulce, que incide directamente sobre la calidad de vida de las comunidades y el desarrollo de actividades agrícolas y piscícolas (21%), como en los casos del Pilcomayo, Huari y Vitichi. Los conflictos vinculados a la problemática de la tierra fueron generados por la ocupación de tierras
productivas (21%) y por disputas relativas al cambio de uso de suelo, de agrícola a habitacional, tema relacionado con la ampliación del radio urbano (25%).

 

Por otra parte, cabe destacar los conflictos en rechazo a la aprobación de la Ley de Minería y Metalurgia Nº 535 (8%) protagonizados por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Bolivia (ANARESCAPYS), argumentando que, entre otros factores, limitaría su acceso a fuentes de agua para el consumo y para el desarrollo de actividades productivas; así como el conflicto en rechazo a la modificación
de la Ley Forestal Nº 1700, en particular de su artículo 25 inciso a) (4%), que de acuerdo a los indígenas de Concepción pondría en riesgo su administración de 20% de las tierras fiscales de producción forestal permanente en los municipios de la Chiquitania y Guarayos.

 

Los casos que pueden convertirse en conflicto

Toma de tierras: Comunarios de Bartolillo en Betanzos, Potosí, denunciaron la toma de 47 hectáreas por parte de una organización Sin Techo Toma de tierras: Ganaderos de San Ramón, Santa Cruz, alertaron sobre la toma de 1.050 hectáreas, además de la destrucción de pastizales y contaminación de fuentes de agua por parte de la
Cooperativa Minera Chiquitanía. Avasallamiento de TIOC: Indígenas weenhayek de Villamontes, Tarija, denunciaron el avasallamiento de su territorio por parte de campesinos de Pocitos.

 

Los actores demandantes
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Dado que se trata de problemáticas que afectan fundamentalmente a las zonas rurales del país, los grupos y organizaciones de campesinos y de indígenas fueron los protagonistas de los conflictos (71,5%).

 

Los campesinos entraron en pugna con los de otras comunidades por la propiedad de la tierra, así como con loteadores en los departamentos de Cochabamba,  Potosí, Oruro y Beni; y los indígenas yuracaré de Entre Ríos (Cochabamba) asumieron medidas de presión en protesta por el avasallamiento de su territorio. La participación de los actores en la conflictividad se produjo principalmente (87% de los casos) a través de organizaciones locales o municipales, pero también hubo articulaciones esporádicas en función del conflicto. La intervención de entidades matrices se dio en los casos en que se percibió una posible afectación al sector en conjunto (por ejemplo, CONAMAQ y ANARESCAPYS con la aprobación de la Ley de Minería). En algunos conflictos, los representantes de entidades matricesexpresaron su respaldo a un actor local afectado; sin embargo, no superaron el nivel enunciativo –amenazas y anuncios de movilización–, tal es el caso de la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB) ante la toma por cooperativistas de la mina “Reserva Tres Amigos” en Potosí.


En general se observa una dispersión de los casos en el trimestre ya que los problemas que originaron los conflictos fueron más bien puntuales, por lo que se movilizaron únicamente los directamente afectados. Esto se tradujo en el involucramiento de pocos actores en cada conflicto: en 67% de los casos se movilizó únicamente un actor, en 14% dos y en 19% tres o más actores.


Los conflictos por impactos ambientales de la minería fueron los que más actores agregaron bajo una misma demanda, como lo ocurrido por la contaminación del río Pilcomayo. La demanda del pueblo weenhayek de mitigación y reparación de los daños ambientales ocasionados por la minería se remonta a varios años atrás; sin embargo, la ruptura de un dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol en el departamento de Potosí puso en estado de alerta a otros actores, como las organizaciones de comerciantes y transportistas en Villa Montes. Así, la convergencia de esfuerzos se produjo no por las consecuencias de la contaminación sobre las condiciones de salubridad, sino por su impacto sobre la principal fuente de ingresos: la pesca y comercialización del sábalo.

 

Como explica David Blanco, dirigente del sector gremial del Villa Montes: “Nosotros como sector gremial estamos apoyando a los hermanos weenhayek porque nosotros también tenemos siete organizaciones de comercialización de pescado que se ven afectadas por la contaminación del río; vamos a estar en los bloqueos por el día de  mañana y en el trascurso de ese día veremos si se amplía esta medida” (El País, 28/07/2014). Es evidente que la magnitud de la contaminación vinculó a actores que difícilmente se articularían en otras circunstancias.

 

Los actores demandados
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Si bien destaca en los conflictos del trimestre la confrontación entre actores sociales, el Estado en sus distintos niveles fue claramente el más interpelado (53% de los casos), especialmente el gobierno central.  Teniendo en cuenta que los objetivos de las demandas fueron el reconocimiento de la propiedad de un actor sobre un recurso (tierra o yacimiento minero), la defensa de éste ante la presión de otros actores, la abrogación de leyes consideradas como perjudiciales para el demandante y la mitigación y reparación de daños ambientales provocados por la minería, el responsable de atenderlas y resolver los problemas que dieron origen a los conflictos no puede ser otro más que el Estado. La tradición centralista que subsiste en el país, pese al proceso autonómico que de acuerdo a la ley debiera realizarse, explica que el gobierno central siga siendo el más demandado.

 

El escalamiento

Los niveles de radicalidad de los conflictos variaron según el tipo de conflicto. Las disputas por áreas de producción minera fueron las que dieron lugar a medidas de presión más radicales, mientras que los conflictos ligados con la problemática de la tierra fueron menos intensos.

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Niveles de escalamiento de los conflictos

Nivel 1 Latente: manifestación de malestares entre actores, declaratorias de estados de emergencia, anuncios o amenazas de movilizaciones sin que éstas lleguen todavía a concretarse.
Nivel 2 Manifiesto: los actores han desplegado medidas de presión como marchas, vigilias u otras que no implican violencia ni afectan en demasía a terceros.
Nivel 3 Confrontación: los actores efectúan medidas más radicales, que perjudican a terceros, como bloqueos de carreteras, paros prolongados u otras.
Nivel 4 Enfrentamiento violento: se llevan a cabo medidas de presión violentas como tomas de instalaciones o rehenes; se registran agresiones o enfrentamientos físicos entre actores de la sociedad, o entre éstos y las fuerzas del orden, con posibles saldos de heridos o fallecidos.

 

La violencia

Al parecer, tanto la problemática de la tierra como la minera desatan la violencia. Los enfrentamientos entre campesinos y mineros cooperativistas en las localidades de Arcopongo y El Choro mientos auríferos dejaron como saldo cinco muertos y varios heridos. El avasallamiento de tierras en Cochabamba produjo también eventos violentos: los pobladores de Arrumani se enfrentaron a loteadores asentados en la zona que pretendían erigir viviendas, con el saldo de un herido; en Bulo Bulo, Entre Ríos, la presión de colonizadores sobre un Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) yuracaré derivó en duros enfrentamientos.

 

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La distribución departamental

 

Durante el trimestre los departamentos que concentraron más conflictos fueron La Paz y Potosí, con 21% de los casos cada uno (asuntos vinculados con la minería y temas de límites). Cochabamba y Oruro se colocan en segundo lugar, con 17% cada uno (tierras, ampliación de la mancha urbana y límites). En Santa Cruz se  desarrollaron 8% de los conflictos (tierras), al igual que en Tarija (contaminación minera y avasallamiento de tierras); Chuquisaca (contaminación minera) y Beni (tierras) registraron 4% de los conflictos cada uno.

 

 

Grandes regiones y conflictos

 

Se puede observar una mayor concentración de conflictos en los valles y el altiplano oriental; esto se relaciona con la importancia que las actividades económicas agrícola y minera tienen en estas regiones. La progresiva disminución de tierras disponibles y el agotamiento o empobrecimiento de yacimientos mineros son factores que, probablemente, incentivan las tensiones y dan lugar a conflictos.

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Fuente mapa: Elaboración propia a partir de las bases de datos de Geobolivia  de la Fundación UNIR Bolivia, 2014.

 

Concesiones mineras y conflictos

La imagen muestra el predominio de la problemática minera en los conflictos del trimestre. Varios de éstos surgieron en las zonas donde tradicionalmente se desarrolla
esta actividad; sin embargo, la coyuntura de altos precios de los minerales generó su expansión hacia otras regiones, lo que ha implicado también una expansión de los
conflictos, ejemplo de ello son las fricciones generadas por la minería aurífera en el municipio de San Ramón en Santa Cruz.

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Fuente mapa: Elaboración propia a partir de las bases de datos del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN) y de la Fundación UNIR Bolivia, 2014.

 

Predios saneados y conflictos

El desarrollo de conflictos incluso en zonas donde los procesos de saneamiento y titulación  de tierras ya han culminado muestra que el acceso a la tierra es aún una problemática irresuelta. La indefinición de límites jurisdiccionales entre municipios es otro factor que contribuye a la proliferación de estos casos.

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Fuente mapa: Elaboración propia a partir de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Geobolivia y de la Fundación UNIR Bolivia, 2014.

 

Tierras cultivadas y conflictos

El mapa muestra la distribución de los conflictos en tierras cultivadas. El área con mayor extensión de cultivos –localizada en el departamento de Santa Cruz– presenta pocos casos, en tanto que regiones con extensión reducida de cultivos tienen una mayor concentración de conflictos. Esto parece indicar la existencia de una significativa presión sobre la tierra y los recursos naturales en áreas de minifundio y producción campesina parcelaria.

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Fuente mapa: Elaboración propia a partir de las bases de datos de Geobolivia y de la Fundación UNIR Bolivia, 2014.

 

 

 

Asentamientos de hecho y batallas legales marcan la pelea campesina por tierras en Guarayos

 

La aspiración de contar con más hectáreas de tierra alienta las acciones de los campesinos y sus organizaciones que viven en la provincia cruceña Guarayos. Buscan que el Estado les dote una superficie similar a la que se dio a los indígenas de ese lugar, aunque en la actualidad hay denuncias de que se han asentado dentro de la reserva forestal y la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del lugar.

 

Pero conseguir tierras provoca problemas. “Los compañeros se organizan en su comunidad y toman las tierras para trabajar. Así es en todas las comunidades”, explica Adela Ortíz, Secretaria Ejecutiva de la Central Única de Trabajadores Campesinos que congrega a la población de 52 comunidades asentadas en el Municipio El Puente. Después de esa acción, que en promedio data de hace dos o en algunos casos tres décadas atrás, los campesinos de la subcentral Tacuaral, ubicado en el mencionado municipio, debieron enfrentar, aún lo hacen, a un empresario que se presenta como propietario de esas tierras.

 

Walter Mayer, de origen alemán, ha acostumbrado a los campesinos desde hace 15 años a las consecuencias de la defensa legal de ese territorio. Ortíz dice que el inversionista esclaviza a su sector y defiende los terrenos en disputa interponiendo querellas legales en contra de los comunarios: “…no tiene miedo a nadie, compra fiscales, compra jueces. Cuando lleva a un proceso a una persona, si no se defendió lo deja preso”.

 

La situación se mantiene en este momento, de acuerdo con la versión de Ortíz, en una suerte de empate “técnico” porque ni Mayer ni los campesinos pueden demostrar un título de propiedad sobre los terrenos. “…como organización y como dirigentes podíamos respetar si acredita que tiene títulos, si nos muestra sus títulos. Nosotros no podemos ir contra la ley, sabemos que una propiedad privada no puede ser avasallada, pero en este momento (Mayer) no tiene la información de título, entonces ellos no tienen documentos y nosotros tampoco tenemos”, asevera la dirigente.

 

A pesar de esa controversia, el desmonte en favor de la explotación maderera en Guarayos se muestra como evidencia de una dinámica económica creciente en la región ante la mirada parcializada de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). “…en este momento hay orugas que están tumbando (bosque) y la ABT no dice nada. No sabemos porqué pero es así, pero si el campesino desmonta 4 o 5 hectáreas sin permiso, ahí le quitan las motosierras. Estamos viendo esa discriminación de la ABT”, afirma Ortíz.

 

La búsqueda de la desafectación forestal es otra arista de la controversia por las tierras guarayas, esta vez entre campesinos e indígenas. El pueblo indígena guarayo obtuvo la titulación de 1,15 millones de hectáreas como resultado de una demanda de TCO. A la TCO Guarayos se sobrepone un área de reserva forestal. Los campesinos quieren recibir del Estado el mismo trato que recibieron los indígenas, es decir, una dotación de tierras que iguale o se acerque a la que recibieron los indígenas. ¿Cómo piensan lograrlo? Pedro Choque, secretario de actas de la Central Campesina de Guarayos explica que las organizaciones campesinas de los distritos Yotaú, El Puente y Ascención se unieron para pedir la desafectación forestal. Con esta acción buscan legalizar sus asentamientos en la reserva forestal y la TCO.

 

Choque explica: “Estaríamos hablando de que toda el área correspondiente a los recortes en la provincia Guarayos tendría que estar sujeta a las centrales únicas de campesinos, que ellos puedan hacer la demanda en función a que la Confederación Única haga un compromiso de que sus dirigentes no sean traficantes de tierras y tampoco haya sobreposición de comunidades, o peleas internas”.

 

Varios hechos relacionados con la problemática de tierras han signado la vida de Guarayos de los últimos años y han puesto a los campesinos como avasalladores. En respuesta este sector ha cuestionado la labor de dirigentes del oficialismo legislativo y del gobierno.

 

Activista de Vía Campesina: Algunos gobiernos no tienen poder para cambiar el agro

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En la región, hay varios gobiernos llamados progresistas que llegaron al poder esgrimiendo un discurso de cambio en las estructuras de injusticia económica, social y política, pero que en el transcurso de sus gestiones, no hicieron mucho por cambiar la situación en el agro en favor de los campesinos. ¿Cuál es la razón de esta distancia entre el discurso de llegada y la realidad que viven esos países? Rita Zanotto, activista de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) Vía Campesina, ensaya una respuesta categórica con base en su experiencia de lucha: “Son los estados (gobiernos) que no tienen poder”.

Ese criterio está mediado por un breve análisis que comienza afirmando que los gobiernos “progresistas” de la región no son enemigos de sus pueblos y termina preguntando consecuentemente ¿por qué no hay cambios?: “Puedo hablar de mi país (Brasil) que creo es un reflejo de los demás países en una región en la que casi todos los gobiernos son progresistas, entre comillas. En Brasil nuestro gobierno no es enemigo, en Argentina no es un gobierno enemigo. De esta región tenemos problemas especialmente en Colombia. Chile no es un gobierno enemigo, pero entonces te preguntas: ¿Por qué los (estos) gobiernos no hacen cambios?”

Zanotto milita en el Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST) desde 1989 y desde hace ocho años desempeña la tarea de articulación de Sudamérica en Vía Campesina. Llegó a La Paz a fines de junio para participar en la Cumbre Sudamericana sobre Reforma Agraria y Soberanía Alimentaria.

Entonces Zanotto trata de explicar por qué los gobiernos no hacen los cambios reclamados por las luchas populares: “Es porque no tienen el poder. Dentro de los gobiernos hay tantos intereses, más fuertes económicamente, que creo que las alianzas de nuestros gobiernos no les permiten hacer lo que los pueblos quieren, porque no es lo que los gobiernos quieren, (es por) lo que los pueblos luchan”.

Tras esa aseveración afirma que el gobierno brasileño del Partido de los trabajadores (PT), amigo del movimiento popular, fue el que menos hizo por resolver el problema de tierras. “Nosotros en Brasil estamos desde que (el presidente) Lula empezó su gobierno, nunca paramos la lucha y ¿por qué no sale la reforma agraria? Después de tres gobiernos del PT al final fue el período que menos se abordó el tema tierras y que salió la reforma agraria, y no es porque nosotros no luchamos, es porque dentro del gobierno hay tantas luchas internas y tantos intereses corporativos que no se resuelven los problemas de la población, no resuelven los problemas de su país.

Entonces inquirimos dónde está el poder en Brasil, si no está en su gobierno, y Zanotto explica que el Congreso Nacional de ese país está conformado “prácticamente por latifundistas. Alrededor del 70 a 80 por ciento son latifundistas que se eligen porque también nuestro sistema electoral es muy frágil y direcciona para que aquellos que tienen plata puedan estar ahí. Ahí se ve de dónde parten las leyes”.

En comparación con Brasil, el parlamento boliviano está compuesto por varios indígenas y la representación de las élites empresariales se ha reducido bastante en ese espacio del poder constituido, pero de igual modo no hay cambios sustanciales en la problemática del agro.

Zanotto reitera la idea del vacío de poder real en los gobiernos. “Es complicado. No sé. Son las alianzas que no permiten que uno haga… Porque en verdad en Brasil nosotros tenemos los latifundistas, pero aquí… Hay varios factores, pero para mí lo más fuerte es quién tiene el poder real de tomar definiciones y el poder real no está en Evo, no está en Dilma, no está en Chávez. Con todo el poder que tenía Chávez y las cosas no avanzaban en su país… así que hay muchos amarres históricos…”

Entonces, la activista de la CLOC se pregunta: “Si los latifundistas están legislando, ¿qué queremos nosotros? ¿Vamos a estar luchando siempre en las calles?”, para responder al final de nuestra conversación: “No tenemos una receta. Hay que seguir luchando y seguir haciendo intentos y seguir buscando la unidad internacional y de a poco ir avanzando en algunas conquistas. Pero cada país tiene que hacer su movida y dar sus pasos. ¡Vamos a seguir, creo que es nuestro papel, hasta que un día cambiemos!”

Rita Zanotto textual:

 

Reforma agraria y soberanía alimentaria contra la concentración de tierras y el agronegocio

 

 Hay varios problemas que son comunes a los campesinos en el mundo, no es sólo en la región, pero aquí en nuestra región especialmente, es el tema de las tierras, de la concentración de las tierras. Este es el gran problema que nos va llevar a otros problemas porque la tierra concentrada significa que quién las concentra trae el monocultivo y con el monocultivo vienen los pesticidas, los transgénicos. Viene el monocultivo que no trae alimentación y especialmente los monocultivos de las tierras concentradas son de producción para exportación, como la soya que requiere mucho veneno en gran producción…

Ahí nuestra gran lucha, nuestra primera lucha es por la reforma agraria, por la transformación agraria. Nuestra lucha también es por la soberanía alimentaria y nosotros sabemos que quienes hacen la soberanía alimentaria son los pequeños campesinos. En la Vía Campesina decimos que los pequeños campesinos, indígenas, pastores y mujeres, somos los que alimentamos al mundo, que el agronegocio no alimental al mundo. Por eso que nosotros estamos aquí en esta lucha internacional contra las transnacionales que acapararon las tierras y que excluyen a los campesinos, que promueven las migraciones.

Los campesinos tienen la responsabilidad de mantener la tierra en sus manos

Sentimos que los campesinos sí contamos con capacidades de poder intervenir en la sociedad, claro que cada país tiene su realidad. Como brasileña no tengo condiciones para evaluar la realidad boliviana, pero sentimos que los campesinos en el mundo sí tenemos capacidad de transformación… y donde se puede y se hace algún cambio es porque hay movilización, porque hay acción, creo que aquí en Bolivia también.

Los campesinos tienen gran responsabilidad de mantener la tierra en sus manos, tienen la responsabilidad incluso de hacer luchas para garantizar que este gobierno pueda ir al camino de la soberanía alimentaria y nosotros creemos que con la gran fuerza que tienen los campesinos en este país tienen esta importancia y esta responsabilidad de mantener las luchas.

Cuatro organizaciones bolivianas afiliadas a la Vía Campesina

En Bolivia cuatro organizaciones son miembros de la Vía Campesina: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Cnmciob-BS), la Confederacion Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIOB) y el MST Bolivia.

La Vía Campesina es un movimiento internacional con presencia en los cinco continentes. En Sudamérica está presente en 10 países y cuenta con la participación de aproximadamente 50 organizaciones miembros y otras que son aliadas. En Uruguay con una organización de mujeres que es la única organización de mujeres, en Brasil con 16 organizaciones estudiantiles, campesinas y de otros sectores.


Investigación de TIERRA desvela el aparente empoderamiento de las mujeres rurales

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Es cierto que el sistema patriarcal impidió el acceso de las mujeres a la tierra por mucho tiempo y que en los últimos años ese panorama cambió en el agro boliviano. Al parecer las mujeres se empoderaron, pero la realidad no es del todo así, según la conclusión a la que arribaron los investigadores de TIERRA, Floriana Soria Galvarro y Gonzalo Colque, autores del texto “Inclusión en contextos de exclusión. Acceso de las mujeres campesinas e indígenas a la tierra”.

 

Los autores afirman que los beneficios que genera la tenencia de la tierra y su renta son marginales y “…dentro de esa marginalidad es que las mujeres ganan acceso y control, por tanto, aparecen como jugando un rol más visible y protagónico”.

 

El texto es resultado de catorce estudios de caso que proveen información cualitativa y la información cuantitativa proviene de una encuesta que recoge datos de 903 hogares rurales, aplicadas por TIERRA en tres regiones rurales: altiplano, valles interandinos y tierras bajas. La publicación se divide en cinco capítulos y el apartado dedicado a la conclusión.

 

En el texto se encuentra una explicación más extendida de este fenómeno. Los autores resaltan que en el altiplano “…la mayor presencia de las mujeres en la vida comunal es funcional al carácter patriarcal de la misma y sin el mismo grado de poder de decisión que los hombres…”.

 

Como complemento a los resultados en el altiplano, el análisis de esta situación en los valles bolivianos muestra que “…los cambios en el rol comunitario ocurren frente a críticas situaciones económicas y sociales. Hombres y mujeres se enfrentan a la necesidad de encontrar nuevos mecanismos y estrategias de subsistencia”. Esta realidad lleva a los autores a inferir que “…en comunidades campesinas está en gestación una nueva división de trabajo y resignación de roles en razón de género. Por un lado, las mujeres asumen el papel de sostener un modo de vida familiar basada en una agricultura feminizada y, por otro lado, los hombres tienen el rol de reproducir el paradigma masculino de proveedor vendiendo su fuerza de trabajo en sectores económicos no agrarios…”. La consecuencia de esta situación parece residir en la “…intensificación de la migración campo-ciudad que, en términos temporales, no solamente se limita a periodos de baja demanda de trabajo en la actividad agrícola”.

 

Además, la inclusión femenina en el mundo público/comunitario masculino se traduce en la responsabilidad sobre “…espacios y roles comunitarios abandonados por los hombres (…) Es decir, los espacios públicos de deliberación y decisión siguen siendo controlados por los hombres y ellos siguen exigiendo y valorando más la presencia y participación de sus pares”, según los investigadores.

 

¿Qué pasa en la escala familiar? En las tres regiones investigadas se evidenciaron “…cambios ténues pero favorables para el recorte de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres cuando se trata del acceso y control de la tierra, otros factores productivos y los beneficios que genera la pequeña agricultura comunitaria”. Pero, esos cambios “…reflejan procesos de transformación agraria que no son favorables para la pequeña producción de base campesina e indígena”.

 

En consecuencia la investigación llega a la conclusión de que “…las fuerzas de exclusión de las mujeres no solo se explican por el carácter patriarcal de los hogares y comunidades campesinas e indígenas sino también por los cambios agrarios de carácter estructural guiados por políticas públicas y fuerzas de mercado que facilitan y promueven la agricultura a gran escala, mecanizada y basada en el uso intensivo de capital que marginaliza y encapsula a los campesinos e indígenas en un modo de producción a pequeña escala estancada, pobre e inhábil para generar las mínimas condiciones de vida”.

 

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Internacional: Reforma Agraria Popular. Una alternativa al modelo del capital

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Desde la década de los ’80, nos encontramos en una nueva fase del capitalismo hegemonizada por el capital financiero y las transnacionales, que pasaron a controlar la producción de las principales mercancías y el comercio mundial, suscitando cambios estructurales en la producción agrícola.
 
Este control del capital financiero sobre los bienes, que circula en el mundo en proporciones cinco veces mayor a su equivalente en la producción (255 billones de dólares en moneda, para tan sólo 55 billones de dólares en bienes anuales), transformó los bienes de la naturaleza -como la tierra, el agua, la energía, los minerales- en meras mercancías bajo su control.  Y es por eso que se ha producido una enorme concentración de la propiedad de la tierra, de los bienes de la naturaleza y de los alimentos.
 
En efecto, actualmente alrededor de 100 empresas agroalimentarias transnacionales (como Cargill, Monsanto, Dreyfus, ADM, Syngenta, Bunge, etc.) controlan la mayor parte de la producción mundial de fertilizantes, agroquímicos, pesticidas, agroindustrias y el mercado de alimentos.  Porque ahora, los alimentos se venden y especulan en las bolsas de valores internacionales, como cualquier materia prima (hierro, petróleo, etc.), y los grandes inversionistas financieros adquieren millones de toneladas de alimentos para especular.  Millones de toneladas de soja, maíz, trigo, arroz, hasta zafras venideras, ni siquiera sembradas, de 2018, ya están vendidas.  O sea, esos millones de toneladas de granos que no existen, ya tienen dueño.
 
A este modelo de producción que el capital está implementando en todo el mundo se le conoce como el agronegocio (agribusiness) que, básicamente, busca organizar la producción agrícola en forma de monocultivo en escalas de extensiones cada vez mayores, con uso intensivo de máquinas agrícolas y de agrotóxicos, y la creciente utilización de semillas transgénicas.
 
De modo que esta matriz productiva del agronegocio es socialmente injusta, pues cada vez más expulsa a la mano de obra del campo; es económicamente inviable, pues depende de la importación de millones de toneladas de fertilizantes químicos; está subordinada a las grandes corporaciones que controlan las semillas, los insumos agrícolas, los precios, el mercado y que se quedan con la mayor parte de las ganancias de la producción agrícola; es insustentable para el medio ambiente, pues practica el monocultivo y destruye toda la biodiversidad existente en la naturaleza, con el uso irresponsable de agrotóxicos que destruyen la fertilidad natural de los suelos y sus micro-organismos, contaminan el medio ambiente y, sobre todo, los alimentos producidos, con consecuencias gravísimas para la salud de la población.
 
En Brasil, el Instituto Nacional del Cáncer (Inca) advirtió en febrero que se pronostica para este año 546.000 nuevos casos de cáncer en el país, la mayor parte originada por alimentos contaminados con pesticidas, sobre todo cáncer de mama y de próstata, ya que son las células más frágiles donde los principios activos de los venenos químicos actúan.
 
Soberanía alimentaria
 
Ante este modelo del agronegocio que busca la producción de dólares y commodities, y no de alimentos, precisamos urgentemente renegociar en todo el planeta el principio de que los alimentos no pueden ser una mercancía.  La alimentación es un derecho de supervivencia, por lo que cada ser humano debe tener acceso a esta energía para reproducirse como un ser humano, de manera equitativa y sin ningún tipo de restricción.
 
En la Vía Campesina hemos desarrollado el concepto de soberanía alimentaria, que es la necesidad y el derecho de que en todos los lugares del mundo cada pueblo tiene el derecho y el deber de producir sus propios alimentos.  Es de este modo que se ha garantizado la supervivencia de la humanidad, incluso en las condiciones más difíciles.  Y está demostrado biológicamente que en todas partes de nuestro planeta se puede producir alimentos para la reproducción humana, a partir de las condiciones locales.
 
La cuestión clave es cómo garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos.  Y para eso tenemos que defender la necesidad de que todos los que cultivan la tierra y producen los alimentos, los agricultores, los campesinos, tengan el derecho a la tierra y al agua; como derecho de los seres humanos.  De ahí la necesidad de la política de repartición de los bienes de la naturaleza (tierra, agua, energía) entre todos, lo que llamamos reforma agraria.
 
Precisamos garantizar que haya soberanía nacional y popular sobre los bienes fundamentales de la naturaleza.  No podemos someterlos a las reglas de la propiedad privada y del lucro.  Los bienes de la naturaleza no son fruto del trabajo humano.  Por lo mismo, el Estado, en nombre de la sociedad, debe supeditarlos a una función social, colectiva, bajo el control de la sociedad.
 
Tenemos que asegurarnos de que las semillas, las diferentes razas de animales y sus mejoras genéticas hechas por la humanidad, a lo largo de la historia, sean accesibles a todos los agricultores.  No puede haber propiedad privada de las semillas y los seres vivos, como nos impone la fase actual del capitalismo con sus leyes de patentes, transgénicos y mutaciones genéticas.  Las semillas son un patrimonio de la humanidad.
 
En cada localidad, región, es preciso asegurar que se produzcan los alimentos necesarios que proporciona la biodiversidad local, a fin de preservar los hábitos alimenticios y la cultura local, como una cuestión inclusive de salud pública.  Los científicos, médicos y biólogos nos dicen que la alimentación de los seres vivos, para su reproducción saludable, debe estar en armonía con el hábitat y la energía local.
 
Necesitamos políticas gubernamentales que fomenten la práctica de técnicas agrícolas de producción de alimentos, que no sean predadoras de la naturaleza, que no utilicen venenos y que produzcan en armonía con la naturaleza y la biodiversidad, y en abundancia para todos.  A estas prácticas es lo que llamamos agroecología.
 
Precisamos impedir que las empresas transnacionales continúen controlando cualquier parte de la producción de los insumos agrícolas, la producción y distribución de los alimentos.  Y a la vez, avanzar en la adopción de prácticas de comercio internacional de alimentos entre los pueblos, basadas en la solidaridad, la complementariedad y el intercambio.  Y no más en el oligopolio de empresas, dominado por el dólar estadounidense.
 
Además, cabe al Estado desarrollar políticas públicas que garanticen el principio de que la comida no es una mercancía, que es un derecho de todos los ciudadanos.  Y la gente sólo vive en sociedades democráticas, con sus derechos mínimos garantizados, si tiene acceso al alimento-energía necesario.
 
Un nuevo modelo de producción
 
Bajo la hegemonía de este modelo del agronegocio, en Brasil asistimos a un proceso acelerado de concentración de la propiedad de la tierra y de la producción agrícola y los bienes de la naturaleza están cada vez más concentrados en manos de menos capitalistas.  Hubo una avalancha de capital extranjero y financiero para controlar más tierra, más agua, más agroindustrias y prácticamente todo el comercio exterior de los commodities agrícolas.
 
Además, con este modelo del agronegocio, se ha afianzado una alianza ideológica de clases entre los grandes terratenientes y empresarios de los medios de comunicación, especialmente la televisión, revistas y periódicos, que se han tornado en promotores y propagandistas permanentes de las empresas capitalistas en el campo, como único proyecto posible, moderno e insustituible.  Hay una simbiosis entre los grandes propietarios de medios de comunicación, las empresas del agronegocio, los presupuestos de publicidad y el poder económico.
 
En estas nuevas condiciones, la lucha por la tierra y por la reforma agraria cambió de naturaleza.  Por eso, en el VI Congreso Nacional del MST, realizado el pasado mes de febrero, se adoptó el programa de Reforma Agraria Popular, porque ella interesa a todo el pueblo.  Ya no es más una reforma agraria de los sin tierra, porque apunta a contribuir a los cambios estructurales necesarios para el conjunto de la sociedad.
 
Una política de reforma agraria no se reduce simplemente a la distribución de la tierra para los pobres, si bien puede ocurrir para resolver problemas sociales emergentes localizados.  Se trata de un camino hacia la construcción de un nuevo modelo de producción en la agricultura.  Es urgente la reorganización de la agricultura para producir, en primer lugar, alimentos sanos para el mercado interno y para toda la población brasileña.  Para ello, es necesaria y urgente la implementación de políticas públicas que garanticen estímulos para una agricultura diversificada en cada bioma, produciendo con técnicas de agroecología.
 
Al gobierno le corresponde destinar más recursos en la investigación agrícola para la alimentación y no solo para beneficiar a las transnacionales.  Como también la puesta en marcha de un gran programa de implantación de agroindustrias pequeñas y medianas en la modalidad de cooperativas, para que los pequeños agricultores puedan tener sus agroindustrias a fin de agregar valor y crear mercado a los productos locales.  Entre otras medidas.
 
Obviamente que la reforma agraria popular tomará más tiempo y será más difícil, porque vamos a tener que concientizar a la gente de la ciudad para que también se movilice, por ejemplo, por comida sana, por el etiquetado de los productos alimentarios que indique si contienen o no veneno, si tienen o no componente transgénico.  Y, en general, por las contradicciones del agronegocio respecto a los alimentos, al cambio climático, al medio ambiente, al empleo.
 
Como señala el Programa del MST, ahora estamos ante nuevos desafíos, como:
 
“a) La reforma agraria popular debe resolver los problemas concretos de toda la población que vive en el campo:
b) La reforma agraria tiene como base la democratización de la tierra, pero busca producir alimentos saludables para toda la población; objetivo que el modelo del capital no consigue alcanzar;
c) La acumulación de fuerzas para este tipo de reforma agraria depende ahora de una alianza consolidada de los campesinos con los trabajadores urbanos.  Solitos los sin tierra no conseguirán la reforma agraria popular.
d) Ella representa una acumulación de fuerzas para los campesinos y toda clase trabajadora en la construcción de una nueva sociedad.”
 
- João Pedro Stedile es miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil.
- Osvaldo León es Director de “América Latina en Movimiento.

 

Publicado en América Latina en Movimiento, No. 496: http://alainet.org/publica/496.phtml

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