Branko Marinkovic devela que pagó las tasas de saneamiento. Significa que es verdad que el INRA firmó nuevas resoluciones durante la gestión 2020 para fijar las tasas de saneamiento y concluir la titulación de los predios Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte, alcanzando un total de 33.000 hectáreas (min7:00). Esto ratifica la denuncia pública de Fundación TIERRA sobre este caso.
Reconoce que las tierras están a nombre de sus hermanas y su hijo y que costó mucho el trámite de titulación (min. 15:15).
Afirma que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que “obliga y conmina al INRA a hacer resoluciones finales” (min 5:40). Más adelante (min. 13:50), reitera que hay sentencias del Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental que “obligan al INRA a titular estas tierras”. Sobre este punto, debemos hacer una precisión y aclaración. Las declaraciones son imprecisas, pero asumimos que se refiere a la Sentencia Agroambiental S1ª Nº 44/2016 de 17 de junio de 2016 que anula una resolución del INRA (Resolución Administrativa RA-SS Nº 2051/2015 de 22 de septiembre de 2015), y obliga a subsanar las irregularidades y la elaboración de un nuevo Informe Técnico-Legal. En palabras simples: pide que el trámite retroceda un paso y continúe, pero no “obliga ni conmina al INRA a titular esas tierras”. No lo puede hacer el Tribunal Agroambiental porque no es su función y estaría suplantando las atribuciones del INRA.
Existe un antecedente más: el INRA, el 2019, en apego a la mencionada sentencia, emitió un nuevo informe subsanando las observaciones y ratificándose en que no corresponde más de 5.000 hectáreas. En la gestión del gobierno transitorio (2020), se anuló este último informe para facilitar la entrega 21.000 hectáreas en Tierras Bajas del Norte y 12.000 hectáreas en Laguna Corazón.
En suma, no existe tal Sentencia Constitucional ni Sentencia Agroambiental que haya dado por hecho que los Marinkovic son dueños de 33.000 hectáreas.
Estas declaraciones están sacando a la luz pública que, además de revisar la actuación del INRA en la gestión de Áñez, debemos prestar atención a la actuación de los Magistrados que firman las Sentencias del Tribunal Agroambiental. Forzaron interpretaciones legales a favor de los grandes intereses agropecuarios.
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