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El caso Bolibras relanzó una nueva etapa de la Reforma Agraria

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En 1992 se descubrió uno de los mayores casos de corrupción que se haya conocido en la gestión pública. El entonces diputado Miguel Urioste, puso en el tapete público el caso denominado Bolibras al denunciar documentadamente una apropiación ilícita de 96.337 hectáreas en el municipio Pailón, en la provincia cruceña de Chiquitos, por parte del entonces ministro de educación de esa época. 21 años después el gobierno boliviano retoma el caso determinando el saneamiento de tierras de los predios que conforman Bolibras con el objetivo de redistribuirlas. Pero el valor más importante de aquella denuncia es, como dice el investigador de Fundación TIERRA, Wilfredo Plata, que se convirtió en "un hito en la historia agraria de Bolivia porque fue el punto de quiebre de la Ley de Reforma Agraria de 1953".

Según el especialista a raíz del caso Bolibras surgió un gran debate nacional sobre el problema agrario en Bolivia y consecuentemente la necesidad de plantear una nueva ley de tierras. "El corazón de esta ley fue crear una nueva institucionalidad agraria y verificar el derecho de propiedad de los dueños de tierras, sobre todo en las tierras bajas, de ganaderos, agroindustriales y madereros, entre los principales".

En noviembre de 1992 el gobierno de Jaime Paz Zamora intervino el Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y después de cuatro años, finalmente se aprobó la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en octubre de 1996.

Uno de los aspectos relevantes de esta norma es la inclusión de la titulación colectiva en forma de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) que hasta ahora ya ha beneficiado con títulos colectivos por más de 20 millones de hectáreas a favor de los pueblos indígenas de Bolivia. "De ahí surge el saneamiento de tierras que hasta hoy es motivo de mucha participación de las comunidades de diversas partes de Bolivia para regularizar y actualizar sus derechos propietarios".

Según información de Fundación TIERRA, entre 1991 y 1992, - en medio de la expansión del agronegocio de la soya- se probaron e hicieron públicas varias denuncias sobre corrupción en el sistema estatal de administración de las tierras. Como consecuencia del caso Bolibras y la consecuente intervención del CNRA y del Instituto Nacional de Colonización (INC), se produjo un paréntesis en la entrega de tierras fiscales y la posterior discusión sobre reformas referidas a la tenencia de la tierra se tradujo en cambios en la Constitución Política del Estado de 1994. A partir de entonces el Art. 171 establecía: " 1. Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional y especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones".

Anulación de saneamiento "en contravención" y redistribución

Con el propósito de localizar tierras fiscales y redistribuirlas, recientemente el actual gobierno promulgó el DS 1697 que instruye al INRA ejecutar el saneamiento sobre las tierras comprendidas en el caso Bolibras. Según esa norma se debe "considerar únicamente la superficie que cuente con antecedentes agrarios sustanciados ante el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria".

Consecuentemente, el decreto establece la posibilidad de desalojar las posesiones asentadas en el predio a las que tipifica como ilegales y carentes de derecho propietario. "Las posesiones identificadas en el área BOLIBRAS son ilegales, no siendo objeto de reconocimiento de derecho propietario, estando sujetas al desalojo, conforme al procedimiento agrario".

Finalmente, la norma determina como prioridad "la identificación de tierras fiscales, según procedimiento especial de saneamiento".

El periódico Cambio reportó que según el viceministro de Tierras, Jorge Barahona, la disposición adicional única del decreto determina que "el INRA debe poner en conocimiento del Viceministerio de Tierras todas las propiedades que cuenten con resolución final de saneamiento o con título ejecutorial emitidos en contravención de la Ley 1715, para que esta instancia revise esos procesos", cita el mencionado matutino en su edición del 02 de septiembre.

Si de esa revisión técnica y jurídica el Viceministerio de Tierras identifica que hay algún error de fondo o irregularidades en la tramitación de este proceso, se planteará los procesos contenciosos administrativos ante el Tribunal Agroambiental (TAG) para que anule estos procesos y el INRA vuelva a ejecutar el proceso de saneamiento en esas áreas.

La conciliación y la tecnología ayudan a reducir el minifundio

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La conciliación familiar y la incorporación de tecnología apropiada a la gestión de los derechos de propiedad en las comunidades del altiplano paceño ayudan a reducir el minifundio. Este hecho fue comprobado por el equipo de la oficinal regional Altiplano de Fundación TIERRA, explicó el especialista en temas agrarios Esteban Sanjines, en el seminario “Gestión local del catastro rural” realizado el 10 de mayo en el paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

 

En el altiplano paceño 16 comunidades terminan saneamiento interno

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En los primeros minutos de la tarde del 11 de abril los rostros de aproximadamente 50 campesinos oriundos de 14 comunidades del municipio de Caquiaviri y de dos del municipio de Coro Coro, de la provincia paceña Pacajes, se llenaron de satisfacción cuando recibieron el mapa georreferenciado de sus pueblos, como resultado del saneamiento interno iniciado en octubre de 2012, con el apoyo técnico de Fundación TIERRA.

Seminario internacional busca aportar a la gestión del catastro rural

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Con el propósito de aportar al conocimiento de la administración comunal sostenible de la tierra y el territorio, se realizará el seminario taller internacional “Gestión local del catastro rural”, el viernes 10 de mayo en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) entre las 14:00 y las 21:00. En el evento se compartirán visiones, metodologías, estrategias y se analizará la incorporación de la tecnología al manejo y gestión del catastro en las comunidades rurales.

Campesinos y gobierno acuerdan ampliar el plazo de saneamiento de tierras

El primer punto de un acuerdo entre la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupak Katari (FSUTCTK) de La Paz y el gobierno define la ampliación del proceso de saneamiento de tierras por cuatro años más y de esa manera abre formalmente la posibilidad de modificar el plazo que fenece en octubre de 2013, establecido en 2006 mediante la Ley 3501.

Después de dos días de movilizaciones campesinas, el bloqueo de los accesos a La Paz y El Alto y las respectivas negociaciones con el gobierno, el 21 de marzo, ejecutivos de la FSUTCTK y varias autoridades de las provincias paceñas afiliadas a esa federación, suscribieron un pacto con autoridades gubernamentales, que establece la necesidad de procurar la ampliación del proceso de saneamiento por cuatro años más.

En el convenio, ambas partes acordaron realizar las gestiones para canalizar los recursos necesarios y suficientes para la conclusión del saneamiento en el departamento de La Paz. Entretanto, las comunidades que se encuentran en proceso de saneamiento con aportes voluntarios deberán continuar con este proceso hasta su finalización.

El documento contiene 10 acuerdos y responde al pliego petitorio de 98 puntos, presentado al gobierno por la FSUTCTK en septiembre de 2012, demandando la atención estatal para las principales necesidades de las provincias paceñas.

El saneamiento que falta será más caro

La superficie que todavía no ha sido saneada demandará un trabajo más minucioso al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y posiblemente costará más, según el director de Fundación TIERRA, Juan Pablo Chumacero.

La mayor parte del altiplano paceño todavía no ha sido saneada, lo mismo que algunas zonas de los valles cochabambinos, potosinos, tarijeños y cruceños. Tampoco la llanura beniana.

El experto afirma que en las zonas de altiplano y valle citadas, vive la mayor parte de la población rural del país y además coexisten dos sistemas de propiedad de la tierra: la familiar y la comunal. A eso hay que agregar la realidad del minifundio que caracteriza a las parcelas de esos sectores. Esas variables hacen que el proceso de saneamiento sea particularmente laborioso. “En esas zonas hay muchas propiedades pequeñas. Por eso el saneamiento debe ser minucioso”, explica Chumacero.

Como consecuencia, el INRA, antes de emprender los trabajos técnicos del saneamiento, deberá resolver los conflictos de límites entre comunidades, conflictos entre vecinos dentro de la misma comunidad e incluso conflictos intrafamiliares dentro de un mismo predio. Todo esto implica un mayor tiempo de trabajo por comunidad y consecuentemente mayor costo por parcela y por hectárea, según el análisis del especialista.

En el caso de las tierras bajas del Beni, se trata del área ganadera que tradicionalmente se ha opuesto al saneamiento de sus tierras, pero que ahora, por diversas circunstancias, está dispuesta a hacerlo en coordinación con el Estado.

680 mil hectáreas para las provincias paceñas

Como parte otra del primer punto del acuerdo entre la federación y el gobierno se establece que el INRA dotará 680 mil hectáreas de tierras fiscales ubicadas en la provincia Abel Iturralde de La Paz, a favor de las familias de las 20 provincias paceñas. De esa manera cumplirá en parte el compromiso gubernamental de otorgar a los campesinos 1,8 millones de hectáreas en la mencionada provincia y el oriente del país.

Según el convenio, para hacer efectiva la dotación, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAYA) gestionará la desinmovilización de una parte de la Reserva Forestal de inmovilización Iturralde a través de un decreto supremo.

Los campesinos quieren acceder a mayor cantidad de tierras, en forma similar a la titulación de  los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) que benefician a los indígenas bolivianos con grandes extensiones de tierras, sobre todo en tierras bajas.

La federación en el Fondo Indígena

Otra de las peticiones de los campesinos fue el ingreso de su federación al directorio del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena). En relación con este tema se acordó que en la próxima reunión de ese ente, la federación plantee un proyecto de ley para la reestructuración de aquella institución.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras convocará a una reunión de Directorio entre el 5 y 10 de abril en la cual se hará una evaluación de del personal, se analizará la gestión y se revisarán y aprobaron los nuevos proyectos.

La federación campesina hará las gestiones necesarias para que el fondo trate y resuelva los temas planteados en el pliego petitorio.

Carreteras para las provincias paceñas

En otro de los puntos del acuerdo se atiende la solicitud de construir vías que integren las 20 provincias paceñas. Sobre este tema, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se comprometió a presentar ante la federación campesina un listado con el cronograma de inicio de obras en el departamento de La Paz. El  Ministerio de Obras Públicas informó que la ABC cuenta con un presupuesto de Bs 500 millones para obras en este departamento.

Respecto a los caminos que son competencia del gobierno departamental y de los gobiernos municipales, el Ministerio de Planificación del Desarrollo acompañará la búsqueda de fuentes de financiamiento necesarias.

Se iniciará la perforación de un pozo petrolero

Otro de los acápites del acuerdo atiende la solicitud de explotación de petróleo en el bloque Lliquimuni en la provincia Larecaja. El Ministerio de Hidrocarburos informó que en octubre de esta gestión se iniciará la perforación del pozo LQC XI. Además comprometió a informar periódicamente a la federación sobre la política hidrocarburífera en el departamento de La Paz.

El gobierno informó que existe un proyecto para que el gas natural licuado (GNL) llegue a comunidades o poblaciones de los municipios de Copacabana, Caranavi, Coroico, Guanay, Achacachi y Desaguadero.

Otros acuerdos

Respecto de otras demandas, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informó que hasta la fecha se invirtieron Bs 744 millones en el desarrollo productivo del departamento en cumplimiento del acuerdo firmado en la gestión 2012.

Ante la solicitud de nacionalización de las empresas generadoras de energía eléctrica y la rebaja de las tarifas de ese servicio en el área rural, el gobierno se comprometió a presentar a la federación un informe del estado financiero de la empresa generadora y a entregar facturas con la rebaja de tarifas en un acto público.

Los campesinos también recibieron un informe gubernamental sobre el ingenio azucarero de San Buena Ventura, según el cual ese proyecto se entregará en marzo de 2015. Hasta la fecha se produce 214 hectáreas de semillas y se habilitaron 39 hectáreas para la construcción del ingenio.

En el ámbito político los campesinos piden que no se reduzca el número de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La gobernación sugirió la realización de un taller de evaluación y análisis técnico sobre el particular, con la participación del Ministerio de Autonomías, senadores,  diputados y otras autoridades paceñas.

Ante la solicitud de dotación de vehículos para cada una de las federaciones provinciales, se decidió que esta petición se hará directamente el Presidente Evo Morales. Finalmente, el gobierno y la federación buscarán fuentes de financiamiento para la construcción de un edificio para esa organización, después de sanear la documentación del inmueble que actualmente ocupa la organización campesina.


Falta sanear 32 millones de hectáreas


Fuente: Elaboración propia con datos del INRA.

Información proporcionada por el Viceministerio de Tierras y el INRA sobre el saneamiento, permite colegir que 32 de las de las 106,75 millones de hectáreas aún no han sido saneadas en el país.

Los datos de este instituto muestran que hasta la gestión 2012, se tituló 12,8 millones de hectáreas a favor de indígenas de tierras bajas, 9,6 millones a favor de indígenas de tierras altas; 14,6 millones corresponden a campesinos e interculturales; 4,43 millones a favor de empresarios y la superficie de tierras fiscales disponibles y no disponibles ascienda a 23,27 millones de hectáreas, lo que representa un total de 64,70 millones de hectáreas saneadas y tituladas.

Si a ese total se agregan aproximadamente 10 millones de hectáreas que están en proceso de saneamiento, la superficie de saneamiento asciende a 74,70 millones de hectáreas y el resto es lo que falta para concluir el proceso en todo el país.

La estadística muestra que desde el inicio del saneamiento, se emitieron 304 mil títulos y certificados agrarios que benefician a 1.087.941 personas naturales y jurídicas. Finalmente, al a fecha, todo el proceso ha representado para Bolivia una inversión de 169,3 millones de dólares.

Con la promulgación de la Ley 1715 del INRA, en 1996 comenzó el proceso de saneamiento en Bolivia, aunque la norma fue aplicada a partir del año 2000 cuando se aprobó su reglamentación. Desde entonces el INRA emprendió la tarea de titular 106.751.722 hectáreas en el territorio nacional.

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