El primer punto de un acuerdo entre la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupak Katari (FSUTCTK) de La Paz y el gobierno define la ampliación del proceso de saneamiento de tierras por cuatro años más y de esa manera abre formalmente la posibilidad de modificar el plazo que fenece en octubre de 2013, establecido en 2006 mediante la Ley 3501.
Después de dos días de movilizaciones campesinas, el bloqueo de los accesos a La Paz y El Alto y las respectivas negociaciones con el gobierno, el 21 de marzo, ejecutivos de la FSUTCTK y varias autoridades de las provincias paceñas afiliadas a esa federación, suscribieron un pacto con autoridades gubernamentales, que establece la necesidad de procurar la ampliación del proceso de saneamiento por cuatro años más.
En el convenio, ambas partes acordaron realizar las gestiones para canalizar los recursos necesarios y suficientes para la conclusión del saneamiento en el departamento de La Paz. Entretanto, las comunidades que se encuentran en proceso de saneamiento con aportes voluntarios deberán continuar con este proceso hasta su finalización.
El documento contiene 10 acuerdos y responde al pliego petitorio de 98 puntos, presentado al gobierno por la FSUTCTK en septiembre de 2012, demandando la atención estatal para las principales necesidades de las provincias paceñas.
El saneamiento que falta será más caro
La superficie que todavía no ha sido saneada demandará un trabajo más minucioso al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y posiblemente costará más, según el director de Fundación TIERRA, Juan Pablo Chumacero.
La mayor parte del altiplano paceño todavía no ha sido saneada, lo mismo que algunas zonas de los valles cochabambinos, potosinos, tarijeños y cruceños. Tampoco la llanura beniana.
El experto afirma que en las zonas de altiplano y valle citadas, vive la mayor parte de la población rural del país y además coexisten dos sistemas de propiedad de la tierra: la familiar y la comunal. A eso hay que agregar la realidad del minifundio que caracteriza a las parcelas de esos sectores. Esas variables hacen que el proceso de saneamiento sea particularmente laborioso. “En esas zonas hay muchas propiedades pequeñas. Por eso el saneamiento debe ser minucioso”, explica Chumacero.
Como consecuencia, el INRA, antes de emprender los trabajos técnicos del saneamiento, deberá resolver los conflictos de límites entre comunidades, conflictos entre vecinos dentro de la misma comunidad e incluso conflictos intrafamiliares dentro de un mismo predio. Todo esto implica un mayor tiempo de trabajo por comunidad y consecuentemente mayor costo por parcela y por hectárea, según el análisis del especialista.
En el caso de las tierras bajas del Beni, se trata del área ganadera que tradicionalmente se ha opuesto al saneamiento de sus tierras, pero que ahora, por diversas circunstancias, está dispuesta a hacerlo en coordinación con el Estado.
680 mil hectáreas para las provincias paceñas
Como parte otra del primer punto del acuerdo entre la federación y el gobierno se establece que el INRA dotará 680 mil hectáreas de tierras fiscales ubicadas en la provincia Abel Iturralde de La Paz, a favor de las familias de las 20 provincias paceñas. De esa manera cumplirá en parte el compromiso gubernamental de otorgar a los campesinos 1,8 millones de hectáreas en la mencionada provincia y el oriente del país.
Según el convenio, para hacer efectiva la dotación, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas (MMAYA) gestionará la desinmovilización de una parte de la Reserva Forestal de inmovilización Iturralde a través de un decreto supremo.
Los campesinos quieren acceder a mayor cantidad de tierras, en forma similar a la titulación de los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) que benefician a los indígenas bolivianos con grandes extensiones de tierras, sobre todo en tierras bajas.
La federación en el Fondo Indígena
Otra de las peticiones de los campesinos fue el ingreso de su federación al directorio del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena). En relación con este tema se acordó que en la próxima reunión de ese ente, la federación plantee un proyecto de ley para la reestructuración de aquella institución.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras convocará a una reunión de Directorio entre el 5 y 10 de abril en la cual se hará una evaluación de del personal, se analizará la gestión y se revisarán y aprobaron los nuevos proyectos.
La federación campesina hará las gestiones necesarias para que el fondo trate y resuelva los temas planteados en el pliego petitorio.
Carreteras para las provincias paceñas
En otro de los puntos del acuerdo se atiende la solicitud de construir vías que integren las 20 provincias paceñas. Sobre este tema, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se comprometió a presentar ante la federación campesina un listado con el cronograma de inicio de obras en el departamento de La Paz. El Ministerio de Obras Públicas informó que la ABC cuenta con un presupuesto de Bs 500 millones para obras en este departamento.
Respecto a los caminos que son competencia del gobierno departamental y de los gobiernos municipales, el Ministerio de Planificación del Desarrollo acompañará la búsqueda de fuentes de financiamiento necesarias.
Se iniciará la perforación de un pozo petrolero
Otro de los acápites del acuerdo atiende la solicitud de explotación de petróleo en el bloque Lliquimuni en la provincia Larecaja. El Ministerio de Hidrocarburos informó que en octubre de esta gestión se iniciará la perforación del pozo LQC XI. Además comprometió a informar periódicamente a la federación sobre la política hidrocarburífera en el departamento de La Paz.
El gobierno informó que existe un proyecto para que el gas natural licuado (GNL) llegue a comunidades o poblaciones de los municipios de Copacabana, Caranavi, Coroico, Guanay, Achacachi y Desaguadero.
Otros acuerdos
Respecto de otras demandas, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras informó que hasta la fecha se invirtieron Bs 744 millones en el desarrollo productivo del departamento en cumplimiento del acuerdo firmado en la gestión 2012.
Ante la solicitud de nacionalización de las empresas generadoras de energía eléctrica y la rebaja de las tarifas de ese servicio en el área rural, el gobierno se comprometió a presentar a la federación un informe del estado financiero de la empresa generadora y a entregar facturas con la rebaja de tarifas en un acto público.
Los campesinos también recibieron un informe gubernamental sobre el ingenio azucarero de San Buena Ventura, según el cual ese proyecto se entregará en marzo de 2015. Hasta la fecha se produce 214 hectáreas de semillas y se habilitaron 39 hectáreas para la construcción del ingenio.
En el ámbito político los campesinos piden que no se reduzca el número de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La gobernación sugirió la realización de un taller de evaluación y análisis técnico sobre el particular, con la participación del Ministerio de Autonomías, senadores, diputados y otras autoridades paceñas.
Ante la solicitud de dotación de vehículos para cada una de las federaciones provinciales, se decidió que esta petición se hará directamente el Presidente Evo Morales. Finalmente, el gobierno y la federación buscarán fuentes de financiamiento para la construcción de un edificio para esa organización, después de sanear la documentación del inmueble que actualmente ocupa la organización campesina.
Falta sanear 32 millones de hectáreas
Fuente: Elaboración propia con datos del INRA.
Información proporcionada por el Viceministerio de Tierras y el INRA sobre el saneamiento, permite colegir que 32 de las de las 106,75 millones de hectáreas aún no han sido saneadas en el país.
Los datos de este instituto muestran que hasta la gestión 2012, se tituló 12,8 millones de hectáreas a favor de indígenas de tierras bajas, 9,6 millones a favor de indígenas de tierras altas; 14,6 millones corresponden a campesinos e interculturales; 4,43 millones a favor de empresarios y la superficie de tierras fiscales disponibles y no disponibles ascienda a 23,27 millones de hectáreas, lo que representa un total de 64,70 millones de hectáreas saneadas y tituladas.
Si a ese total se agregan aproximadamente 10 millones de hectáreas que están en proceso de saneamiento, la superficie de saneamiento asciende a 74,70 millones de hectáreas y el resto es lo que falta para concluir el proceso en todo el país.
La estadística muestra que desde el inicio del saneamiento, se emitieron 304 mil títulos y certificados agrarios que benefician a 1.087.941 personas naturales y jurídicas. Finalmente, al a fecha, todo el proceso ha representado para Bolivia una inversión de 169,3 millones de dólares.
Con la promulgación de la Ley 1715 del INRA, en 1996 comenzó el proceso de saneamiento en Bolivia, aunque la norma fue aplicada a partir del año 2000 cuando se aprobó su reglamentación. Desde entonces el INRA emprendió la tarea de titular 106.751.722 hectáreas en el territorio nacional.
