Se trata del caso de la “Hacienda Yasminka”, propiedad de la hermana del agroempresario cruceño Branko Marinkovic, quien fue presidente del Comité Cívico de esa región. En cambio los proceso por “Saneamiento” de tierras suman 1.099, y representan el 67,5 por ciento del total. Esta gran proporción puede dar a entender que la Ley INRA, promulgada en 1996, no ha cumplido con uno de sus propósitos esenciales: sanear la propiedad agraria.
En su intento por no perder la “Hacienda Yasminka” revertida por el Estado en 2007, Robert Jakubek Fojs y Yasminka Marinkovic de Jakubek interpusieron un proceso contencioso administrativo en octubre de esa gestión ante el entonces Tribunal Agrario Nacional (predecesor del Tribunal Agroambiental - TA). En 2009 Jakubek y Marinkovic perdieron el jucio, convirtiéndose así en el único proceso clasificado en los casos de “Tierras fiscales” que trató y resolvió ese alto tribunal entre 2000 y 2017.
Los hacendados, cuñado y hermana del agroempresario y en aquel entonces presidente del Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic, perdieron 12.587 hectáreas ubicadas en la provincia Guarayos de Santa Cruz, una propiedad que se sobreponía a la Tierra Comunitaria de Origen Guarayo, inmovilizada por el INRA desde 1997.
De acuerdo con información del apartado “Árbol de jurisprudencia” que es parte del portal web del TA, este caso de “Tierras fiscales” es uno de los dos que figuran como únicos en la estadística de TA, el otro está clasificado en el rubro “Evaluación técnica jurídica”. Cada uno de ellos representa el 0,1 por ciento del total de 1.627 procesos resueltos hasta 2017.
En el otro extremo de la estadística se ubican los casos de “Saneamiento” de tierras, que suman 1.099, y representan el 67,5 por ciento del total.
Esta gran proporción de conflictos por saneamiento puede dar a entender que la Ley INRA, promulgada en 1996, no ha cumplido con uno de sus propósitos esenciales: sanear la propiedad agraria. En consecuencia, las controversias legales por titulación continúan colmando de trabajo las salas del TA, algo que refleja nítidamente la estadística de esa instancia judicial.
Los conflictos por la propiedad agraria (7,4 por ciento), por la función económica social de la tierra (7,3 por ciento) y las controversias constitucionales (7,1 por ciento) ocupan un muy distante segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente, en el rankin de las causas judiciales administradas por el TA.
Según los especialistas, Bolivia es el único país que tiene una jurisdicción especializada en materia agraria que actualmente suma lo ambiental, por ello es una enorme responsabilidad comprenderla, desarrollarla y además, otorgarle recursos económicos suficientes para que pueda asumir y ejercer justicia en su materia.
Los fallos afectan a muchos
En agosto de 2002, los Jakuvek-Marinkovic suscribieron un “acta de conciliación” con los dirigentes guarayos Tomas Rojas Iraipi, Sigfredo Terrazas e Hildeberto Arinori, para apropiarse irregularmente de otras 10 mil hectáreas. La hacienda creció de 2.558 a 12.587 hectáreas.
Ante esa acción empresarial que, de consolidarse, afectaría a miles de comunarios guarayos, Elida Urapuca Ariori, representante legal de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), interviene en el proceso contencioso administrativo y afirma en defensa de los indígenas que representa su organización que, “…los actos conciliatorios (…) no definen ningún derecho propietario, no sustituyen la fase de verificación de la FES ni inhiben al INRA a revisar la validez de los derechos de propiedad o la legalidad de las posesiones...”
¿Cuál es la relevancia de este tipo de casos respecto del TA? Cinthia Armijo, ex magistrada del TA, advierte que un fallo de ese tribunal puede afectar a muchas familias y comunidades, que no es comparable con otras jurisdicciones: los problemas “vienen hasta de 40 años atrás, están involucrados elementos políticos, sociales, económicos, culturales que se deben conocer y desentrañar, que los beneficiarios de un fallo son muchas familias e incluso varias comunidades. La trascendencia que tiene una sentencia no es comparable con los casos individuales del resto de las jurisdicciones, por eso los juzgadores deben tener sensibilidad social”, explica.