Cuando se cumplen 62 años de la Reforma Agraria de Bolivia, la Fundación TIERRA ha tomado la iniciativa de organizar el panel “La importancia de la Reforma Agraria en el contexto actual” con el propósito deevaluar este proceso iniciado el siglo pasado y que aún se extiende hasta el presente. El decreto ley promulgado en Ucureña es un hito histórico en una de las transformaciones más emblemáticas que eliminó el sistema hacendal. Entre las muchas críticas que recibió este proceso, se señala que quedó “inconcluso”.
Ser mujer y a la vez ser joven en las comunidades del altiplano paceño enfrenta a una persona a un doble desafío, a vencer dos barreras de discriminación, dadas las características de la estructura social en esos ámbitos territoriales. No es fácil, nada fácil, pero es posible salir adelante y así lo demuestran los casos de Wilma Pari y Virginia Rondo, quienes saliendo de los moldes tradicionales de las mujeres rurales debido a su formación universitaria, lideraron la construcción de acuerdos familiares para la gestión comunal de los derechos de propiedad de la tierra.
Fueron once días de intenso trabajo y aprendizaje en los cuales ocho jóvenes provenientes de Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú, viajaron, hablaron, compartieron, escucharon y se interiorizaron de la vida de los comunarios bolivianos de zonas tan diversas como los que viven a los pies del nevado Illimani en la comunidad Cayimbaya a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, o los que habitan en San Antonio de Lomerío, situada a 500 m.s.n.m.
Después de un año y nueve meses de trabajo, los comunarios del Ayllu Originario Kalla Centro recibieron 92 títulos de propiedad de parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) el pasado 14 de marzo. De esa manera consiguieron satisfactoriamente su anhelo de actualizar el derecho propietario sobre sus predios en un relativo corto tiempo, frente al promedio común que oscila entre dos o incluso tres años de trámite.
El éxito marca el final de un proceso en el que una treintena de comunidades altiplánicas de La Paz iniciaron la implementación de la gestión comunal de los derechos de propiedad, proceso que incluyó el saneamiento interno.
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