Editorial

Autonomía indígena en Bolivia

En los últimos diez años,  Bolivia  discute ampliamente el problema de la exclusión y marginación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas cuya existencia es previa a la colonia española. Esta discusión fue tema central en la Asamblea Constituyente (2006-2007). La Constitución incorporó varias respuestas a esta problemática, una de ellas fue la que abrió el camino para la adopción de un modelo de organización estatal con autonomías y la fundación de un Estado Plurinacional.

La autonomía indígena se proyectaba como un componente clave que llevaría a la práctica lo que estaba en el papel, por ejemplo, la democracia comunitaria, los gobiernos subnacionales fundados sobre normas y procedimientos propios de los indígenas y la justicia indígena originaria o derechos colectivos de los pueblos, entre otros. Es decir, la autonomía indígena planteaba el reto de que sí era posible la formación de gobiernos indígenas alternativos al liberalismo.

Once municipios rurales tomaron el desafío de convertir las palabras en hechos. La mayoría de sus pobladores expresaron su voluntad de embarcarse en este rumbo tras participar en el referéndum de adopción de autonomías indígensa en 2009. Desde entonces conformaron sus asambleas autonómicas y elaboraron varias versiones de estatutos para regir la autonomía indígena. Cinco de ellos entregaron las versiones finales de sus estatutos al Tribunal Constitucional, aunque de forma extraoficial. Pero después de esta primera etapa de preparación ninguno pasó a la siguiente fase de elección de sus autoridades de acuerdo con las nuevas reglas de juego, a pesar de que la Ley Marco de Autonomías establecía el 3 de junio de 2012 como plazo máximo para este nombramiento.

Los esfuerzos de estos pioneros y sus dificultades, lamentablemente, no han recibido la atención y el apoyo que merecen. Aunque el gobierno central, mediante el Ministerio de Autonomía presta asistencia técnica y jurídica, la autonomía indígena no es una política de Estado. La buena voluntad de algunas autoridades gubernamentales se desvanece cuando el propio gobierno nacional contraviene la Constitución, atenta contra los derechos indígenas y en definitiva no tiene voluntad para ceder y descentralizar el poder político y económico, sino todo lo contrario.

Por otro lado, también es cierto que los propios actores, durante las discusiones para elaborar los estatutos encontraron varias dificultades que ponen en cuestión algunas de las condescendientes creencias de los indigenistas. La democracia comunitaria, por ejemplo, perdió vigencia entre muchas comunidades y es combatida fuertemente por los propios indígenas adscritos al sistema de partidos políticos y al MAS.

Otro lío proviene del hecho de que las autoridades del sistema municipal vigente, no quieren dar paso a nuevas elecciones y buscan mantenerse en el poder municipal y, para ello, por supuesto, obstaculizan el avance de la autonomía indígena. Dado que las actuales autoridades municipales son del MAS, en los once municipios, se esperaría que los líderes nacionales del partido intervengan a favor de la efectivización de la Constitución, pero esto no ocurre y ni siquiera es motivo de discusiones o análisis. Al contrario, en las últimas elecciones municipales de 2010, tanto candidatos a las alcaldías, concejales y el propio presidente Morales advirtieron a los electores de que si no votaban por el MAS, el municipio no recibiría recursos del gobierno nacional.

En otras palabras, para que la autonomía indígena se haga realidad necesita convertirse en política de Estado, con señales legislativas y políticas fuertes. Su pertinencia y viabilidad no está en duda ya que, finalmente, se trata de innovar el funcionamiento de los gobiernos municipales o locales que fácilmente reciben y ejecutan más del 30% de los recursos públicos del país. Especialmente en territorios de mayoría indígena, muchos de los gobiernos municipales son un dolor de cabeza para las comunidades. En esos sectores siguen vigentes prácticas deplorables que casi ya son instituciones con vida propia. Entre ellas la marginación y la violencia contra los derechos políticos de las mujeres, la toma y conservación del poder municipal por pequeñas élites locales, el prebendalismo y la corrupción, por citar algunos.

Sub editorial:

- De municipio a autonomía indígenas

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