Entrevista
“Entendemos que el proceso autonómico es lento”
Claudia Peña Claros nació en Santa Cruz de la Sierra en 1970. Es comunicadora social, narradora y poeta. Fue viceministra de Autonomํías Municipales y desde junio de 2011 es ministra de Autonomías. Tiene un Diplomado Europeo en Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y otro en Metodologías de Investigación Social, además de ser Magister en Desarrollo Sustentable.
La Ministra de Autonomía realiza un análisis de la situación del proceso autonómico indígena, destacando que las autonomías de mayor avance son los 11 municipios en camino a las AIOC. Expone las dificultades que han atravesado durante este proceso; la oposición de los municipios, la falta de fondos, además de las limitaciones de la Ley Marco de Autonomías que no se prevé cambiar en un futuro cercano.
¿Cómo se está desarrollando el proceso autonómico en líneas generales?
Mucha gente piensa que el proceso autonómico se mide por cuántos estatutos y cartas orgánicas existen; nosotros pensamos que no es un criterio suficiente. Queremos decir que no es una competición, que no hay fecha tope para estatutos y cartas orgánicas. A nosotros nos interesa mucho el proceso de elaboración, finalización, consenso y puesta en vigencia de esas normas básicas. Entendemos que el proceso autonómico es lento, que no es un proceso que vaya a finalizar en una fecha definida, más bien es un proceso en continua construcción. La autonomía que está mostrando más resultados es la Autonomía Indígena Originario Campesina, porque 5 de los 11 municipios que postulan a esta forma de gobierno ya tienen estatutos autonómicos aprobados en grande y detalle. Eso no quiere decir que el debate se haya agotado en su interior, el debate sigue y a veces es complejo, pero ya tienen un texto que se puede enviar al Tribunal Constitucional.
¿Se ha pensado en la posibilidad de destinar fondos públicos para los órganos deliberativos de las AIOC?
Lo pertinente es que asuman la responsabilidad económica los gobiernos municipales, nos parece muy difícil que el gobierno nacional pueda sustentar tantos procesos. Ahora tenemos 11 y aproximadamente 800 estatuyentes, más aún si este trabajo no tiene un término definido. Lamentablemente no hemos encontrado el modo de obligarlos a asumir esa responsabilidad dentro del marco autonómico, es difícil que podamos emitir una ley para esto, pero todavía estamos estudiando las posibilidades.
¿Cuál es su opinión acerca del apoyo de las instituciones?
Ha sido muy importante la intervención de ciertas instituciones, no de todas las instituciones que conformaron la Plataforma, en ese sentido como Ministerio de Autonomías y con la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originarias Campesinas (CONAIOC), hemos estado buscando un nuevo encuentro con la Plataforma para redefinir el convenio y los compromisos. A nosotros nos interesa que se cumpla y se ejecute el convenio. Algunas instituciones, como Fundación TIERRA y CIPCA, no han dejado de apoyar estos procesos.
¿Qué va a pasar si algún municipio pierde en el referéndum del estatuto indígena?
Ahí podemos apoyar con campañas de comunicación y de información sobre los contenidos de los estatutos. La oposición a los estatutos puede venir por desconocimiento y también por los intereses de autoridades municipales de mantenerse en el poder. Hay que poner en la mesa esos intereses restringidos y cortoplacistas que están bloqueando una iniciativa con un peso histórico gigantesco. Nosotros no podemos incidir en los resultados de un referéndum, pero por más que el resultado del referéndum sea negativo, la decisión anterior de conformar una AIOC no se invalida. Entonces tendrán que reformular sus estatutos.
¿Cuáles son las previsiones para ir consolidando estas AIOC en términos de gestión administrativa?
Estamos abriendo esa posibilidad como algo muy cercano, es necesario hacer alianzas con otros ministerios e instituciones públicas. Nosotros estamos muy interesados en la nueva ley de Gestión Pública, porque consideramos que esa ley debe ser lo suficientemente flexible para permitir que las AIOC expresen su gobierno propio a través de ciertos mecanismos administrativos, no podemos pensar en una ley tan rígida como una ley SAFCO. Ya estamos explorando las alianzas y estamos trabajando con la CONAIOC este tema de la transición, cómo deben entregar el poder los gobiernos municipales y cómo deben asumir los nuevos gobiernos indígenas.
¿Existen dificultades de tipo económico y con actores no indígenas?
Otra dificultad es el tema económico de los asambleístas o estatuyentes indígenas porque, como en ninguna otra autonomía, no reciben ninguna dieta para mantener procesos tan dilatados de construcción de los estatutos. Además, donde hay cooperativistas mineros siempre se establece una discusión fuerte respecto a la AIOC, también donde hay grandes propietarios de tierra o ganaderos. Está el tema de la representatividad, buscar los consensos de conformación de la Asamblea Estatuyente para que todos los sectores se sientan debidamente representados tanto territorial, funcional, generacional y genéricamente se tienen que construir unos equilibrios difíciles. Hay sectores que buscan su representatividad desde una óptica moderna-liberal y luego está la lógica de los pueblos indígenas que ejercen un tipo de representatividad diferente a la mirada liberal. Hay que equilibrar estas dos miradas.
La CIDOB pretendía unir propiedad de territorio con jurisdicción administrativa, no se va a lograr ni con los distritos municipales indígenas, ¿Qué solución se plantea?
Es un mandato, donde hay minorías los municipios deben acceder a la conformación de los distritos municipales indígenas, claro que lo pueden enfocar de una forma distinta en la carta orgánica, porque lo que dice la Ley Marco es supletorio a la carta orgánica. Ahora pienso que estamos en un proceso de transición, que los estatutos indígenas que vemos ahora son como un borrador, históricamente hablando, de lo que va a haber de aquí a 10-15 años (…) me parece que toda la sociedad boliviana estamos en una época de transición, de prueba y error, estamos discutiendo la aplicación de la nueva Constitución. Yo creo que los procesos de AIOC en la medida en que los gobiernos indígenas demuestren sus capacidades de ejercer gobierno, y a través de ese ejercicio de gobierno mejorar las condiciones de vida de su población no sólo económica sino espiritual y sus relaciones internas, este proceso se va a ir perfeccionando y potenciando hacia el futuro. Me parece que debemos tener paciencia. Yo sé que para muchas organizaciones indígenas lo que hay en la LMAD es insuficiente, o es muy dificultoso, pero me parece que gran parte del proceso pasa por posibilitar una gestión adecuada a partir de los nuevos gobiernos indígenas.
¿Con las dificultades generadas en esta conversión, cree que existirán más procesos de conversión a la AIOC por la vía municipal?
Nosotros sabemos que en el municipio de Gutiérrez (Santa Cruz, provincia Cordillera) están en proceso de consenso político para constituir una AIOC. Estamos trabajando con la APG muy de cerca, ellos quieren que agilicemos las gestiones para que se cuenten con todos los instrumentos normativos necesarios para construir AIOC a partir de Territorio Indígena Originario Campesino TIOC o municipios. En ese sentido hemos trabajado de cerca con el Servicio Intercultural de Fortalecimiento de la Democracia (SIFDE), para que el órgano electoral emita la normativa para hacer seguimiento y verificación de los procesos democráticos para instalar una asamblea estatuyente de una AIOC. Estamos trabajando en dos reglamentos muy importantes: ancestralidad territorial y viabilidad gubernativa a través de TIOC. Por otro lado también se necesita que los gobiernos municipales elaboren una normativa específica para posibilitar y ejecutar los procesos de consulta y de referéndum cuando los estatutos ya estén elaborados. El municipio tiene que pagar esos referéndum.
¿Con los dos reglamentos aprobados se entiende como una convocatoria abierta a los TIOC y los municipios que quieran acceder a las AIOC?
Va a ser un signo muy fuerte de apoyo a los procesos, y ha sido una voluntad política que fue puesta en duda; la voluntad política del Estado para desatar estos procesos. Publicar y emitir esos reglamentos va a ser una muestra que muchos pueblos indígenas están esperando del gobierno nacional.
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