Autonomías
Diversos obstáculos impiden el avance de las AIOC en Bolivia
Pedro Vargas sustenta a su familia con los escasos recursos que obtiene tras vender los productos que cosecha de sus pequeñas parcelas de tierra y de la crianza de ganado ovino y vacuno. Desde hace varios años intercala estas actividades con la vida política. Diez años atrás fue concejal municipal en Jesús de Machaca, cuando este pueblo aún era parte del municipio de Viacha. Después de esa experiencia y, en el último tiempo, la ex autoridad municipal ha consolidado su apoyo al sistema de autonomías indígenas. La “autonomía indígena es para autogobernarnos sin siglas políticas; el partido político es como un forastero, un extraño que no vive en la comunidad”, sentenció cuando trabajó en la redacción de los estatutos autonómicos, desde su puesto en el Consejo Autonómico de su localidad, cargo que aún conserva.
En 2009, a las pocas semanas de estrenada la Constitución Política del Estado (CPE), Vargas y millones de bolivianos consideraron que el Estado Plurinacional se haría realidad con la aplicación de diversas medidas, entre ellas, la puesta en marcha de las autonomías indígenas. Por eso, la fecha elegida para el lanzamiento de éstas coincidió con el 2 de agosto de ese año, fecha histórica para la Reforma Agraria de 1953. Más de 20 mil indígenas, tanto de tierras bajas como de tierras altas, se concentraron en Camiri (Santa Cruz) para participar de un acto público en el que el Presidente Evo Morales firmó decretos para acelerar el proceso autonómico. Por supuesto, Pedro Vargas estuvo presente en esa localidad, había viajado cerca de 24 horas en bus, desde el altiplano paceño hasta el chaco cruceño, para asistir a la cita.
La legislación aprobada en ese entonces señala que se puede acceder a la autonomía indígena por tres caminos: mediante la conversión del gobierno municipal, la adopción de la autonomía en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y la conversión de una región, es decir sobre la base de varios municipios o TCO. Pero tras el referéndum del 6 de diciembre de 2009, la autonomía indígena sólo arrancó por la vía municipal.
En 2009, 19 municipios buscaron habilitarse como candidatos al autogobierno indígena, pero sólo 12 cumplieron satisfactoriamente los requisitos establecidos en el Decreto Supremo Nº 231, del 2 de agosto de 2009. Tras el referéndum de diciembre, los pobladores de 11 municipios (excepto Curahuara de Carangas) aceptaron mayoritariamente comenzar el proceso de la autonomía indígena y la redacción de sus respectivos estatutos.
Desde entonces y hasta mediados de 2012, los 11 municipios no han podido concretar sus aspiraciones. Hasta el cierre de esta edición, sólo cinco de éstos (Totora, Chipaya, Pampa Aullagas, Mojocoya y Charagua) redactaron sus estatutos y los entregaron, simbólicamente, al Tribunal Constitucional Plurinacional.
A mediados de 2010, el gobierno promulgó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. La norma provocó la molestia de los indígenas de tierras bajas que viven en las TCO, porque los requisitos de esa norma -como la exigencia de la continuidad territorial, la densidad poblacional y el rediseño de límites municipales- prácticamente les anulaban las posibilidades para acceder a la autonomía.
En respuesta, los indígenas afiliados a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) organizaron la séptima marcha indígena. Entre el 21 de junio y el 27 de julio de 2010 partieron de Trinidad y llegaron a la localidad de Guarayos (Santa Cruz). En ese municipio negociaron con las autoridades nacionales. En ese momento, el gobierno accedió al pedido indígena e hizo más blando el requisito poblacional para las TCO. En un principio, la propuesta establecía que los territorios, para postular a la autonomía, debían cobijar a 3.000 habitantes y tras el convenio el tope bajó a 1.000 pobladores.
Sin embargo, la marcha no logró modificar otros requisitos. Por ejemplo la continuidad territorial de la TCO, cuando en los hechos el 58% de éstas son discontinuas. Hasta el momento, no existen TCO que hayan iniciado la adopción de la autonomía indígena.
Los desacuerdos
Desde 2009, cuando arrancó el proceso de la autonomía indígena, los desacuerdos lo acompañaron. Uno de los debates protagonizados por los representantes del gobierno del MAS y los municipios postulantes surgió porque no lograron ponerse de acuerdo sobre el futuro de los autogobiernos. Mientras unos buscaban eliminar el sistema de partidos, otros abogaban porque éste continúe dentro de las estructuras de representación en las autonomías indígenas.
Finalmente, el gobierno decidió mantener el régimen de la democracia representativa o liberal en estos municipios e instruyó que la elección de autoridades locales, en abril de 2010, fuera igual a la del resto de municipios del país. En ese momento, el MAS convocó a todos sus militantes a tomar el poder local en la mayor cantidad de alcaldías. En los 11 municipios en proceso de conversión el MAS postuló a sus candidatos, aunque éstos no simpatizaran con la causa autonómica.
Esta decisión fue cuestionada por los consejeros originarios como Pedro Vargas, quienes pidieron que el MAS no participe en las elecciones o, en su defecto, lo haga con candidatos propuestos en las reuniones comunales, asambleas y cabildos de los 11 municipios.
Otra dubitación del gobierno quedó en evidencia el 3 de junio de 2012, cuando no pudo hacer cumplir el mandato de la Ley de Autonomías. La disposición transitoria décimo cuarta de la norma fija un plazo máximo para consolidar la autonomía indígena en los 11 municipios. No obstante, las autoridades elegidas de forma transitoria hasta mayo de 2012, han obstaculizado el proceso con la intención de ampliar su mandato hasta el año 2015.
Otro escollo que detiene y pone en duda la adopción de la autonomía indígena, es la pugna entre los propios indígenas. En la mayoría de los 11 municipios hay dos bandos: los representantes de uno de ellos creen que tienen más oportunidades de ser futuras autoridades mediante el sistema de partidos políticos y no apuestan por las elecciones basadas en usos y costumbres propios de la democracia comunitaria.
Para esta pugna el factor gravitante es la fuerza con que emergió el Movimiento al Socialismo en el sector rural. La mayoría de los habitantes de esta área se siente identificada con el presidente Evo Morales empero, en los hechos, sólo existe un partido político.
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