Autonomías
La democracia comunitaria marcará la diferencia en las autonomías indígenas
La democracia comunitaria reconocida por la CPE expresa la forma de participación política de las comunidades y organizaciones de los pueblos indígena originario campesinos, en temas como el control social, la planificación participativa y la gobernabilidad.
Los municipios encaminados a convertirse en autonomías indígenas tendrán que discutir la incorporación de sus experiencias sobre el ejercicio de la democracia comunitaria.
La democracia comunitaria está reconocida por la Constitución Política del Estado (art. 11, I) en el mismo rango que la democracia representativa y participativa. En otras palabras, la Constitución Política del Estado promueve una democracia intercultural que tiene el propósito de alcanzar la inclusión social y política para los pueblos indígenas originario campesinos. En este marco, un reconocimiento jurídico de importancia es el derecho a la autonomía, es decir, al autogobierno para las Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC).
Según el nuevo marco jurídico, la democracia comunitaria tiene un papel importante para llevar a la práctica la propuesta de autonomía indígena. Está reconocida como la principal característica propia de los pueblos indígenas para mejorar significativamente el proceso de conversión autonómico, desde los actuales municipios que están basados en la democracia representativa a la autonomía indígena.
La idea de incorporar la democracia comunitaria en el ordenamiento jurídico nació en la Asamblea Constituyente ante la demanda de las organizaciones tanto de CONAMAQ como de la CSUTCB. Las organizaciones señalaron que sus prácticas comunitarias estaban vigentes a nivel de las comunidades y organizaciones de los pueblos indígena originario campesinos, a pesar de que el sistema de partidos políticos también estaba presente en el sistema municipal.
Según experiencias recogidas en los municipios de la provincia Ingavi (La Paz), se evidenció que dentro de los municipios con mayoría indígena, las comunidades traspasaron los planteamientos de la Ley de Participación Popular (LPP).
Lograron contribuir a incorporar algunas prácticas de la democracia comunitaria a la gestión pública municipal. Las autoridades originarias argumentaron que aprovecharon los resquicios del marco jurídico para aumentar su participación en el control social, la planificación participativa y la gobernabilidad. Por eso hoy, aunque muchos indígenas reniegan de las deficiencias municipales, tampoco rechazan los logros de la LPP.
Un trabajo reciente de la Fundación TIERRA, señala que algunas expresiones de las prácticas comunitarias tales como el sistema de cargos rotativos o las asambleas o cabildos donde deliberan y toman decisiones los pobladores, no sólo están vigentes, sino que ayudaron a transformar el control social y la planificación participativa. En muchos casos se logró mejorar lo diseñado en la normativa legal municipal.
En el municipio de Guaqui (La Paz), la democracia comunitaria sirvió para agilizar la incorporación de los proyectos comunales en los planes operativos anuales (POA). El control comunal también sirvió para disminuir la cooptación de los comités de vigilancia por parte de las autoridades municipales, señala el citado documento.
A su vez, el cabildo de Guaqui, inicialmente conformado sólo por comunidades, incluyó en sus instancias deliberativas a otro tipo de organizaciones, por ejemplo, a los vecinos del pueblo con derecho a voz y voto. En este tipo de municipios, la democracia comunitaria juega un rol de contrapeso a la institucionalidad municipal.
Dentro de las organizaciones indígenas la democracia comunitaria, aunque tiene potencial para transformar la gestión pública municipal e indígena, también tiene sus detractores. Quienes no aceptan la democracia comunitaria son indígenas cercanos a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas o militantes del propio MAS que prefieren mantener vigente la vía partidaria.
| La discusión está instalada |
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Carlos Bazán, presidente de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesino (CONAIOC), señala que la democracia comunitaria es debatida en las sesiones de elaboración de los estatutos autonómicos. Los principales avances se evidencian en Totora, Chipaya, Pampa Aullagas y Charazani. Señala que la ley tiene que cambiar y reformarse con el propósito de generar nuevos espacios de administración, decisión y gestión pública. El objetivo mayor, afirma, es generar mayor bienestar y mejores condiciones de vida para las familias que habitan territorios poblados por indígenas originario campesinos. Las deliberaciones se están produciendo en los 11 municipios que están en conversión a la AIOC. Las acaloradas discusiones entre los deliberantes indican que no será una tarea fácil. |
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